Este informe se presenta de conformidad con el artículo V (4) del acuerdo suscrito entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Gobierno de Honduras el 4 de mayo de 2015. El informe se basa en información recopilada y analizada por OACNUDH, así como en información facilitada por las autoridades estatales. También incluye información proporcionada por la sociedad civil y las víctimas, señala el documento.

La vigencia de los Decretos Ejecutivos que regularon el estado de emergencia dispuesto por el Gobierno a raíz de la pandemia fue extendida y aprobada periódicamente por el Congreso Nacional hasta el 1 de octubre. Las medidas implementadas incluyeron un toque de queda durante el cual se reportaron 9.107 detenciones administrativas de enero a octubre de 20217, muchas de las cuales no cumplieron con los requisitos legales y fueron incompatibles con estándares de derechos humanos, agrega el informe.

Delito de usurpación en nuevo código penal

El 7 de octubre, en un trámite legislativo expeditivo, sin discusión ni consulta con diversos sectores de la sociedad, se aprobó el Decreto 93-2021 mediante el cual se reformó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Al extender la aplicación del delito de usurpación a las manifestaciones en espacios públicos y agravar su sanción, la reforma restringe desproporcionadamente el espacio cívico, agudiza el fenómeno de criminalización de la protesta social y dificulta la defensa de los de derechos humanos. La reforma también establece requisitos probatorios adicionales para el delito de lavado de activos y obstáculos para el acceso a la información financiera, afectando las capacidades del Ministerio Público en la investigación de la corrupción.

Durante el periodo del informe no hubo avances significativos en las investigaciones con relación a las alegaciones de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado de 2009 y en el contexto poselectoral de 201715. La Oficina observa con preocupación que los procesados en dos de los casos por muertes violentas ocurridas durante las manifestaciones de 2017, la de un niño en Agua Blanca Sur, Yoro, y la de un hombre en Villanueva, Cortés, han sido sobreseídos.

OACNUDH observó que no existe un ambiente propicio y seguro para la participación ciudadana, especialmente en el ámbito medioambiental, afectando negativamente el ejercicio de los derechos a participar en la dirección de los asuntos públicos, de reunión pacífica, a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de asociación26. El marco normativo, las políticas públicas y varias prácticas institucionales continuaron restringiendo el espacio cívico. Las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia del COVID-19 han exacerbado esta situación, ya que varios espacios de participación fueron suspendidos o  significativamente debilitados.

Presentación del informe por Isabel Albaladejo:

Cumpliremos dice la  Ministra de la SEDH al recibir el informe

“Nuestro gobierno acepta sin protesta el informe y se compromete a trabajar permanentemente sobre las recomendaciones, esta secretaría no será un espacio para justificar las violaciones a los derechos ni para justificar al Estado de Honduras ante los exámenes periódicos internacionales…”

  Recomendaciones de la OACNUDH:

1.-La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso de apoyar a Honduras en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos para todas las personas. OACNUDH insta a las autoridades a implementar las recomendaciones de sus informes anteriores. En particular, la Alta Comisionada exhorta a las autoridades estatales a: a. Diseñar e implementar una política criminal con enfoque de derechos humanos, que defina prioridades de investigación respondiendo a las causas estructurales de la criminalidad, que aborde el uso excesivo de la prisión preventiva y fortalezca las capacidades de los operadores de justicia;

2.-Fortalecer la independencia del Poder Judicial y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia mediante legislación, políticas y prácticas adecuadas que garanticen procesos de selección transparentes, participativos y basados en méritos de los funcionarios judiciales;

3.-Diseñar e implementar una política de seguridad ciudadana que contemple, entre otros, un plan de desmilitarización progresiva de las funciones de seguridad pública y administración penitenciaria4.-

4.-Adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas, afrohondureños, periodistas y personas defensoras de derechos humanos;

5.-Conducir investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas, efectivas y transparentes; y sancionar adecuadamente a los responsables de los hechos de violencia en el contexto de las elecciones de 28 de noviembre de 2021 y adoptar medidas para evitar su repetición;

6.-Implementar una política pública anticorrupción con un enfoque de derechos humanos, que incluya la reforma del marco normativo e institucional en la materia, y que permita a las autoridades competentes responder eficazmente a la complejidad de los casos;

7.-Abordar los problemas estructurales del sistema penitenciario con un enfoque diferenciado, tomando en debida consideración las resoluciones judiciales y recomendaciones de otras autoridades y mecanismos de derechos humanos

8.-Adecuar la legislación nacional a las normas y estándares internacionales de derechos humanos para promover y proteger el espacio cívico y asegurar que las prácticas no restrinjan el espacio cívico. En particular, tomar las medidas necesarias para asegurar que la legislación no sea utilizada indebidamente para criminalizar las legítimas actividades de las personas defensoras de derechos humanos;

9.-Elaborar e implementar un plan de fortalecimiento que asegure que el Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia cuente con capacidades efectivas para proteger a las personas beneficiarias;

10.-Adoptar medidas, incluyendo la elaboración y ejecución de políticas públicas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, con especial atención en 31 32 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras | 2021 las personas en situación de vulnerabilidad, y en particular para para contrarrestar el incremento de la pobreza, inseguridad alimentaria y precariedad laboral;

11.-Establecer mecanismos para prevenir y resolver disputas sobre el uso, posesión, tenencia, demarcación y titulación de las tierras y territorios, garantizando la seguridad jurídica y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas;

12.-Revisar la compatibilidad del marco legal de las ZEDE con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Honduras;

13.-Adoptar un marco normativo y prácticas institucionales que aseguren que los proyectos empresariales se desarrollen en pleno respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas y contribuyan al desarrollo equitativo, incluyente y sostenible;

14.-Adoptar medidas urgentes para proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género, la discriminación y los estereotipos de género; prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género, y reparar integralmente a las víctimas;

15.-Adoptar un marco jurídico y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTI a vivir libres de violencia y de toda forma de discriminación, incluidas modificaciones legislativas con relación a identidad de género y matrimonio y uniones de hecho;

16.-Tomar medidas inmediatas para fortalecer las capacidades de las instituciones y autoridades competentes para atender adecuadamente las necesidades humanitarias de las personas migrantes y desplazadas forzosamente

17.-Adherirse e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Vea el informe completo Aquí