Edgar Enrique Burgos, gerente general y financiero del RAP, explicó que el análisis aborda en especial lo relacionado con la captación y devolución de los aportes obreros patronales, cuyo  monto total no precisó.

El funcionario insistió que el RAP hace al análisis en vista de los fondos que corresponden a pensión y cesantía, a partir de la fecha de la sentencia que a principios de este mes anunció la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

No precisó cuándo socializarán el resultado del análisis y las acciones que tomará el RAP, sólo respondió que será “oportunamente” y que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) da seguimiento al proceso.

Hace falta que el Congreso Nacional envíe a publicación la inconstitucionalidad del referido decreto, y con esto se generará la derogatoria de la Ley Marco de Protección Social.

En noviembre de 2019 el Colegio Médico de Honduras (CMH) interpuso el recurso de inconstitucionalidad ante la CSJ por considerar que la reforma al artículo 57 del Decreto Legislativo 106-2018, relativo a la Ley Marco del Sistema de Protección Social, violentaba garantías de los trabajadores.

En esa oportunidad, la presidente del CMH, Suyapa Figueroa, ahora diputada, sostuvo que esa normativa era una aberración jurídica, lesiva a los derechos humanos e inviable en términos económicos, jurídicos y humanos.

La normativa que fue aprobada en 2015, sin el consenso de los trabajadores, tenía como pilares las afps, salud, Seguro Social y accidentes profesionales.

Sus promotores liderados por el entonces gobernante Juan Orlando Hernández y el diputado presidente Mauricio Oliva, alegaron que el objetivo era elevar la previsión social a más del cinco por ciento de la población asegurada.

Sin embargo, empresarios y trabajadores cuestionaron el artículo 57 de la referida ley porque permitiía a terceros acceder a los aportes económicos de patronos y empleados. Incluso, el CMH argumentó que se estaba privatizando la salud.

En la primera semana de abril de este año la CSJ falló a favor del CMH determinando la inconstitucionalidad de todo el decreto legislativo 056-2015.

Los trabajadores avalaron la decisión judicial pero lamentaron que los magistrados declararan la inconstitucionalidad total y no parcial del decreto porque la generalidad pone en riesgo el pasivo laboral que en el RAP capitalizaban trabajadores y empresarios.

Además de crear incertidumbre sobre esos fondos, se pone en peligro que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) brinde atención médica los hijos menores de 18 años.

Los afectados con la medida son miles de trabajadores y la empresa privada anunció que después de Semana Santa se pronunciará al respecto.

Mientras el CMH se mostró satisfecho con la decisión de la Sala de lo Constitucional porque considera que la Ley Marco de Protección Social violenta el derecho a la salud, a la previsión social, a la vida, tutelados por la Constitución y tratados internacionales.

Además la organización de médicos señaló que delegaba la potestad de la prestación social de derechos que son potestad del Estado de Honduras a través de instituciones privadas y daba al sistema financiero hondureño en fideicomisos para administrar recursos de la previsión social.

Vea el video donde el CMH da a conocer un pronunciamiento sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional: