Las ZEDE fueron aprobadas en 2013 con el argumento de aumentar la inversión en Honduras, pero distintos sectores de sociedad civil se opusieron por considerar que violentaban la Soberanía Nacional. El Decreto 120-2013 estableció la Ley Orgánica que aunque señala que son parte del Estado de Honduras y sujetas a la Constitución de la República, en el artículo 3 señala que "contarán con tribunales autónomos e independientes y con competencia exclusiva en las mismas...", entre varias de las violaciones a la carta magna.

Este mes el actual Congreso Nacional (CN) aprobó la derogatoria vía reforma constitucional de aprobación y ratificación, así como lo relacionado con la Ley Orgánica.

El profesional del Derecho y docente universitario, Miguel Villeda Villela, comentó en la red social Twitter:  “hay dos temas en orden jerárquico: primero las reformas constitucionales que crean y ratifican las ZEDE en la Constitución de la República y, dos, la Ley Orgánica de las mismas”.

El Artículo 2 establece “todas aquellas normas jurídicas que se deriven de esta reforma constitucional derogada en el artículo anterior, como ser Ley Orgánica, leyes , reglamentos, resoluciones,  así como cualquier disposición, actos, contratos, concesiones y cualquier otra normativa relacionada en favor de las ZEDE, carecen de validez jurídica”.

Y el Artículo 3 agrega “el presente Decreto debe ser ratificado constitucionalmente por este Congreso Nacional en la subsiguiente legislatura”.

Lo que procedía, para que la derogatoria ocurriera inmediatamente a la publicación en La Gaceta, era separar la Ley que crea las ZEDE de la relacionada con la reforma constitucional.

No se pueden expandir

Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, dijo que las ZEDE dejarán de existir pero después de la ratificación prevista para el 21 de abril de 2023, con una mayoría calificada de 86 votos o más.

Al respecto, el diputado presidente Luis Redondo explicó que ya no pueden crearse nuevas empresas amparadas en las ZEDE y que el futuro de las existentes será decidido por el Poder Ejecutivo.

Esas empresas, continuó, fueron creadas por nulidad de origen constitucional, careciendo de validez jurídica, por lo que han estado trabajando ilegalmente desde su inicio.

En rueda de prensa dijo que las también conocidas como “ciudades modelo” son empresas ilícitas, por lo tanto, con la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE no tienen derechos, atribuciones, potestades y no se pueden expandir.

“Lo que debe de entender la ciudadanía es que estás personas –ZEDE- no son empresarios, son delincuentes (…), ningún empleo o inversión ilegal, vale el territorio, ni la forma de gobierno, ni la soberanía de Honduras”, manifestó.

También consideró que no es cierto que con la derogatoria se genera inseguridad jurídica, tampoco es cierto que se debe respetar la seguridad jurídica de los inversionistas de las “ciudades privadas”.

Redondo expresó “las ZEDE han sido derogadas por unanimidad de votos, ya no tienen ni ley que les proteja su ilegalidad, siempre han sido inconstitucionales”.

ZEDE deben negociar con el Estado

El congresista Ramón Barrios expresó “se declaró inconstitucional la ley que le da vida a las ZEDE y todas las leyes secundarias, tal como las concesiones que dio el gobierno a Próspera, es por eso por lo que una vez aprobados y publicados en el Diario Oficial La Gaceta se declaran inconstitucionales”.

Barrios reveló que el decreto autoriza al Procurador General de la República, José Manuel Díaz, para que comience los asuntos legales para declarar inconstitucionales las concesiones.

A su criterio, las empresas que ya invirtieron en el país deben negociar su estadía con el Estado de Honduras bajo otro formato y modalidad, pero no bajo el régimen de las ZEDE que son inconstitucionales.

“La Procuraduría debe iniciar trámites para la extinción de las concesiones que dio el gobierno de Juan Orlando Hernández y prepararse para cualquier demanda bajo la Constitución en cualquier juzgado y tribunal internacional, porque ya hay jurisprudencia donde los contratos que violenten las constituciones son declarados ilegítimas también”, apuntó Barrios.

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