Esta sentencia es producto de una demanda interpuesta por el director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural de Honduras –FUNDEVI– en contra de Gladys Lanza, después de que ella y su organización, brindaran acompañamiento a una mujer que denunció haber sufrido acoso laboral y sexual por parte de aquél.

Esta condena representa un obstáculo más que añadir a los que ya ha tenido que sortear Gladys Lanza en su labor de defensa de los derechos humanos en Honduras. En el 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor de la defensora, ocasión en la que recordó a los Estados evitar acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.[1] Dichas medidas fueron reiteradas por la Corte en Junio de 2012.[2]

La defensa legal de Gladys Lanza presenta hoy, 29 de abril, un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la anulación de la sentencia. El respeto a los derechos y libertades de las defensoras y defensores, constituye una piedra angular para el goce de los derechos humanos de la sociedad en su conjunto. Como consecuencia, el Estado hondureño debe garantizar que el proceso penal incoado contra Gladys Lanza no sea utilizado como retaliación por su labor como defensora y debe asegurarle que puede continuar, libre de riesgos e injerencias, con su trabajo por el respeto de los derechos humanos en Honduras.

Exhortamos al Estado hondureño a implementar las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigió a los Estados Americanos para asegurar que sus autoridades o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos en el ejercicio legítimo de su trabajo[3].

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Asociadas por lo Justo

Amnistía Internacional