El derecho a la tierra pende de una decisión de un Tribunal de Sentencia de Tela en el departamento de Atlántida, que se ha mostrado parcializado con instituciones del Estado para despojar a garífunas asentados desde hace décadas en la comunidad de Barra Vieja, para favorecer al proyecto turístico Bahía de Tela.
La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.
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El 12 y 13 de mayo pasado se llevó a cabo la audiencia de debate sobre este tema donde 66 garífunas están acusados de usurpación de su propia tierra, según un proceso judicial iniciado por la Empresa Nacional Portuaria que inició una querella desde el año pasado según consta en el expediente número 2298-2014.
Hasta el edificio donde se han desarrollado las audiencia es un mal presagio y podría ser un mensaje subliminal pues perteneció a las transnacionales bananaeras que despojaron de sus tierras hace décadas a los garífunas obligándoles a arrinconarse a pesar de ser los dueños.
De acuerdo a las fallas de procedimiento judicial que violentan el debido proceso y el acceso a la justicia, los jueces admitieron la denuncia por usurpación a pesar que el Ministerio Público no recibió ninguna denuncia por parte de la Procuraduría General de la República, “hay una falta de acción porque la Procuraduría nunca denunció a los supuestos invasores ni los investigó el Ministerio Público”, dijo José Carlos Velásquez, abogado defensor de la comunidad.
Velásquez agregó que hay de por medio unos 40 millones de lempiras con bancos extranjeros, todos representados por el Banco FICOHSA de Honduras.
El pueblo garífuna está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en todo el juicio lo que ha existido es indefensión y por lo tanto quebrantamiento de la norma, “y no se le está permitiendo a la defensa que haga su trabajo, creo que hay parcialización del tribunal porque desde el principio le hemos presentado pruebas de que los garífunas tienen el derecho de posesión y no hay respuestas”, argumentó el defensor.
Los garífunas no tiene propiedad individual de la tierra sino comunal, de orden colectivo, pero aunque se apeló la decisión del Juzgado de llevar a cabo un desalojo, y después un ampao que fue desestimado, esto no surtió efecto , y el año pasado camiones del ejército y la policía llegaron a desalojarlos.
En la audiencia de mayo se leyó una resolución de Consejo Nacional Agrario del Instituto Nacional Agrario, INA, la cual señala que “el predio no se puede otorgar a ningún particular porque ya es propiedad del proyecto turístico Bahía de Tela , sería un desastre ecológico si se entrega a particulares .
En Consejo Nacional Agrario argumentó que no se está violentando el Convenio 169 de la OIT porque la comunidad no tiene escuelas y otras obras de desarrollo, ni tampoco la comunidad de Barra Vieja tiene denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , “por eso no hay violaciones a los derechos humanos”.
El 13 de mayo el Ministerio Público debió presentar a sus testigos propuestos pero no llegaron , eran agentes de policía que debían ratificar actas de inspecciones oculares pero el fiscal adujo que no pudieron comparecer uno porque estaba de vacaciones y otro porque nunca se le citó, por eso pidió suspensión del Debate , aunque el abogado defensor de los garífunas se opuso a que se pospusiera la audiencia, el Tribunal de Sentencia dio curso a la petición del Ministerio Público dando ventaja a los acusadores .
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Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. Vea detalles de desalojo del año pasado.
Alfredo López, dirigente de OFRANEH criticó el papel del Estado de Honduras que en vez de proceder a la protección de los garífunas violenta sus derechos, eso traerá consecuencias dijo, "Hemos estado 15 años en las cortes internacionales pues aquí no hay justicia, y seguiremos entonces en estas cortes"
Pero se teme que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, sea desalojar a Barra Vieja y de esta forma obviar los derechos que tienen los garífunas para favorecer al gran capital. Sin embargo los y las pobladores de la comunidad ha declarado que solo muertos los sacan de allí.
