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Contexto

Investigar los femicidios no es una prioridad para el Estado de Honduras

Posted On Miércoles, 24 Junio 2015 21:42 Written by Marvin Palacios

Hay falta de voluntad política del actual gobierno para resolver los múltiples casos de femicidios perpetrados en Honduras, es una de las principales conclusiones del foro : “Desafíos en la investigación, persecución y sanción de los casos de muertes violentas y femicidios en Honduras”, organizado por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), este 24 de junio de 2015.

publico femicidio

Al evento fueron invitados operadores de justicia pero cabe resaltar la ausencia del representante de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que apenas unos minutos antes del evento, el fiscal especial José Mario Salgado se disculpó por no asistir y no nombró a otro representante en su lugar.

La subjefa de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), inspectora de policía  Argentina Fuentes , no escondió la realidad que presenta el equipo de investigación y aseveró que “estoy consciente de las falencias que hemos tenido en las investigaciones, no hay colaboración de ningún organismo, ni cursos de capacitación, ni logística”.

 La oficial investigadora criticó la falta de experiencia y la labor superficial que realizan los fiscales de turno en torno a las muertes violentas de mujeres, los cuales no se interesan por encontrar las pesquisas necesarias que ayuden a construir un caso con todas las características que califiquen una muerte como femicidio. 

Respecto de la unidad que coordina, Fuentes dijo que “hay mucho talento humano, pero experiencia muy poca”.

En lo que va del año se han registrado 74 muertes violentas de mujeres, mientras que en el 2014 la cifra fue de 116. Entretanto desde 2008 la policía ha contabilizado 669 muertes violentas , de las cuales apenas 63 casos se han resuelto.

En su participación, el Coordinador de la Agencia Técnica de Investigación (ATI) en San Pedro Sula, José Antonio Palomo expresó que existen una serie de obstáculos que impiden una efectiva investigación en los casos de femicidios.

“Prevalece una cultura del miedo, y los ciudadanos o ciudadanas tienen temor de declarar o brindar testimonios, luego no existe un efectivo programa para proteger  a los virtuales testigos, hay un mal manejo de la investigación y los procedimientos, y hay desconocimiento de los operadores de justicia sobre las características que conforman un femicidio, explicó Palomo.

“Los fiscales como orientadores en la investigación, deberían formarse para que los detectives busquen indicios de que las muertes violentas eran femicidios”, propuso el coordinador en San Pedro Sula de la ATI.

Otro obstáculo citado por el expositor es que Medicina Forense solo tiene presencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que debilita la presentación de pruebas en un juicio, la logística es deficiente, no hay materiales de trabajo, ni vehículos disponibles para ejercer el trabajo.

Por su parte la titular de la Fiscalía Especial de la Mujer, María Mercedes Bustillo dijo sentirse impotente para resolver los problemas que implican la investigación oportuna de los femicidios.

Fiscal María Mercedes Bustillo

Bustillo justificó la inoperancia a la falta de fondos  y señaló que si hubiese presupuesto se contaría con suficiente recurso humano capacitado, porque no basta con la buena voluntad, se necesita de insumos y logística para realizar las investigaciones.

 De esta manera “no podemos investigar la violencia de género, no estamos viendo la violencia de género como un problema que está fragmentado la sociedad y por otro lado no hay sensibilidad en los fiscales sobre el tema del delito de género”, subrayó la Fiscal Especial de la Mujer.

“Hay necesidad de prepararnos en el tema de violencia de género, porque se prioriza un caso de crimen organizado y no un femicidio, luego los cambios que se hacen de fiscales producen que las investigaciones se diluyan”, reveló Bustillo.

La fiscal denunció la apatía en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en la ejecución de capturas e investigaciones, por lo que ha tenido que recurrir a otros grupos como la policía militar. “No hay apoyo de la DNIC por orden de arriba, con todos estos policías existentes, hay que reformular lo que se está haciendo”, dijo.

Finalmente María Fernanda Castro, asistente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apuntó que no se puede decir que desde el poder se esté visibilizando el femicidio.

“Creo que el poder Judicial debe comenzar por la independencia e imparcialidad de la actividad judicial y que no debe removerse a los jueces que han sido formados en perspectiva de género, porque en la actualidad no existe esa inamovilidad y eso representa un gasto de recursos y se requiere de una capacitación seria”, recomendó la funcionaria.

Qué es un fermicidio

Es la forma más extrema de violencia contra las mujeres que consiste en la muerte de ellas en manos de hombres por razones asociadas con su género.

Sanciones penales en Honduras para quién cometa este delito

Asesinatos de mujeres

Comete el delito de femicidio quien intencionalmente dé muerte a una mujer y será sancionado con una pena de privación de libertad de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. Son casos especiales de femicidio y serán sancionados con pena de privación de libertad de cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida, los siguientes:

Cuando se le dé muerte por razón de su género. Se entenderá esta circunstancia cuando se trate de actos de violencia ejercidos por el hombre contra la mujer en su deseo de obtener o mantener poder de dominación o control.

Cuando se encuentre en estado de gestación.

Cuando la víctima sea una persona con discapacidad.

Cuando se le da muerte en la línea de fuego.

Cuando el sujeto activo tenía o tuvo una relación marital o de pareja con la víctima.

Cuando el sujeto activo esté encargado de la guarda y custodia de la víctima y se valga de su condición de autoridad para la ejecución del hecho.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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