La acción se llevó a cabo luego de que se presentara la representante de la secretaría de seguridad Sagrario Prudot junto a personal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público e integrantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) en horas muy tempranas de la mañana.

Prudot, quien es asesora en materia de derechos humanos de la entidad estatal, se presentó al lugar con una propuesta de reubicación de la huelga cosa a la que los integrantes de la huelga rechazaron al sentirlo como una imposición previa a la visita de una misión de inspección de parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) e insistió en no utilizar la palabra desalojo ya que esa no era su misión.

“sáquense de su mente que habrá desalojo, es una reubicación de zona. Esa es la propuesta que nosotros les hacemos. Estamos en un momento de diálogo, de apertura y quiero pedirles que se incluyan en este diálogo, el presidente está convocando al diálogo y les digo que no se queden fuera” afirmó la abogada en defensa de la propuesta que promueve el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Antes de la llegada de esta delegación gubernamental, defensores y defensoras de derechos humanos reportaron numerosos movimientos de los cuerpos armados en las cercanías de la sede del Poder Ejecutivo, detectando así una estrategia de intimidación hacia el sector indignado.

Una presencia mayor a la que habitualmente se encontraba tras la valla, llegadas y salidas de patrullas y de camiones del ejército sumado a iniciar un cordón humano en dirección hacia los manifestantes fueron parte de los hechos desarrollados antes de iniciar la acción represiva.

Mientras la representante del gobierno hablaba con los ciudadanos y ciudadanas en huelga de hambre, miembros de la Policía Preventiva y  Batallón COBRAS retiraron la valla metálica, que ellos habían instalado “por órdenes superiores”, el pasado 22 de junio cuando inició la acción de protesta.

Acto seguido y de manera abrupta intentaron quitar las tiendas de campaña que había acondicionado para los huelguistas y la huelguista.

Gracias a la presencia de algunos medios de comunicación se evitó en alguna medida que la acción se hubiese tornado aún más violenta.

Posteriormente, los huelguistas se trasladaron hacia un tramo de la calle junto a sus pertenencias, dejando paso libre para el tránsito vehicular, pero de inmediato se incorporaron a la jornada de esta mañana, miembas y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Un hecho importante de destacar fue que en horas de la madrugada se presentó a la zona un individuo quien dijo ser miembro de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) con intenciones de informar sobre una intención de desalojo y poder negociar una reubicación. El sujeto no logró identificarse como miembro de FUSINA pero en un documento que portaba estaba el nombre de José Luis Salgado.

Este hombre se acercó hacia quienes hacían vigilia a los huelguistas y al equipo de defensores y defensoras de derechos humanos y mencionó que venía de con una orden superior. En una grabación en poder de pasosdeanimalgrande.com se escucha el dialogo entre Salgado y los ciudadanos que estaba presentes en la zona:

Supuesto miembro de FUSINA: “Esto es importante para usted, ¿está en derechos humanos?, que si quieren desalojar mañana…”

Indignado: “¿Mañana?”

Supuesto miembro FUSINA: “Si, esto nos conviene a todo el mundo”

Indignado: ¿Pero ustedes quieren hablar con los huelguistas primero?

Supuesto Miembro FUSINA: Si

Indignado: ¿Para no reprimir?

Supuesto Miembro FUSINA: “Exactamente… Usted sabe que cuando un maje manda arriba…..”

Luego ingresó del otro lado de la valla a conversar con los policías que estaba en turno a esa hora, salió del lugar a bordo de un vehículo marca Toyota doble cabina 3.0, vidrios polarizados y con número de placa: PCN 5974 con dirección hacia el Boulevard Suyapa, dejando así un aviso que se consumaría en el desarrollo de la mañana.

Otro hecho extraño ocurrido a tempranas horas de este martes fue que la presencia policial por medio de la patrulla PN-301 que está encargada  de medidas cautelares otorgadas a los miembros y a la miembra de la comunidad Tolupán de San Francisco de Locomapa, salió en el mismo momento en el que José Luis Salgado abandonó la zona y hasta el desarrollo de los sucesos, cerca de las seis de la mañana.

Nuestra huelga sigue en pie

German Ayala es uno de los ciudadanos en huelga de hambre que tiene mayor tiempo en el lugar. Con una evidente reducción de peso corporal, su voz un tanto quebrantada pero con su convicción de seguir en el proceso, comentó que si los policías y militares habían colocado la valla, ellos mismos la tenían que retirar.

“Repentinamente vinieron a quitar la cerca, por eso y para evitar problemas, decidimos reubicar nuestras cosas porque no podemos contra la fuerza de estos tipos, estamos en una huelga de hambre pacífica y no queremos complicaciones con ellos” aseguró.

 Ayala recordó que la valla fue instalada para que no se tuviese contacto con los indignados que iniciaron la huelga de hambre y no estar en un solo punto, dejándolos desde su instalación el martes 23 de junio, expuestos a cualquier tipo de agresión por parte de cualquier extraño a la lucha contra la corrupción que él y 12 ciudadanos más han emprendido.

Agregó que “ya comenzamos esta lucha, hemos recibido la solidaridad solo este día de más de 40 compañeros del Bajo Aguán que nos acompañan y nuestra lucha en pro de la instalación de la CICIH y de la renuncia de Juan Orlando no se detendrá”.

Precisamente para garantizar la integridad física y psicológica de los integrantes de la huelga de hambre, organizaciones de derechos humanos han presentado, en un periodo de 15 días,  dos Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual ni siquiera ha realizado el auto de admisión de los mismos, pese a que la ley especifica que la respuesta tiene que hacerse en un término de 24 horas.

El personal que labora para el Poder Judicial entró a partir de este lunes 06 de julio  de vacaciones por 15 días, durante los cuales quedarán engavetadas expedientes que solicitan protección a las garantías constitucionales de algunos ciudadanos y ciudadanas que lo han solicitado