La Jueza Wendy Rivera que conoce la causa usurpó funciones de la Corte de Apelaciones, ella misma resolvió no aceptar su propia recusación, simplemente no debía realizar la audiencia, pero se saltó la Ley, eso ratifica que en Honduras la institucionalidad se le escapó al Estado. Las actuaciones de dicha jueza son nulas, de acuerdo al Código Penal.

El proceso penal fue abierto por el Ministerio Público a petición de la rectora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, como represalias porque el lunes 13 de julio los estudiantes de esa entidad educativa tras reiteradas y fracasadas demandas de diálogo decidieron tomar la medida para ser escuchados.

El accionar se enmarca en la solidaridad a los estudiantes de Odontología de la UNAH-VS a quienes la rectora les canceló el período académico solamente por demandar mejores condiciones físicas. El problema de la UNAH data desde hace  más de dos años, la falta de democratización sobrepasa el diálogo solicitado.

El Ministerio Público fue muy “diligente” en este caso, resolvió con mucha rapidez,  hecho inusual en un ente que tiene un 96 por ciento de impunidad en los casos. Tiene en su poder desde febrero de este año una denuncia por Abuso de Autoridad contra la rectora Castellanos por la expulsión de seis estudiantes presentada por la abogada Kenia Oliva, en representación de la Iniciativa Periodismo y Democracia.

Una Sala que Olía a contubernio y violación al Debido Proceso

La puerta se cerró tras Cesario Padilla, Sergio Ulloa  y sus abogados Edy Tábora y Carlo Jiménez. Adentro esperaban la jueza y la fiscal. La audiencia se inició pasadas las 12 del mediodía, a cargo de Wendy Rivera, jueza número 23 del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán y como parte acusadora la fiscal Iveth Gómez Valdez. A los jóvenes se les acusó de Usurpación contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. "Ahora nuestra universidad es propiedad de la rectora y no del Estado que lo compone la población y dentro de ella estamos nosotros", dijeron ellos.

El abogado Mario Rojas, del equipo defensor de los estudiantes se quedó fuera de la sala y dijo estar sorprendido porque la audiencia no debía haberse celebrado, ella, la juez cuando yo vine a ver el expediente ayer hizo comentarios contra los estudiantes e incluso señaló que ellos tendrían antecedentes penales y no conseguirían trabajo.

La jueza Rivera recibió dos recusaciones por parte de la defensa de los estudiantes. La acción se realizó porque la togada el día 16 de julio cuando Rojas llegó a revisar el expediente no se lo quiso mostrar , pero le manifestó que no estaba de acuerdo con la protesta de los universitarios y que los estudiantes saldrían afectados porque tendrían antecedentes penales y no conseguirían trabajo.

Para tener un antecedente penal hay que tener una condena entonces ella tenía un prejuzgamiento con ésto se viola el derecho de acceso a la justicia y el principio de inocencia porque los jueces ya tienen una decisión, señaló el abogado Edy Tábora, también del cuerpo legal apoyante de los muchachos.

Esas expresiones  fueron un prejuzgamiento y violentaron el Artículo 83, inciso 10 del Código Penal  que expresa que “ARTICULO 83.-Causas de recusación. Los jueces y magistrados y los auxiliares de los órganos jurisdiccionales sólo podrán ser recusados por causa legítima. Son causas legítimas de recusación: ……..10) Haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión sobre la causa..”

La Jueza no siguió el procedimiento legal, la audiencia no debió haberse realizado porque ella tuvo que  haber  turnado la petición a la Corte de Apelaciones y abstenerse de conocer la causa hasta que esa instancia se pronunciase.

Tabora dijo que la Fiscalía está haciendo uso de un excesivo abuso del Derecho Penal en el país  y que  la finalidad es la represión completa,  violando  el derecho a la libertad de expresión a la manifestación pacífica y a la asociación.

La Jueza se tomó atribuciones que no le competían y procedió a no aceptar la recusación, realizó la audiencia por usurpación contra la UNAH y ella usurpó funciones de la Corte de Apelaciones , violentando con ello el Código Penal.

Además de emitir un fallo previamente anunciado desde el día anterior, la Jueza Rivera ordenó un desalojo contra todas las personas que están en la UNAH en la toma de los predios,  aunque no estén acusadas, “dijimos que los dos, Sergio y Cesario,  van a participar en un ayuno y no van a a estar allí en la universidad, por lo tanto es un desalojo arbitrario porque las otras personas no tienen un proceso penal”, denunció el abogado Tábora.

Con este proceso judicial se violentan peticiones legitimas de los estudiantes  como es el derecho a la manifestación pública, a la reunión y  a la libertad de expresión.

Olor a complicidad

Al salir de la audiencia Sergio Ulloa dijo que se sentía impotente  y  que “se pudo percibir la clara intención de la fiscalía de desarticular al movimiento estudiantil que ha despertado, demuestra el autoritarismo el poderío de las autoridades universitarias, la negligencia de acceder al diálogo para buscar una salida a la problemática”

Por su parte Cesario Padilla expresó que por primera vez un periodista no tiene palabras para describir el autoritarismo no solo dentro de la universidad sino en los tribunales de justicia.

Además describió que vio pequeños gestos, “miradas de odio de la Fiscal quien  se ensañó contra nosotros y declaraciones ofensiivas contra los abogados. En estas pequeñas salas hay autoritarismo y se viola el derecho a la defensa de las victimas que están a expensas de este tipo de operadores de justicia”.

A los imputados se les impuso dos medidas sustitutivas a la prisión: presentarse todos los viernes a firmar el libro del Juzgado y no salir del país. Además fueron citados para la Audiencia Inicial que se llevará a cabo el 05 de agosto de este año a las nueve de la mañana.

Carlo Jiménez, integrante del equipo de la defensa de Padilla y Ulloa,  dijo que la audiencia no debía haberse celebrado y quedo evidenciada la parcialidad en la causa. “Ella –la jueza-no debía haberse pronunciado sobre la recusación , el Código Penal señala que de conocer la causa todas las actuaciones son nulas. Hay una crisis del Poder Judicial que en realidad ha sido cooptado por el Poder Ejecutivo”

Este domingo 19 de julio  a las 6:00 a.m. se estará realizando el desalojo en los predios de la UNAH de la capital, pero es casi seguro que será una operación simultánea en los centros regionales que mantienen las tomas. Hace unas horas se anunciaba la suspensión de las tomas en el Comayagua y el Occidente del país.

La rectora Castellanos utilizó la misma estrategia contra los líderes de los diferentes centros regionales que fueron tomados en solidaridad con los estudiantes de Odontología, las denuncias ante el Ministerio Público y la solicitud de órdenes de captura, sumando unos 34 requerimientos fiscales que conllevan el objetivo de amedrentar el movimiento estudiantil, pero continúa su posición cerrada para iniciar el diálogo.

La Iniciativa Periodismo y Democracia envió la denuncia de la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y solicitó que este organismo emita medidas cautelares a favor de los estudiantes que han sido víctimas de represión entre ellos, los seis de Tegucigalpa entre ellos Cesario Padilla, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres, a quienes nuevamente se enfocó pues le molesta que hayan vuelto a clases por órdenes de la Corte Suprema de Justicia que resolvió un Amparo a su favor.

La Iniciativa también presentó una petición  el 16 de julio, de reapertura de la denuncia sobre la situación en la universidad la cual había sido cerrada.

Moisés Cáceres se presentará en las próximas horas, se espera que la Juez recapacite y no siga ensañándose, ya que giró una orden de captura contra él a pesar que nunca recibió la citatoria y no estaba en la ciudad por eso no se presentó a la audiencia.