Mediante un comunicado de prensa la CIDH expresó su preocupación al tener conocimiento sobre actos de violencia en contra de los pueblos indígenas, los cuales van desde asesinatos a sus principales líderes y lideresas, agresiones físicas, violencia sexual y destrucción de viviendas; estos hechos, según el documento, son ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado y en otros casos por personas o grupos que son contratados por empresas o industrias.
“Las autoridades en algunos casos no han adoptado las medidas adecuadas ante agresiones y ataques contra pueblos indígenas y sus líderes perpetrados por parte de agentes privados de seguridad o empleados de seguridad de algunas empresas encargadas de proyectos de extracción, desarrollo o inversión” se destacó en el comunicado.
La Comisión Interamericana cuestionó el excesivo uso de la fuerza en operativos realizados por miembros armados del Estado para disolver manifestaciones y diversas acciones de protesta realizados por los pueblos en defensa de sus territorios. Seguidamente el comunicado de la CIDH reiteró que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.
Las violaciones a la libertad de expresión así como a la libertad de información y el emigrar de sus territorios han sido puntos que denuncia el posicionamiento del organismo facultado para la observancia de los Derechos Humanos en nuestro continente.
“La CIDH ha recibido información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas, así como vulneraciones al derecho a la participación ciudadana, en el desarrollo de estos proyectos.
Incluso, la CIDH ha recibido información preocupante sobre situaciones en que comunidades enteras se ven forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como cursos de agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia”, señaló el escrito.
Participación en la toma de decisiones garantiza el efectivo goce de sus derechos
El comunicado de prensa de la CIDH hace referencia al derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta sobre cualquier proyecto que altere y beneficie a sus comunidades, así como a la libre expresión de sus ideas por los canales abiertos para tal fin.
De acuerdo con la presidenta de este organismo, Rose Marie Antonie “es imperativo que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus derechos”.La también Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificó la importancia de que los pueblos participen –es un deber- en la toma de decisiones para el goce efectivo de su derecho a la propiedad comunal y a la identidad cultural.
“La CIDH ha recibido información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas, así como vulneraciones al derecho a la participación ciudadana, en el desarrollo de estos proyectos”, cita el documento de la CIDH.
Estado hondureño da la espalda a los pueblos ancestrales
El despojo indiscriminado de sus recursos y por ende de su territorio, es una constante en la que viven los pueblos indígenas en el país. Con la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), o mejor conocidas como ciudades modelo se ejecutan proyectos de minería a cielo abierto y de zonas turísticas. Desconociendo incluso hasta su derecho a ser reconocidos y reconocidas como pueblos originarios, según el informe “Aproximaciones sobre la situación de Derechos Humanos de 81 Comunidades Lencas” presentado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
También los pueblos originarios en Honduras se enfrentan a una serie de estrategias de discriminación racial, caso concreto es que los ciudadanos mestizos propician el escenario del desconocimiento de su condición de indígenas para apropiarse de sus tierras.
Otro de los casos de hostigamiento es de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro, quienes han sufrido asesinatos de sus principales líderes y lideresas en el año 2013, razón por la cual son beneficiados con el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), desde noviembre del año y que las autoridades estatales han incumplido, según un comunicado presentado por siete miembros de esta comunidad previo a integrarse a la huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad, en el mes pasado.
A través de los medios de comunicación, entre ellos el gubernamental Canal 8, se ha emprendido una campaña de desprestigio contra esta comunidad al publicar en su red social de twitter un avance informativo el cual decía “Tolupanes niegan ser parte de la Huelga de Hambre de los Indignados”, se suma a esto que empresas televisivas de medios corporativos enviaron a sus reporteros a realizar notas informativas con preguntas tendenciosas e intimidatorias a los seis integrantes y una integrante en el proceso de huelga de hambre realizado por más de 30 días enfrente de casa presidencial en Tegucigalpa.
La persecución de los liderazgos indígenas es una constante en el país. La indígena Bertha Cáceres, lideresa de los lencas ha sufrido diversas formas de represión, desde procesos judiciales, órdenes de captura, seguimientos, vigilancia y campañas de desprestigio por su lucha por los territorios de su etnia.
