Mientras en la Plaza Isis Obed Murillo se celebrara la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, Silvia Mencía de Murillo  lloraba en su casa porque ese mismo día, 21 de abril,  su hijo mártir de la resistencia, estaría cumpliendo 33 años de edad.

Una serie de estrategias que dejaron a un presidente fuera de su cargo y establecieron las bases de la ilegalidad, la desarticulación de la institucionalidad y una impunidad galopante que se agudiza cada día, fueron las conclusiones a las que llegó el foro vitual “La Protesta Social y la Criminalización de la Oposición Política en Honduras”, desarrollado este 28 de junio de 2021, a 12 años de esos hechos violentos contra el pueblo hondureño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009, según un comunicado de prensa difundido este 28 de junio de 2021, por este organismo, que coincide con los 12 años transcurridos del golpe de Esatdo del 28 de junio de 2009.

La Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.

El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández.

La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales, es parte del comunicado difundido.

En la sentencia la CorteIDH  ordenó las siguientes medidas de reparación:

1.-promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández;

2.-realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;

3.-Realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras

4.-Crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans;

5.-Crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado;

6.- adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida;

7.- adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y

8.-diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

 Lea el comunicado íntegro de la sentencia:

Honduras es responsable por violar el derecho a la vida de una mujer transgénero 

San José, Costa Rica, 28 de junio de 2021.- En la Sentencia del Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa” ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

La noche del 28 de junio de 2009, Vicky Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado ese día. Una patrulla de policía habría intentado arrestarlas por lo que se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.En su Sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, en el entendido que las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio de Vicky Hernández. La Corte señaló que, durante la investigación, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTI y las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

En otro orden, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación; se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández. 

A su vez, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans. 

El Tribunal también encontró que las familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por el sufrimiento que les causó su muerte, la situación permanente de discriminación de la cual ella era objeto, y la situación de impunidad en la cual se encuentra el homicidio. 

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado entre las que se encuentran: i) promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández; ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iii) realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; iv) crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; v) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; vi) adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida; vii) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y viii) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI. 

La Jueza Elizabeth Odio Benito y el Juez Eduardo Vio Grossi dieron a conocer a la Corte sus votos individuales disidentes. El Juez Patricio Pazmiño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente.*** 

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; (Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).*** 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr o envíe o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

Defensores y abogados explicaron cómo la impunidad de las instituciones judiciales en casos graves de violaciones a los derechos humanos se profundizaron en el 2020, bajo el contexto de pandemia y los huracanes, entrando en vigencia el nuevo Código Penal y afianzando el círculo de poder del presidente de la República Juan  Orlando Hernández.

En un foro virtual realizado este 19 de febrero de 2021, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Espacio de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, expresó que el pacto político de impunidad ha sido un proceso de construcción tras el golpe de Estado del 2009, que se consolidó de una forma dramática en el 2020, por las acciones de Juan Orlando Hernández y de su círculo de trabajo que se alimentan de la angustia de la sociedad cuánto más es la crisis más se afianzan.

Según Moreno está demostrado en actos del año pasado cómo la cancelación de la presencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH y la aprobación e implementación del nuevo Código Penal como una política leal profundizada durante la pandemia por covid-19 y los huracanes ETA e IOTA.

“La maldad cuando es organizada sabe aprovecharse de las circunstancias y cuándo mayor es la fragilidad, amenaza y ambiente de deterioro más se consolida”, describió Moreno.

También agregó que en este 2021 se debe recalcar que el proceso político electoral está debidamente conducido por quienes impulsan y controlan el país, y para debilitar ese pacto tiene que haber una verdadera defensa de las víctimas, crear las condiciones reduciendo los asesinatos y agresiones para que se eviten los fraudes y se restaure el Estado de Derecho.

Heidy Alachán, abogada representante de la Coalición Contra la Impunidad, explicó que en el informe “Honduras Monitoreo de Violaciones de Derechos Humanos en la Coyuntura del fraude electoral”, presentado en enero del 2018, se identificaron  11 patrones de violencia estatal.

Patrones otra vez 

Algunos de dichos patrones  todavía siguen ocurriendo durante la emergencia sanitaria por covid-19 y los huracanes Eta e IOTA, así como la implementación descarada de preceptos legales y reducción del espacio cívico, la impunidad es un patrón recurrente del Estado para seguir cometiendo  los mismos actos, recalcó.

Algunos de los patrones identificados durante la crisis postelectoral del 2017 fueron disparos de bala viva, allanamientos en hogares donde llevaban pruebas prefabricadas, aplicación de castigos y humillaciones públicas, implementación de instrumentos no autorizados como cadenas con ganchos y electrochoques, vehículos para la vigilancia, desplazamiento de oficiales en barrios y colonias , militarización, uso desproporcionado de la fuerza y la infiltración, detalló Alachán.

Agregó que las consecuencias fueron que en las más de mil manifestaciones, protestas públicas y tomas en al menos 14 departamentos, como forma de expresar la indignación ante un fraude electoral, 33 personas fueron asesinadas.

Se instauró como normalidad el uso de disparos a bala viva, se reprimieron 192 manifestaciones, una persona fue detenida y desaparecida, 76 víctimas de tortura, 105 desplazadas por persecución política, 15 periodistas agredidos,  89 personas criminalizadas, vecinos en barrios y colonias tuvieron ataques, allanamientos, intimidación y tentativa  de homicidio.

Omar Menjivar, abogado y defensor de derechos humanos, relató que “este pacto es la columna vertebral que hace que haya instituciones debilitadas y controladas, como es el caso del Ministerio Público, MP,  una institución muy deficiente y sin compromiso en las investigaciones que deberían ser exhaustivas e iniciadas oportunamente”.

Según Menjivar solo conociendo la verdad se puede hacer justicia y es una necesidad que el MP, como representante del pueblo  cumpla con el derecho para las familias de las víctimas,  persiguiendo y capturando a los culpables.

El abogado relató un caso que ocurrió desde el 2017 en el fraude electoral, donde un joven fue asesinado por un elemento policial, la institución protegió a al culpable y expuso a otro elemento que terminó confesando cómo se realizaron los hechos. En el caso se evidenció que el MP no hizo la debida diligencia en la obtención de armas y cuando citó a declarar a los entes vinculados se negaron por orden de un alto mando.

Según los exponentes el pacto de impunidad está vigente por las instituciones y funcionarios que cometen actos injustos para la sociedad hondureña, iniciando desde el 2009, con el golpe de Estado, donde se cometieron asesinatos que hasta el día de hoy no han sido investigados y castigados.