Representantes de organizaciones de derechos humanos e indígenas en lucha de Honduras, describieron que la población vive una represión desde que el Estado, que utiliza métodos terribles de abuso y poder para callar las voces de quienes se alzan en oposición, dejando más de dos decenas de muertos en 12 años, heridos y criminalizados.

Este 28 de junio se cumplen 12 años del Golpe de Estado, donde el expresidente Manuel Zelaya fue despojado de su cargo por un grupo de funcionarios acompañados por las fuerzas armadas en contubernio con Estados Unidos.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ y del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras, fueron los convocantes al evento virtual, donde participaron ponentes que representaron a organizaciones internacionales de derechos humanos y se le dio voz a las víctimas de la represión en el país.

Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que el deterioro de derechos humanos en Honduras está muy vinculado con lo ocurrido el 28 de junio, como  consecuencia del Golpe de Estado,  marcado por el militarismo y represión hacia la exigencia social,  violentando la libertad de expresión.

Guevara mencionó que Amnistía Internacional ha documentado múltiples violaciones al derecho de libertad de expresión, reunión y asociación, y hacia defensores de derechos humanos,  evidenciando una nula tolerancia del Estado contra las voces de las personas que demandan rendición de cuentas.

Esta organización internacional pudo constatar acciones violentas, entre ellas contra Jerson Ariel Cruz, que fue perseguido hasta una residencial donde la policía abrió fuego contra las personas.

También en el 2013 a partir de las irregularidades de las elecciones que llevaron a casa presidencia a Juan Orlando Hernández, en su primer período, un padre y su hijo fueron heridos con arma de fuego .

Posteriormente en el 2017 también hubo una respuesta de represión brutal donde al menos 23 personas fueron asesinadas,  según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH.

Ricardo Neves, representante de la OACNUDH, explicó que si bien es cierto el derecho de libertad de expresión, reunión y asociación pueden ser reguladas por los países mientras no sea abusivo o restrictivo, se debe buscar mecanismos para  proteger el ejercicio de los mismos, así como no permitir agresiones, violaciones sexuales, entre otras formas de maltrato contra las personas bajo tutela del Estado en detención,  principalmente si se trata de mujeres.

Neves detalló que no es posible realizar elecciones generales genuinas si no se garantiza el derecho de reunión y asociación, en el que además se debe determinar salvaguardas al proceso para que sea transparente.

Mery Agurcia, Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, expresó que varias organizaciones de derechos humanos han observado una desigualdad en materia jurídica para la investigación y debido proceso, “algo que ha cambiado desde antes del Golpe de Estado donde se abrían espacios para poder negociar las políticas de criminalización que más bien, son una política de control del descontento social”.

También agregó que paralelo a la criminalización,  se realizan los  allanamientos domiciliarios, donde el Estado utiliza a su favor la legislación penal en detenciones arbitrarias y fiscales. Para retener y alargar injustificadamente los procesos,  los capturan los fines de semana y programan la audiencia inicial el lunes, limitando el tiempo para preparar una defensa.

Además las personas  son juzgadas en tribunales de jurisdicción nacional,  que en la práctica son estamentos militares. Los tribunales operan en cuarteles de difícil acceso, posteriormente son llevados a cárceles de máxima seguridad aun cuando su delito no pertenezca al catálogo señalado por la Ley, definió Agurcia.

Dijo que a los presos políticos se les ha violentado el debido proceso, la protección judicial y vulnerado los está el de dos menores de edad detenidos por participar en protestas sociales en las que el Estado no ha seguido los instrumentos adecuados.

La criminalización para los pueblos

Felipe Benítez, coordinador del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras, MILPAH, describió que en su comunidad persiste una situación terrible de lucha y discriminación de las cosmovisiones por parte del sistema judicial en la que “al indígena lo agarran y lo meten a un saco como si fuera cualquiera, y las mujeres sufren el doble de las calamidades, más si es defensora de derechos humanos.

Benítez recalcó que las denuncias de la población nunca son escuchadas y atendidas, sin embargo, cuando se trata de criminalizar a un miembro indígena, “ ahí sí actúa el sistema judicial y de una manera rápida, debido a eso muchos tienen medidas cautelares y deben ir a firmar para evitar ser detenidos, lo que ha provocado enfermedades psicológicas, pero en los centros médicos no hay ese tipo atención”.

Juan López, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, (CMDBCP), de Tocoa Colón, expresó que en Honduras no existen tres poderes autónomos como se le ha enseñado históricamente a la población sino que permanecen bajo un solo poder liderado por las familias más ricas y bajo el yugo del imperio de Estados Unidos, que perpetúan la entrega de los territorios.

“El Estado es el garrote con el que los ricos golpean a los pobres, es un dicho que se puede entender en el país desde el momento en que el gobierno y las empresas plantean una situación de desarrollo pero que solo crean conflicto, división y criminalización en las comunidades que se oponen”, señalo López.

Criminalizada y señalada como delincuente

Lourdes Gómez, una hondureña que fue detenida durante las protestas contra el fraude electoral del 2017 , y que también es miembra de la resistencia popular, relató su experiencia en el foro, describiendo que 11 personas fueron acusadas de varios delitos como incendio, agresión contra oficiales, asociación ilícita y saqueo,  por los que estuvieron encarcelados durante al menos cinco  meses siendo víctimas de tratos crueles.

Según Gómez para los hombres fue una situación más dura pues los bañaban con agua fría durante la noche y les decía que llamaran  a “Mel Zelaya” y a Salvador Nasrrala, para que los fueran a salvar. Tenían un trato grotesco  por ser de la oposición política.

Detalló que siempre fue opositora al gobierno actual y tenía acusaciones de un policía que la vinculaba al crimen organizado. Durante la detención le decomisaron 60 mil lempiras de su negocio, los cuales nunca aparecieron.

Todas las personas detenidas fueron señaladas de  pertenecer a una mara y al salir se enfrentaron con una realidad diferente pues quedaron marcados como delincuentes y no pueden optar a trabajos.

La señora relató que tenía un negocio en el que atendía a todas las personas y nunca se fijó si alguien era relacionado con grupos delictivos, pero que ella se pone a disposición de las autoridades porque es inocente , los oficiales policiales un día llegaron al negocio supuestamente buscando droga y desde entonces le prohibieron reabrir su empresa.

Eso generó  una situación de pobreza muy fuerte para ella y sus cuatro hijos. No ha podido trabajar de forma estable y tampoco puede abandonar el país porque debe ir a firmar al juzgado desde la ciudad de Pimienta hasta San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.  y no siempre consigue pasaje.

Según las organizaciones hondureñas, la situación que viven las personas criminalizadas por el Estado es tan dura que pueden pasar los años esperando resolver el proceso que es alargado por el mismo sistema, una forma de disuadir  las luchas populares del país.