La Comisionada Presidenta Pro Tempere del MNP-CONAPREV, Glenda Ayala, interpuso un Hábeas Corpus Humanitario ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para las personas privadas de libertad que padecen de enfermedades crónicas y que de producirse casos del COVID19 en los centros penales sería una catástrofe en Honduras por el hacinamiento y la sobrepoblación en dichos lugares.

Gabriela Castellanos, Directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción , CNA, criticó que dirigir el Estado con secretos, compadrazgos, nepotismo, corrupción e impunidad, y aplicar políticas que atenten contra el Estado de Derecho, es un delito de lesa humanidad, y adelantó que esa institución investigará el uso de los cientos de millones que se han aprobado en el contexto del combate al Covid-19.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se pronunció en un twitt sobre “mantener reos en detención durante la crisis del #COVID19 conlleva un alto riesgo y debería ser una medida de último recurso. Con brotes en aumento y un número creciente de muertes en prisiones y otras instituciones en muchos países, las autoridades deberían actuar ahora”.

El médico psiquiatra Emiliano Pacheco Rivera, advirtió que la situación de miedo y pánico en la población hondureña es aumentada por el trato de la sobreinformación, militarización, las cadenas gubernamentales y en las redes sociales, además que las crisis exponen los problemas sociales.

Decenas de personas fueron detenidas en diferentes puntos del país este 23 de marzo de 2020, por incumplir el toque de queda decretado en el PCM 021-2020 a nivel nacional por el gobierno de la República. El hambre pudo más que el miedo a la pandemia del COVID-19 y el autoritarismo se evidenció. Los vejámenes y tratos crueles inhumanos y degradantes fueron aplicados con saña por los cuerpos represivos del Estado.