Con asambleas informativas y movilizaciones en todas las regiones del país, los médicos y maestros de Honduras continuaron este miércoles 15 de mayo de 2019, sus medidas de presión para lograr la derogatoria de varias leyes aprobadas por el gobierno, encaminadas a la privatización de los ya quebrantados sistemas de salud y de educación.

Según entrevistados por pasosdeanimalgrande.com lo que en realidad se esconde tras la anunciada presencia de militares israelitas que llegarán a Honduras es la preparación de un escenario para la agresión contra Venezuela por parte de Estados Unidos, además de aparentar ante China y Rusia un supuesto fortalecimiento en la región. Sumado a ello se incluyen elementos de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se implementó en la década de los 80.

Miles de manifestamntes que han protestado dos veces a la semana desde noviembre de 2017, demandaron este 09 de mayo justicia para las víctimas y cese a la persecusión contra periodistas, en el marco de lo que se denomina un diálogo.

Este 09 de mayo de 2019, se llevara a cabo el diálogo entre manifestantes y autoridades gubernamentales, convocado por el alcalde Quintín Soriano, en Choluteca, zona Sur de Honduras, donde la población mantiene protestas desde noviembre de 2017.

El objetivo según lo ha dicho públicamente el edil es para resolver el tema de las marchas en este municipio sureño.“Estamos convocando a un sincero diálogo de ambas partes, Gobierno Central junto a policías y manifestantes para que haya paz y tranquilidad”, expreso Soriano.

Represión contra marchistas y persecución contra periodistas

Alrededor de 147 protestas se han realizado desde el 27 de noviembre de 2017 a la fecha, en las mismas la policía y el ejército les ha atacada cada vez que salen a las calles.

Asimismo hay allanamientos ilegales, torturas, criminalización en tribunales de la zona sur y persecución contra periodistas de Choluteca, tres de ellos han sufrido desplazamiento forzado, y otros se han autocensurado para protegerse. También hay cierre de espacios noticiosos de comunicadores sociales que son críticos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y al presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

Los comunicadores sociales Jairo López ha sufrido detenciones, juicios, persecución, campañas de desprestigio y una querella. Se le cerraron todos los espacios para difundir el programa El Informador, según denunció por órdenes del presidente del Parlamento, Mauricio Oliva y el mandatario Hernández.

Mientras Edgar Andino tiene una situación grave de amenazas que lo ha puesto al filo de la muerte cuando en febrero de este año su casa ha sido vigilada por hombres armados, y en dos ocasiones desconocidos han querido ingresar por una ventana de su casa para matarle, lo que le valió que el Mecanismo de Protección procediera a protegerle.

Su hija fue buscada en el 2018 para ser apuñalada por desconocidos, hasta la fecha ninguna de estas denuncias ha sido investigada, y la última de este año fue cerrado su expediente por la Fiscalía de Protección, y una acción legal de C-Libre y ASOPODEHU lograron reabrir el caso hace unas semanas, pero aún no hay una investigación que lleve a la cárcel a los responsables.

Las exigencias de los manifestantes

Una  de las exigencias de los manifestantes es que se capture a los responsables de la muerte de un menor en una marcha en Choluteca, entre otras exigencias.

Soriano indicó que el Gobierno debe medir las consecuencias de sus acciones arguyendo que en Choluteca protestan exigiendo rebaja en la energía.

“Choluteca es la ciudad donde hay el porcentaje más grande de energía para el país porque existen nueve plantas de energía fotovoltaica y tres plantas térmicas”, reveló.

El Gobierno les prometió rebajas en la energía, pero incumplió, por lo que las marchas continúan en la Región sur  a su vez  los pobladores exigen la no privatización de la salud  y educación así como  la salida del actual mandatario quien ha sido mencionado en varios actos de corrupción.

Con respecto a la convocatoria al diálogo hay algunas dudas si se trata de una jugada política para el beneficio del alcalde y otros funcionarios que tienen intereses de esa índole, o en realidad es para resolver una problemática que ha dejado muertos, heridos, perseguidos y toda una fuerza de inteligencia desplazada para vigilar.

El éxito del mismo tendría que partir en la participación de los diversos sectores que puedan construir juntos un protocolo que señale las reglas del diálogo, la inclusión y la puesta en marcha de soluciones, aún no se ha hecho, de lo contario al igual que el llevado a cabo el año pasado como producto del fradude electoral, éste no tendrá resultados para resolver los problemas planteados por la población y las víctimas.

Un nuevo crimen contra una defensora de los derechos humanos de Río Blanco e integrande del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH,  podría estar a la vuelta de la esquina si el Estado de Honduras no actúa de inmediato a proteger su vida y la de miembros de su familia ante amenazas recibidas por personas afines a la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A., DESA, que llegaron armados de machetes para amenazar de muerte de Rosalina Dominguez, a quien además le destruyeron los cultivos el pasado 30 de abril de 2018.