Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa, señala un artículo publicado por www.rcinet.ca, con el titular "Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio", de entrevista realizada a  Grahame Russell, Director de Rights Action.

La protección de estructuras criminales, una política de seguridad y de violencia contra los derechos humanos, prácticas que desatienden a la niñez y a la juventud, violencia estatal contra las mujeres como instrumento de odio, un marco legal discriminatorio contra la comunidad LGTBI, crueldad en las cárceles, la práctica de la tortura, censura y represión contra la libertad de expresión, son sólo algunos de los problemas que colocan a Honduras en una crisis profunda de derechos humanos, según lo dio a conocer la Mesa de Derechos Humanos.

El Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes del municipio de Tocoa, departamento de Colón y la Coalición contra la Impunidad, han presentado este 25 de febrero de 2019,  un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 252-2013, aprobado por el Congreso Nacional, en beneficio de la empresa minera Inversiones Los Pinares, que no solo ha causado daños ambientales sino además violaciones a los derechos humanos de la población.

La complicidad silenciosa del Estado y la ambición desmedida de una empresa minera que ya no respeta ni a los difuntos, se combinan y provocan el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión Copán, situada a 351 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.

En audiencia celebrada en la mañana de este lunes 18 de febrero de 2019, el  Tribunal Natural de Sentencias, se declaró incompetente, para conocer las causas imputadas por  el Ministerio Público en contra Edwin Espinal y Raúl Álvarez, víctimas de persecución del Estado, por manifestarse en contra del fraude electoral, que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández.