En conferencia de prensa realizada en un hotel de Tegucigalpa, ambas organizaciones cuestionaron lo que llaman el sostenido proceso de militarización del presupuesto público” mientras que los femicidios y la violencia contra las mujeres siguen en aumento en el país.

Son alrededor de tres mil 817 millones, una cantidad que en términos porcentuales representa un 40 %, mencionaron las organizaciones. Mientras que diferentes espacios de mujeres han reprochado la falta de consulta a la población para justificar este incremento a los rubros de Defensa y Seguridad.

En un estudio reciente hecho por CESPAD analizó la tendencia que ha tenido el presupuesto Nacional y en ese sentido, resaltan datos tales como que desde el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), entidad encargada de velar por los derechos de las mujeres, sufrió una reducción presupuestaria a partir del 2014 producto de la reestructuración en el gabinete del actual gobierno.

Para el año 2013, ese instituto contaba con 29 millones 21 mil 760 lempiras, sin embargo para el año 2016, su presupuesto será únicamente de 22 millones 519 mil 584 lempiras. Ese dato representa un 0.012% del total del Presupuesto General de la República próximo a aprobarse, mostró el estudio.

Por otra parte, las organizaciones condenaron el incremento en las muertes violentas hacia las mujeres ya que con éstas “se genera un grave problema nacional”, lo que deja como resultado un nivel de impunidad del 95 por ciento y el fracaso de la política de la militarización de la sociedad como estrategia para combatir la criminalidad en nuestro país.

La Comisión de Asuntos Económicos para América Latina (CEPAL), por medio del Observatorio de de Equidad de Género de latinoamérica y El Caribe, en un estudio realizado en el año 2014, sitúan a Honduras con un 32 por ciento, en el primer lugar,en donde existen un índice mayor de muertes violentas contra las mujeres.

Continúan demandas al cumplimiento de recomendaciones del EPU 2015

En el comunicado realizado por las diferentes organizaciones, apuntaron que el Estado tiene pendiente el cumplimiento de un amplio número de recomendaciones realizadas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mismas que van orientadas a atender la problemática de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia.

Por ejemplo de las 152 recomendaciones realizadas a Honduras, 34 son orientadas a la temática de mujeres y de ellas 13 se encuentran en observación por parte del Estado, hasta el momento no existen signos positivos para su adopción.

Una de ellas es la ratificación y adopción del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), misma que acapara la atención de las organizaciones de mujeres dado que en una insólita opinión solicitada por el Estado hacia la Confraternidad Evangélica de Honduras en la que solicita su no aceptación.

En una nota enviada a  Karla Cueva,  Sub Secretaria de Gobernación, Justicia y derechos Humanos, este sector que representa a la jerarquía de la iglesia evangélica señaló como criterios para desconocer dicho protocolo que “se crearía un precedente jurídico inaudito e inadmisible como es el de introducir en un convenio contenidos como el aborto, que fueron excluidos de lo aprobado y firmado por gran número de Estados”.

Por tener un daño colateral hacia el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres, otra de las recomendaciones, aún hechas de forma general es la despenalización de los delitos contra el honor (injuria, difamación y calumnia), para que sean dirimidas por la vía civil. Mientras se mantiene en observación por el Estado, se continúa un proceso contra Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, quien fue querellada en el año 2010 por denunciar un caso de acoso laboral y sexual por Juan Carlos Reyes, ex director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda en Honduras (FUDEVI).

Como parte del abuso que se hace desde el poder de esta herramienta penal, en noviembre pasado se inició una querella contra  Lesbia Pacheco.

Las exigencias al Poder Legislativo

Las mujeres organizadas le exigen al Congreso Nacional, en el marco de la aprobación del próximo presupuesto es la inclusión de fondos para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el Ministerio Público. En la que como punto inicial se solicitan  30 millones de lempiras.

Otro de los puntos de exigencia es la inclusión de las reformas hechas por las organizaciones de mujeres, a las disposiciones presupuestarias del Presupuesto General, concretamente al artículo 10.

En ese apartado se establece, entre otros aspectos, la realización de audiencias públicas para asegurar la perspectiva de género en la implementación del presupuesto nacional.

Asimismo y dentro de las reformas a la Ley de Presupuesto, se demanda que se asegure el cinco por ciento de las transferencias municipales destinadas a mujeres, también  que se asigne al menos un dos por ciento de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) a proyectos relacionados con la seguridad de la mujeres, y el destinar 150 millones de lempiras para el funcionamiento del Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER) que fue aprobado en el mes de septiembre en el parlamento.