En la denuncia pública las organizaciones relataron que "con estas muertes suman 17 las personas asesinadas sin que el Estado de Honduras sea capaz de detener a los asesinos, que en contubernio con empresarios mineros clandestinos y empresas madereras siembran el terror y la muerte en la población Tolupán". Este nuevo crimen ocurrió a escasas horas de que se instalara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, lo que constituye una afrenta a este organismo que llega al país con un mandato de combate a la impunidad desde la Organización de los Estados Americanos, OEA.
El 25 de Agosto de 2013 en la comunidad de Locomapa fueron asesinados María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, Luis de Reyes Marcía, fue muerto un año después, el 5 de abril de 2015, aunque había denunciado amenazas, el Estado de Honduras hizo caso omiso a las mismas y no lo protregió. Erasio Vieda Ponce, murió de un disparo de escopeta el 18 de junio de 2015, en en la aldea Las Brisas Mientras los crímenes se concretan por las amenazas contra más indígenas por su valentía en la lucha pacífica por sus territorios, las autoridades hondureñas han hecho oídos sordos a la medida cautelar de la CIDH.
El 19 de diciembre de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del MADJ y sus familias –en su mayoría indígenas tolupanes, según la resolkución de este organismo internacional “la información presentada demuestra prima facie que los 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus respectivas familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo”.
Estado de Honduras propició nuevas muertes por no actuar protegiendo a los tolupanes
La falta de responsabilidad del Estado de Honduras en no tomar acciones rápidas contra los responsables de los crímenes ha facilitado a los perpetradores que continúen con las masacres, lo que pone de manifiesto la aquisciencia estatal.
En su informe sobre Honduras publicado a mediados de febrero de 2016, la CIDH señala que entre algunos casos de gravedad de los que la CIDH ha tenido conocimiento se encuentra la situación del pueblo Tolupan, en cuyo territorio ancestral se vendrían desarrollando diversos proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas inconsultos. En el 2013 tres indígenas Tolupanes habrían sido asesinados supuestamente debido a su lucha por la defensa de los bienes naturales de su comunidad, en San Francisco Locomapa, Yoro.
En este contexto, el 19 de diciembre de 2013, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familias, debido a que estarían recibiendo una serie de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia, en razón a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en esta zona. A pesar de que las medidas cautelares se encuentran vigentes, la información recibida indica que las violencia contra esta comunidad y en contra de las y los beneficiarios de las medidas no habría cesado. En abril de 2015, Luis de Reyes Marcia, esposo de Vilma Consuelo Soto, beneficiaria de las medidas, fue asesinado a puñaladas. De acuerdo con información pública, el 22 de mayo de 2015, Vilma Consuelo Soto habría sido víctima de un atentado contra su vida cuando un vecino llegó su casa y realizó tres disparos, agrega la CIDH.
Este es el comunicado íntegro del MADJ y FundAmbiente sobre el crimen ocurrido el domingo 21 de febrero de 2016:
Véalo AQUÍ
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Lea lo que dicela CIDH en su informe sobre la Tribu Tolupán en su página 45, en este link
