El 08 de septiembre de 2017 marco una de las acciones más nefastas del Estado de Honduras contra la labor de derechos humanos decidió atacar a cuatro defensores dos mujeres: María Tomasa Morales(ASOPODEHU) y Hedme Castro (ACI-Participa),  y dos hombres, Carlos del Cid (Observatorio Ecuménico Internacional de DDHH)  y Ariel Díaz (Asociación de Jóvenes  por los DDHH),  que ejercían su derecho a defender los derechos humanos.

A Morales, Del Cid y Díaz, en unas pocas horas el Ministerio Público y la policía construyeron toda una trama para llevarlos presos, tenerlos enchachados y no permitirles asistencia médica oportuna a pesar de la gravedad de las torturas, acusándolos de encubrimiento y a Morales por ese ilícito más atentar contra la seguridad del Estado de Honduras. Al final un juez les dio libertad definitiva, por falta de méritos.

Sin embargo hicieron paso de tortuga para librar el requerimiento fiscal contra los oficiales Colindres, Aguilar y Palma , mientras que Leonel Sauceda que tuvo participación en los hechos, no fue incluido en  la acción penal del Ministerio Público, a pesar que hubo indicio más que racional de su intervención, incluso facilitando una grúa para obstaculizar el paso del bus donde se transportaban los cuatro defensores que pretendían evitar una detención ilegal de ocho estudiantes de la UNAH, en el marco de un desalojo de las instalaciones de ese centro de estudios ordenado por las autoridades universitarias.

La justicia tardía no es justicia, y en este caso ha provocado que otros defensores sean violentados en su derecho a defender los derechos humanos,tal es el caso de Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, quien fue golpeado por policías hace unas semanas.

También sucedió algo similar con Kevhin Ramos de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, que el 27 de enero fue golpeado por la Policía Militar, su celular fue quebrado y posteriormente arrebatado por los uniformados que le advirtieron que revisarían sus contactos. Ramos estaba tratando de evitar la detención de una joven manifestante contra el fraude electoral a quien la policía estaba sembrándole pruebas para acusarla de terrorismo, y quería fotografiarla antes de detenerla con unas veinte bombas molotov.

Los oficiales fueron denunciados por la Mesa de los Derechos Humanos ante el Ministerio Público, el 12 de septiembre de 2017, cuatro días después de los abusos cometidos,  por cuatro delitos de tortura, dos delitos de lesiones, cuatro delitos de detención ilegal.

El  Ministerio Público ha venido haciéndose en desentendido de este caso y es así que transcurrieron casi seis meses de los hechos, mientras dos de los defensores –Tomy Morales y Carlos del Cid- han tenido consecuencias en su salud que aún los mantiene con problemas por el impacto de las lesiones que soportaron.

Se espera por lo menos que los oficiales sean enviados a prisión por los delitos cometidos, pero la falta de voluntad política y el grado de impunidad en que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos en ese ente del Estado, deja muchas dudas y se sospecha que podrían aplicarles medidas  sustitutivas a la prisión.

Vea  la denuncia presentada por la Mesa de DDHH contra los oficiales de policía Aquí