El joven llevaba una camiseta que decía “FUERA JOH”,  el 27 de enero recién pasado, cuando Juan Orlando Hernández tomaba posesión de un segundo mandado a pesar de las denuncias de fraude electoral y de informes de observación internacional como el de la Organización de Estados Americanos, OEA, que señalaba que no se podía dar un ganador por las irregularidades encontradas que dejaban grandes dudas de la transparencia del proceso electoral del pasado 26 de noviembre de 2017.

De acuerdo a la denuncia presentada por el afectado ante la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, ese día iba para su casa cuando se encontró con varios policías militares que al verlo lo agarraron a golpes en varias partes de su cuerpo , “perdí el conocimiento y me desperté en mi casa, solo recuerdo que la gente gritaba dejénlo, dejénlo”.

Su rostro tiene secuelas de los golpes y sufre de dolores en su columna por las lesiones. Según describió ya está enfocado por los militares y policías debido a que coordina una de las zonas de la resistencia contra el fraude electoral. “Es que tienen identificados a los coordinadores de la Alianza, por eso es que me hicieron esto”, dijo todavía cargando en su cuerpo los dolores.

Un abogado de la ASOPODEHU fue el pasado miércoles a la Fiscalía de Derechos Humanos y el Fiscal Jacobo Santos salió ni siquiera se puede decir a atender a la víctima sino a poner miles de obstáculos para que la denuncia no fuera interpuesta.

No se sabe si es una actitud personal que violenta los deberes de los funcionarios o se trata de una orden institucional para proteger a la Policía Militar para que no se castigue su conducta violatoria a los derechos humanos, de ser así esto promueve la repetición de los hechos.

El artículo 349 del Código Penal señala que “Será castigado con reclusión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por doblé tiempo de la condena:

1) El funcionario judicial o administrativo que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, decisiones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.
2) El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las Leyes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
3) El funcionario que, fuera de los casos previstos en el número anterior, omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio, con infracción del deber de su cargo.
4) El funcionario que, requerido por autoridad competente no prestare la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público.
5) El jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.
6) El funcionario que revelare o facilitare la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto.

El denunciante teme por su vida pues cree que si esta vez se salvó de las garras de la muerte quizá en la próxima no tenga tanta suerte. "Estamos en indefensión, nadie castiga estos abusos, es tan difícil encontrar justicia", expresó a pasosdeanimalgrande.com