El 08 de septiembre de 2017 a eso de las 11 de la mañana cuatro defensores y ocho estudiantes fueron torturados por altos mandos policiales, cuando los primeros trataban de evitar una captura ilegales de los jóvenes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, después de un desalojo violento que dejó otros 15 detenidos y el cual no cumplía los requisitos de Ley pues no fue autorizado legalmente sino violentado todos los requisitos contemplados en el Código Penal vigente.

Los defensores eran Carlos del Cid del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH; Tomy Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, Ariel Díaz, de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Hedme Castro, de Aci-PARTICIPA. Todos fueron rociados con gas pimienta junto a los estudiantes y a los primeros tres el Ministerio Público los envió a prisión acusados de encubrimiento y a Morales se le sumó el delito de atentado contra la seguridad del estado. El 27 de septiembre un juez de lo penal les dio sobreseimiento defintivo y formal procesamiento a los ocho estudiantes acusados de detentación de edificios públicos.

Policías torturadores no irán a prisión ni un segundo

Los oficiales de la Policía Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, estarán en la Audiencia de Imputado el próximo 28 de febrero de 2018, fueron acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos por los delitos de Torturas, Abuso de Autoridad, Detención Ilegal, Lesiones(contra Carlos del Cid) y Violación a los Deberes de los Funcionarios. La Audiencia será en los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán en el Barrio La Granja de Comayagüela a las 2:00 p.m.

La denuncia fue presentada por la Mesa de Derechos Humanos desde el 19 de septiembre y caminó a paso de tortuga, tardando más de tres meses en concretarse los requerimientos fiscales que fueron emitidos sin avisar a los denunciantes, tres días antes de que el Poder Judicial se fuera de vacaciones de fin de año  y con pasos sigilosos para que no se filtrara a la prensa.

Los requerimientos fiscales tienen grandes falencias que conllevan la protección de los perpetradores, y además el fiscal asignado no solicita cárcel sino medidas distintas a la prisión, fomentando la impunidad de este hecho que traerá graves consecuencias para la defensa de los derechos humanos en Honduras.

De acuerdo a lo que establece la Ley los delitos no ameritan medidas diferentes a la prisión por lo que el Ministerio Público debió solicitar prisión preventiva.

Otra de las falencias del requerimiento fiscal es que el Ministerio Público no abrió juicio contra el oficial Leonel Sauceda quien tuvo participación en los hechos ordenando el traslado de una grúa para que fuera enganchado el busito del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, donde se encontraban defensores y estudiantes y que la policía suspendió a una altura que pudo provocar una tragedia contra las vidas de los afectados, eso con el propósito de sembrar el temor en las víctimas.

Las penas por estos delitos

Según el artículo 209 A del Código penal el delito de torturas (que se aplicaron a los defensores y a estudiantes, o sea a 12 personas),  debe ser castigado con una pena de 10 a 15 años; el Abuso de Autoridad de tres a seis años; La detención ilegal de tres a cinco años y las lesiones  de uno a tres años.

La penosa actuación del Ministerio Público conlleva en sí otros delitos porque está protegiendo de la prisión a los responsables de este crimen de lesa humanidad.

Tal como está el sistema de justicia en Honduras se prevé que los oficiales responsables estarán riéndose de la Ley, listos para seguir torturando a otros defensores de derechos humanos que realizan su labor en la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas, de hecho otros defensores han sido víctimas de ataques por parte de la policía y el ejército en el marco del proceso electoral y postelectoral.

Comisión Depuradora también los ha protegido

Otra acción condenable es la de la Comisión Depuradora de la Policía que anunció que los oficiales quedaban suspendidos, esa información la dijo públicamente  a pocas horas de los hechos que quedaron registrados en un video que describe la saña con que actuaron los policías, pero eso nunca sucedió, lo que pone en precario la aplicación de la justicia porque están en sus cargos y pudieron haber ya contaminado las pruebas.

El Estado de Honduras a través de sus instituciones encargadas de impartir justicia y sancionar las conductas violatorias a los derechos humanos han unificado esfuerzos para evitar el castigo para los culpables, los responsables de estos entes también deben ser castigados.

Video delata las torturas y demás abusos, veálo Aquí