Según integrantes de Pajuiles hace casi un año se mantienen en lucha para proteger sus bienes naturales, ejerciendo soberanía ambiental comunitaria sobre sus entornos ambientales asediados por el proyecto hidroeléctrico de HIDROCEP, por lo cual los defensores y defensoras han tenido que enfrentar la criminalización y persecución por parte de los cuerpos represivos del Estado y del sistema de justicia. Sin embargo sus denuncias por contaminación ambiental y otros recursos naturales a pesar que las han interpuesto en el Ministerio Público no fueron atendidas hasta ahora.

Fusiles otra vez

El 13 de marzo recién pasado observaron a representantes de una empresa minera que pretende a base de engaños instalarse en la zona, que llegaron a la comunidad y les preguntaron los motivos de su presencia pero en ese momento llegó una patrulla policial cuyos agentes a base de empujones e intimidaciones desalojaron a los integrantes del campamento para abrir paso a los empresarios de la mina.

“Este tipo de prácticas se ha vuelto muy rutinario por parte de los efectivos policiales para favorecer estos proyectos de muerte en todo el país, además denunciamos que la misma policía no ha estado respetando las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al MADJ y sus comunidades”, señaló el MADJ en una nota pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su resolución 12/2018 estableció que dichas comunidades se encuentran en una situación de riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos a la salud, a la vida e integridad personal, dado que la única fuente de agua potable de la disponen no está apta para consumo humano por estar contaminada.

“En virtud de lo anterior, la CIDH ordena al Estado de Honduras adoptar medidas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas; realizar los diagnósticos médicos necesarios y pertinentes a los pobladores de las comunidades beneficiarias a fin de suministrarles atención médica adecuada. Así también manda a asegurar el acceso al agua potable en condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico; e investigar los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares relacionadas a las pretensiones de la empresa para generar energía eléctrica HIDROCEP sobre el cauce del Rio Mezapa”, señaló la CIDH en su resolución.

Represión de las resistencias

Según el abogado Ariel Madrid, del MADJ, los ataques a las personas que se mantienen en protestas barriales, movilizaciones ciudadanas, cacerolazos, campañas de no consumo de productos y otra serie de acciones que se han sumado a las protestas que los ciudadanos y ciudadanas son patrones de ataques que violentan el derecho a la protesta y por ende a la libertad de expresión en Honduras.

Las acciones represivas se ven reflejadas en ataques a las radios comunitarias, ejecuciones extrajudiciales, campañas de desprestigio, criminalización, fabricación de medios de “prueba”, seguimiento, actos de tortura, amenazas directas y vigilancia, situación agudizada por las protestas contra el fraude electoral y la reelección de Juan Orlando Hernández que asumió el poder a pesar de los fuertes cuestionamientos de las irregularidades en las elecciones de noviembre de 2017.

Para el abogado Madrid las acciones que ha emprendido la ciudadanía son reprimidas dejando personas muertas por la policía y el ejército con un saldo de 31 víctimas mortales. Otras fueron enviadas a cárceles de máxima seguridad sin habérseles seguido el Debido Proceso, por lo que consideran que hay unos 31 presos políticos en el país.

Los detenidos son de Pimienta y Choloma en el departamento de Cortés, El Progreso Yoro, Colón, Ilama, Santa Bárbara y Tegucigalpa. Hay serias limitaciones que impiden avances sustanciales en el manejo de estos casos .

La mayoría solo ha visto una vez a sus familiares desde que fueron capturados y enviados a estas cárceles las de máxima seguridad La Tolva y El Pozo. Familiares ha testificado que las raciones de comida son mínimas y está en mal estado, los dejan salir dos o tres días a la semana a tomar el sol y les dan cinco minutos para que se bañen. Por las noches los policías interrumpen su sueño golpeando las puertas de metal, como una forma de tortura.