Según Heidy Alachán de la Coalición Contra la Impunidad, la APJ no representra a las organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo a un fallo emitido por la Sala Constitucional de la CSJ en noviembre de 2016.

Alachán explicó que “la petición será presentada ante la Sala Constitucional de la CSJ, quien dictó una sentencia ante una acción de inconstucionalidad promovida por la Coaliación Contra la Impunidad en el 2013, en donde se emitió un fallo el 22 de noviembre de 2016.

En esa ocasión la Sala declaró inconstitucional de manera parcial el Artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, que había sido reformado en el 2013 y en esa reforma incluía la participación de la Sociedad Civil en la Junta Proponentes, pero con la representación exclusiva de un representante de la Alianza por la Paz y la Justicia, (APJ).

Esa acción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte y en la cual falló que se declarara inconstitucional porque la Sociedad Civil no es la APJ sino que hay otros espacios como la Coalición Contra la Impunidad y que estaban siendo desconocidos, explicó la entrevistada por pasosdeanimalgrande.com.

La representante de la Coalición Contra la Impunidad detalló que “la Corte al fallar declarando la inconstitucionalidad y derogando el contenido del artículo que había sido reformado, hizo que el Artículo 22 de la Ley del MP volviera a su estado original, en donde, previo a la reforma, la ley no establece la participación de la Sociedad Civil y esto quiere decir que la Corte ha convocado a la participación de la Sociedad Civil sin que tenga un asidero legal ya que no existe una norma que respalde su participación y esto, evidentemente se reviste de ilegalidad en la conformación de la Junta de Proponentes”.

Según Alachán como “Coalición Contra la Impunidad no estamos en contra de la participación de la Sociedad Civil, sino que cuestionamos que la CSJ, aún sabiendo de esas irregularidades en que se está revistiendo el proceso continúe e insista involucrando a la Sociedad Civil sin que exista un asidero legal que le respalde”, agregó.

La Coalición Contra la Impunidad la conforman unas 58 organizaciones y el miércoles estarán compareciendo de forma directa en la presentación del escrito unas 7 organizaciones, pero igualmente se cuenta con el respaldo de las demás organizaciones de la Sociedad Civil que integran el organismo, aseguró.

Recurso

Para las organizaciones de la Sociedad Civil que eintegran la Coalición Contra la Impunidad, la presentación del escrito de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la Junta de Proponentes para la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, en caso de ser aceptado, detendría el proceso y dejaría sin efecto las acciones ejecutadas hasta la fecha por el organismo de selección.

“La intención es justamente ese, parar el proceso de selección de los candidatos para la elección del Fiscal General y Adjunto del MP, que se vuelva a los orígenes del proceso antes de dar por iniciado, para que pueda resolver la Corte lo que sucede en este momento con la Junta de Proponentes en su proceso respectivo si amerita una reforma, porque por la vía reglamentaria no se puede solucionar”, indicó Alachán.

Aunque la intención sea esa, la de parar el proceso de selección, destacó que “también hay que entender que finalmente este recurso va a ir a topar con la determinación de la institución y es allí en donde se le debe dar el seguimiento para saber cuál va a ser el impacto que esto tiene”.

Para Alachán todo lo que hasta ahora se ha realizado en el seno de la Junta de Proponentes es ilegal porque la conformación de la misma es irregular.

De acuerdo a la Coalición Contra la Impunidad la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el papel que deberán jugar las organizaciones de la Sociedad Civil en la Junta de Proponentes y definir claramente el mecanismo de participación de cada una de ellas.

“Eso es lo que tiene que resolver la Corte, he allí su responsabilidad, reconocemos que no es ilegal que en la Junta de Proponentes esté la representación de la Corte Suprema de Justicia, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH),o de las demás organizaciones que integran la Junta de Proponentes, pero sí es ilegal la participación de una Sociedad Civil sin un respaldo jurídico o bajo una norma que la respalde, entonces lo ideal es que la Junta de Proponentes esté revestida de legalidad, porque si no, ese vicio se va a venir arrastrando y va a viciar todo el proceso y para eso se debe abrir una puerta para que aún terminado el proceso, la Sociedad Civil pueda decidir impugnarlo”, apuntó.

Alachán reiteró que “existe una Sociedad Civil muy diversa, pero que ese ejercicio debe hacerse en una asamblea , primero con la aprobación de una norma jurídica y segundo, que la Corte Suprema de Justicia respete los tiempos y las formas propias de la Sociedad Civil, porque lo que pasó con el acuerdo, mediante el cual la Corte ordena a Gobernación y Justicia a que convoque a la asamblea de la Sociedad Civil, la lanzan con tres días de anticipación.

Esa situación provocó una pésima discusión y con una mínima participación de la Sociedad Civil y eso nos da el derecho de interpretar que existe una segunda intención de parte de la Corte y de Gobernación y Justicia que beneficia a los sectores oficialistas que atendieron la convocatoria y de allí saliera el representante de la Sociedad Civil”, afirmó.

Las organizaciones de la Sociedad Civil agrupadas en la Coalición Contra la Impunidad esperan que la Corte Suprema de Justicia rectifique este vacío que existe en la ley sobre la verdadera participación de las organizaciones en la Junta de Proponentes para que el proceso sea vuelva transparente. Luego de la presentación del escrito se espera que entre cinco a diez días se emita un fallo por parte de la Sala Constitucional de la CSJ.