La Comisionada del MNP-CONAPREV, la abogada Glenda Ayala, indicó que “mediante visitas realizadas a los diferentes centros penitenciarios del país y las denuncias recibidas a través del Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Denuncias, ha constatado una serie de violaciones a los Derechos Humanos de las personas privados de libertad en diferentes centros penitenciarios, así como también en los centros anexos penitenciarios (Batallones).

Presos políticos

El informe sobre los presos políticos en el país, fue presentado recientemente en la capital de Honduras a los organismos internacionales, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la Sociedad Civil.

Al consultarle a Glenda Ayala sobre los casos específicos de los presos políticos señaló que “el pasado 02 de diciembre, el Mecanismo y como Comisionada del Comité, realicé visita a la ciudad de San Pedro Sula y al Centro Penitenciario de Ilama en Santa Bárbara, con el fin de atender denuncias de 34 personas que fueron detenidas por problemas del conflicto post electoral y fueron puestas en libertad, posterior a ese hecho el 26 de diciembre , fueron detenidas 11 personas, entre ellas 10 hombres que fueron remitidos al Pozo, cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, que se encuentran privadas de libertad y una mujer remitida al centro penitenciario en Tela, Atlántida”.

Asimismo, dijo que “hay dos personas en el centro penitenciario de Danlí, sus procesos están siguiendo la vía de las normas que se establecen para la investigación y sanción de esos actos que supuestamente se les atribuyen”.

Ayala manifestó que actualmente han “verificado que las condiciones a los que se ha sometido a ellos (presos de políticos) son deprimentes y va en detrimento de su calidad humana. De hecho estas personas que fueron remitidas al centro penal de Ilama, están alojados en los módulos de máxima seguridad, en celdas de 2 por 2, por más de 16 días no tuvieron acceso a ver la luz del sol y todo ese tipo de acciones y medidas, que por si miramos que son atentatorios a la dignidad de la persona humana”.

Destacó que “si corroboramos que existen torturas en contra de ellos, de hecho muchas de esas personas demostraron que presentaban algún tipo de golpes al momento de sus detenciones y lesiones, que nosotros documentamos, puesto que revisamos algunos libros de novedades y no consignaban esa situación de salud de las personas al momento de la detención, pero nosotros al entrevistarlos, en períodos inmediatos a esa detención, pudimos corroborar algunas situaciones y adoptar medidas para garantizar ese derecho a la integridad física que se les vulneró al momento de la detención”, aclaró.

Medidas de protección

De acuerdo a la representante del MNP-CONAPREV, ya se han solicitado las medidas correctivas en los lugares en donde se encuentran los presos políticos.

“Hemos mandado un informe sobre lo que les está ocurriendo a estas personas, ellos demandan actos dignos, las personas que están recluídas en el Centro Penitenciario de Danlí, su derecho a una alimentación adecuada, derecho a que se garantice la separación de procesados a condenados y que todos los privados de libertad que se encuentran procesadas reciban un trato digno y que no se les irrespete su derecho a la vida familiar, porque ellos han tenido dificultades para comunicarse con su familia, igual que con las demás personas que se encuentran también, privadas de libertad”.

Ayala dijo que hace poco el Mecanismo recibió la visita de Amnistía Internacional, en donde ellos han pedido informes que como mecanismo hemos realizado.

“Se han hecho recomendaciones in situ a los lugares de detención, se han emitido recomendaciones directas, a las personas o miembros que dirigen las fuerzas del orden, tanto a la Policía Nacional como al Ejército y de alguna manera estamos conscientes que debemos de trabajar más en la información para que toda detención siga los procesos establecidos en la Constitución y las leyes”, exigió.

Informe

En el informe ofrecido de parte del MNP-CONAPREV, a los diferentes sectores del país, destacan entre otras cosas: “violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en diferentes centros penitenciarios, así como también en los centros anexos penitenciarios; las cuales en su mayoría se han remitido a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, por considerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“El Mecanismo ha recomendado que las instalaciones militares no deben alojar personas privadas de libertad ya que los militares no son los encargados de la guarda y custodia de esas personas sino el Instituto Nacional Penitenciario”, agregó.

Ayala explicó que “la ley establece que es el Instituto Nacional Penitenciario es el órgano encargado de velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral, entre otros, de las personas privadas de libertad, ya sea en condición de prisión preventiva o cumpliendo penas y medidas de seguridad que se encuentran en los establecimientos penitenciarios del país”.

Asimismo, “que la administración penitenciaria debe ser dirigida por personal altamente capacitado en materia penitenciaria y nunca por miembros activos del ejército o de otra fuerza del Orden”.

Además dijo que “el Mecanismo considera que el papel de los agentes penitenciarios debe ser tratar a las personas privadas de libertad de manera decente, humana y justa; garantizando la seguridad de todos los reclusos; asegurarse de que los reclusos peligrosos no se fuguen; velar por el orden y el control de las prisiones; permitir a los reclusos la oportunidad de aprovechar positivamente su condena en prisión para que puedan reintegrarse a la sociedad cuando sean liberados”.

También el sistema penitenciario debe estar bajo el control civil y no militar. La administración penitenciaria no debe estar directamente en manos del ejército u otra institución militar, aclaró.

“Consideramos que la política de reclusión no debería ser la única medida que deben tomar los jueces al momento de condenar, esto ayudaría a prevenir el hacinamiento en el sistema carcelario nacional. El Estado tiene que invertir en más programas sociales como política de desarrollo social en vez de persecución social; el crecimiento de las personas privadas de libertad va en ascenso y preocupa que no se consideren medidas distintas a la privación de libertad ya que el Estado aumenta las pena de prisión sin tomar en cuenta que no tiene la capacidad para albergar a los mismos”, concluyó.

En el año 2017 el Mecanismo realizó un total de 131 visitas como parte del cumplimiento de su mandato, de las cuales 86 fueron a centros penitenciarios, 21 a los centros anexos en los batallones, 15 a Centros de menores en conflicto con la Ley y 9 a estaciones policiales.

En el primer trimestre del año 2018, al 30 de marzo, se realizaron 31 visitas de las cuales 23 fueron a centros penitenciarios, 6 a estaciones policiales y 2 a centros anexos en los batallones, finaliza el informe.