El 01 de junio de este año la Jueza Gabriela Cristina Gallo, resolvió en la finalización de la Audiencia Inicial, decretar un sobreseimiento definitivo contra los oficiales de la Policía Preventiva JUAN MANUEL AGUILAR GODOY, FELIX ADRIÁN COLINDRES y MARLON AGUSTÍN VÁSQUEZ PALMA, responsables de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones, abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, en el caso de la represión contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho estudiantes.
A tempranas horas de la mañana representantes de diversas organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos llegaron a la Inspectoría de Tribunales presentando la denuncia y posteriormente realizaron una conferencia de prensa donde leyeron el siguiente comunicado:
Comunicado:
Mesa de Derechos Humanos solicita a inspectoría de tribunales se sancione a jueza por parcializarse a favor de oficiales torturadores
La Mesa de Derechos Humanos interpone este 06 de junio de 2018, una denuncia por ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LO FUNCIONARIOS, ante la Inspectoría General de Tribunales, contra la Jueza GABRIELA CRISTINA GALLO, quien dictó sobreseimiento definitivo a favor de los oficiales de la Policía Preventiva JUAN MANUEL AGUILAR GODOY, FELIX ADRIÁN COLINDRES y MARLON AGUSTÍN VÁSQUEZ PALMA, responsables de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones, abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, en el caso de la represión contra cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, ocurrida el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la UNAH.
La Mesa de Derechos Humanos constituida por organizaciones que defendemos a las víctimas de las arbitrariedades contra sus derechos fundamentales, considera que la resolución de la jueza Gallo está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho estudiantes, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes mencionados.
Las acciones arbitrarias y vergonzosas de la jueza Gallo quedaron plasmadas en el expediente del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos. Con la resolución los oficiales quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas al acceso a la justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatalesresponsables.
En las peticiones ante la Inspectoría de Tribunales solicitamos que se tome declaración representantes del Comisionado Nacional de Derechoso Humanos, CONADEH, de embajadas e instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta.
Solicitamos asimismo que se examine la conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la Jueza.
EXIGIMOS JUSTICIA
NO MÁS IMPUNIDAD
CÁRCEL PARA LOS OFICIALES TORTURADORES
MESA DE DERECHOS HUMANOS
Tegucigalpa, M.D.C 06 de junio de 2018
