Honduras es un Estado suscriptor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, entró en vigencia en 1987, y ratificada por Honduras según Decreto no. 47-96 del Congreso Nacional, el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” bajo el número 28,089, del 19 de octubre de 1996.

Mientras el Protocolo Facultativo de dicha convención fue ratificado por el parlamento hondureño según decreto legislativo número 374-2006, del 20 de enero de 2006 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta con número 30,958, de fecha 21 de marzo de 2006, de acuerdo a datos publicados en la página del Poder Judicial.

A raíz de estos instrumentos internacionales se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Malos Tratos, CONAPREV, pero el mismo carece de independencia porque está adscrito al Gabinete de Gobernabilidad, según el decreto emitido el 23 de marzo de 2018.

Escondieron las cifras

La misión internacional compuesta por expertos de Argentina, Suiza y Guatemala, llegó al país del 18 al 22 de junio de este año, tenía como objetivo la verificación de la tortura en el país y las medidas adoptadas por parte de las instituciones del Estado para erradicarla, garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.

Recabó información sobre casos de torturas y malos tratados contra personas al momento de ser detenidas; prevalencia de esta violación a los derechos humanos en centros penitenciarios; el uso excesivo de la fuerza en el manejo de protestas y desalojos.

En sus primeras conclusiones se puede desprender que no se trata de casos aislados sino que se habría convertido en una práctica estatal la aplicación de torturas y trato crueles inhumanos y degradantes, y lo grave del asunto es que escondieron la información ante esta delegación, en contraste con ello hay pocas denuncias porque las víctimas temen a las represalias.

Asimismo destacaron ante periodistas de distintos medios de comunicación este 22 de junio de 2018 en una conferencia de prensa que a los privados de libertad en centros penitenciarios se les obliga a aceptar sus delitos por parte de los defensores públicos ofreciéndoles a cambio penas más bajas en años.

Militares a cargo de las cárceles sin rostro y sin identificación

La misión que estaba compuesta por Helena Solá de la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT; Ileana Hernández de la Coalición Internacional contra la Impunidad y Enrique Font, experto independiente sobre el tema.

Dijeron ante la prensa que les preocupa el hecho de que la administración de los centros penitenciarios esté a cargo de militares y que los encargados de la custodia de los privados de libertad llegan con la cara cubierta y sin identificación.

La delegación visitó la cárcel de máxima seguridad denominada “El Pozo” donde constató que las condiciones en la misma no cumplen con las “Reglas Mandela”; hay restricción en el régimen de visitas y comunicación de los privados de libertad con sus familiares; hay uso de celdas pequeñísimas de aislamiento donde hay hasta 18 presos, entre procesados y condenados que llevan hasta unos siete meses en esas condiciones.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, fueron adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.

La Regla 1 señala que “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.

La Regla 43 establece que “Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas: a) el aislamiento indefinido; b) el aislamiento prolongado; c) el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada; d) las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable; e) los castigos colectivos. 2. En ningún caso se utilizarán métodos de coerción física como sanción por faltas disciplinarias”.

Caso de cuatro defensores y ocho estudiantes

Para los integrantes de la misión uno de los casos emblemáticos es de los defensores de derechos humanos y ocho estudiantes torturados por altos mandos policiales el 08 de septiembre de 2018, en el marco de un desalojo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

“El Poder Judicial dictó el pasado 06 de junio de 2018 sobreseimiento definitivo argumentando que eran los defensores de derechos humanos que habían provocado la actuación policial, lo que también denota falta de respeto y reconocimiento de la labor de defensa de los derechos humanos por parte de la administración de justicia…..este es un ejemplo que estigmatiza y expone a situaciones de mayor riesgo el ejercicio a la defensa de los derechos humanos quienes no gozan de las garantías de protección necesarias para poder denunciar casos de tortura y malos tratos”, remarcaron en un comunicado entregado a los periodistas.

El 27 de julio de 2016 Honduras fue examinada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y en un comunicado señalaron que entre los temas a evaluar eran las acusaciones de brutalidad policial y de maltrato a los detenidos; la investigación de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, incluidas las muertes resultantes del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército, así como las detenciones arbitraria y desapariciones forzadas ocurridas durante la supresión de las protestas a favor de la restauración del orden constitucional tras los eventos del 28 de junio de 2009.

Se sumaba entre los temas  el hacinamiento carcelario; el uso extensivo de la detención preventiva de menores acusados de delitos graves como el de ser miembro de pandillas juveniles o maras; los hallazgos de la investigación del incendio en la granja penal de Comayagua ocurrido el 15 de febrero de 2012, en el que 350 personas perdieron la vida; la falta de recursos para la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público y las deficiencias en el programa de protección de testigos; las medidas para prevenir atentados contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, y para proteger sus vidas; las medidas para asegurar la plena independencia del poder judicial; los pasos adoptados para prevenir y enfrentar la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica y sexual. 

En ese momento Honduras presentó un informe donde trata de quedar bien parado ante dicho comité presentando una visión maquillada de la realidad. Vea el informe abajo en el link.

Impresiones y preocupaciones de delegados

Helena Solá; Ileana Hernández y Enrique Font, que estuvieron cinco días en Honduras se mostraron muy preocupados con los resultados de la visita e informaron que van a darle seguimiento a varias denuncias para tener un informe completo.

Hernández dijo que se llevan una percepción de alta impunidad en el país en materia de la aplicación de torturas y tratos crueles e inhumanos, que se aplican indiscriminadamente y están enfocados a sectores vulnerables, entre ellos jóvenes en situación de pobreza, lo que denota discriminación.

“Se está regresando a una situación de castigo medieval al someter al encierro a las personas los que les produce niveles de frustración, no son atendidos de manera médica adecuada ; hay malas condiciones en las cárceles. La situación de tortura es una práctica implementada que no está siendo documentada ni sancionada”, expresó la representante de la Coalición Internacional contra la Impunidad.

De acuerdo a sus observaciones y las pláticas con diferentes sectores, “pareciera una política de terror del Estado para generar temor donde se van borrando las huellas. Por ejemplo no se puede constatar en los desalojos de las protestas quién dio la orden porque se carecen de registros. Esta estrategia de ocultar información es un acuerdo tácito entre las instituciones del Estado que fomenta la impunidad. A pesar de ello hay personas en las instituciones con mucho compromiso, pero deben ser fortalecidas”.

Al preguntarle si observaron diferencias entre la práctica de la tortura en el golpe de Estado de 2009 con el mandato del mandatario Juan Orlando Hernández, respondió que ás bien ha sido una práctica permanente que se sigue realizando, y además hay figuras delictivas que están digiridas a un sector especialmente a aquellas que están exigiendo sus derechos “.

Hernández informó que la Coalición internacional contra la Impunidad va a socializar el informe que saldrá de la misión con diferentes sectores entre ellos estatales, víctimas y organizaciones, para sensibilizar sobre el tema pero en particular será a través del seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU que se debe de comprometer al Estado para cumplir con las recomendaciones que esta instancia le ha hecho.

Para Helena Solá de la OMCT es importante insistir en un marco regulatorio para el uso de la fuerza en Honduras.Recordó que en el examen de Honduras ante el Comité contra la Tortura de la ONU, realizado en el año de 2016, éste se comprometió a desmantelar el uso de instalaciones militares para mantener a personas privadas de libertad y dijo que lo haría a finales de 2018 por que lo se necesita un seguimiento a este compromiso lo cual será a través de una comunicación directamente del Comité al Estado. “Los pasos han sido tímidos y hay tendencias regresivas”, alertó.

Mientras Enrique Font, recalcó que vieron que hay una alta criminalización de los jóvenes en especial aquellos que son acusados por el delito de extorsión y que la defensa pública no les acompaña legalmente y si lo hace los presiona para que negocien su supuesta culpabilidad con sentencias de menos años de prisión.

Denunció que no hay una política del más alto nivel en el Ministerio Público, en concreto del propio Fiscal General para perseguir el delito de torturas.

Criticó el establecimiento de cárceles de máxima seguridad porque no hay una lógica de la detención y cuando están allí tienen incomunicación y una vida sin actividades.

Para él es necesario que se haga una modificación a la designación del CONADEH para que cumpla con su misión.

Hay muchos casos

Pasosdeanimalgrande.com conversó con Melissa Escoto quien es asesora legal del Comité de Protección Tratamiento y Rehabilitación contra la Tortura,CPTRT, una organización que atiende casos de torturas y malos tratos en las cárceles.

Informó que el CPTRT está en 20 centros penales del país y hacen visitas de monitoreo a otros, por lo que han constatado que la tortura se aplica desde el momento de detención de la persona por FUSINA, Policía Militar u otro cuerpo de seguridad, siempre es víctima de tortura , “en el centro penal lo que encontramos es que la autoridad solo recibe a la persona y no hace un examen previo al ingreso, eso hace pensar que al final la autoridad penitenciaria se colude”.

Entre las torturas que se aplican al momento de la detención están las patadas con bota militar , golpes con fusiles, toletazos, choques eléctricos, dependiendo de la persona que es detenida, “si es por extorsión es bastante fuerte porque les ponen la capucha, los meten en celdas de aislamiento , están incomunicados”.

Recomendó que el tema de la tortura siempre debe estar en la palestra pública porque cualquier ciudadano puede ser víctima de esta práctica violatoria a los derechos humanos.

Escoto informó que es muy difícil la situación en los centros penales, que para tratar los casos de tortura tienen que hacerlo con mucha estrategia pues las personas no quieren hablar por miedo , “no es de que la persona quiera o no hablar, sino que lo detectamos a veces por los malos tratos que presenta físicamente que son muy visible.

Sobre el CONAPREV expreso que es importante que se visibilice la labor que hace y las responsabilidades que le tocan porque en la mayoría de los casos la ciudadanía no conoce que exista o cuáles son sus atribuciones.

Manifestó que el decreto de creación de este organismo ya señala que debe ser independiente, tal como los dice uno de los artículos, pero en la práctica no lo es porque de los tres comisionados uno es representante del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo y otro por sociedad civil que es quien debería ser más independiente, la actual es la Comisionada Glenda Ayala quien debe rendir cuentas de su gestión, de acuerdo a su mandato.

LINKS DE INTERÉS:

Reglas Mandela descárguela Aquí

Respuestas de Honduras ante examen del Comité contra la Tortura de la ONU en el 2016. Leálo en este link

Convención contra la Tortura revísela Aquí