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Denuncia

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

La falta de una firma del Ministro de Salud imposibilita el uso de la PAE en Honduras

Posted On Martes, 21 Agosto 2018 21:18 Written by Salvador Monroy

Organizaciones de derechos humanos de las mujeres en Honduras denunciaron que la firma del Ministro de Salud imposibilita el uso de la Pildora de Anticoncepción de Emergencia,(PAE), que ayuda a prevenir un embarazo no deseado en mujeres víctimas de una violencia sexual.

En un foro celebrado en la capital de Honduras, desarrollado por la organización de ayuda internacional Médicos Sin Fronteras y el Grupo Estratégico por la Píldora de Anticoncepción de Emergencia,(PAE), señalaron que a pesar de que la misma fue aprobada en el Gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores, fue cancelado su uso en el 2009, y en el 2013 el diputado Ramón Bulnes introdujo un Proyecto de Ley para legalizarla nuevamente, pero el mismo fue engavetado.

No requiere del CN

Regina Fonseca ConfidencialHN 

Regina Fonseca-CDM: Una firma imposibilita que las mujeres sean protegidas

Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres,(CDM), dijo que despúes de 9 años de lucha esperamos un cambio y que se solvente el impase, ya que no se requiere de una aprobación en el Congreso Nacional,(CN), sino que se sustente con la firma del Ministro de Salud, a través de acuerdo ministerial.

“No se requiere de que el Congreso actúe en este caso, hacer un acuerdo ministerial lo que está actualmente en vigencia que fue lo que firmó un ministro en el 2009, con otro acuerdo ministerial para que se anule el anterior se resuelve el problema, ya han pasado nueve años y ningún ministro lo ha anulado”, explicó.

Para Fonseca la decisión ministerial se debe tomar por una necesidad que viven las niñas embarazadas, por la problemática de las víctimas de violación sexual “es importante que en este momento en que se va aplicar un protocolo para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, se incluya la anticoncepción de emergencia como un elemento sustancial para la protección de personas producto de una violación”.

“Nosotras estamos demandando del Ejecutivo, del Ministro del Salud, porque ni siquiera se necesita la firma del Presidente, ya que lo hizo un ministro de salud y ahora deberá firmarlo otro ministro de salud para que se siga suministrando la píldora, ya hablamos con el ministro, tuvimos una reunión en febrero de este año y se comprometió en informarse y luego nos iba a informar, pero hasta el día de hoy no nos da el informe”, destacó.

Negativa

capricho pae

La negativa para derogar un acto administrativo como la prohibición de las PAE, que lesiona el acceso a derechos sexuales y reproductivos, continúa manifestando su impacto sobre las vidas de miles de jóvenes, con especial afectación en niñas y mujeres.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través del Observatorio de la Violencia, apunta que en 2017 el 58 por ciento de las denuncias penales por violencia sexual tenían como víctimas a niñas y mujeres entre 10 y 19 años.

Asimismo señalan que desde la prohibición de la anticoncepción de emergencia, más de 21 mil niñas y mujeres han denunciado violencia sexual, el 54 por ciento de esas denuncias provienen de niñas menores de 14 años o hasta menos, y todas ellas han estado expuestas a un embarazo forzado o impuesto. En el mismo periodo 45 niñas de entre 10 y 14 años se han suicidado, situación que podría estar vinculado a un acto de violencia sexual y a un embarazo no deseado.

Desde la prohibición de la PAE, la Secretaría de Salud registra 5 mil 646 partos en niñas menores de 14 años y 185 mil 392 en niñas de 15 a 18 años, con un total de 194 mil 038 nacimientos en adolescentes en el 2017.

Foro "Violencia Sexual y Embarazo: los desafíos pendientes del Estado hondureño"

A través de un foro el Grupo Estratégico por la Píldora de Anticocepción de Emergencia,(PAE), y Médicos Sin Fronteras, compartieron a las organizaciones de la Sociedad Civil, del Gobierno, organizaciones sociales, políticos, entre otros, las cifras sobre violencia sexual en Honduras, embarazos producto de una violación y asistencia integral, psicológica, médica, social y de atención al embarazo de las afectadas.

Además a los asistentes se les realizó una explicación técnica de las evidencias que existen de la pastilla como un método de anticoncepción de emergencia y una forma de prevenir embarazos no deseados.

Protocolos

Tania Marín Macías, Coordinadora Médica Regional para México y Centroamérica de Médicos Sin Fronteras, explicó las acciones que realiza la institución que rectora en la atención que se les brinda a las jóvenes que han sido víctimas de una violación y de embarazo en el país.

“Los protocolos de atención médica a pacientes que son sobrevivientes de violencia sexual, los protocolos de Médicos Sin Fronteras contemplan una serie de intervenciones, entre ellas, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención o determinación del embarazo y una atención integral, médica, psicológica y social”.

Indicó que “la anticoncepción de emergencia o Píldora de Anticoncepción de Emergencia,(PAE), forma parte de una atención integral a pacientes que han sufrido violencia sexual y es parte de un tratamiento integral”.

Advirtió que “es importante la implementación no solo en Honduras sino en todo el mundo de la PAE, porque es un impacto muy fuerte que recibe la paciente cuando resulta embarazada a raíz de una situación de violencia sexual. Eso forma parte de la atención que se le da a una paciente”.

Marín Macías explicó que “al no estar disponible la anticoncepción de emergencia que es una pastilla que contiene una sustancia anticonceptiva, la cual se encuentra en los anticonceptivos normales, sólo que en la PAE la dósis es mayor y la importancia de aplicarlo es que podemos prevenir un embarazo no deseado como resultado de una violación”.

Apoyo

El proyecto trabaja conjuntamente con instituciones como la Secretaría de Salud, en instalaciones del Hospital Escuela, Centro de Salud Alonso Suazo, Centro Integrado de Dolores que es una fiscalía, con atención psicológica.

Datos

Médicos Sin Fronteras atendió en el 2017 en Tegucigalpa y Comayaguela en Honduras, 589 casos de violencia sexual, 593 casos de otras situaciones de violencia y 3,587 consultas médico/psicológicas.

En el 58 por ciento de los casos de violencia sexual, las víctimas atendidas son menores de 18 años y en el 86 por ciento de los casos atendidos por violencia sexual son mujeres.

De las cifras anteriores de Médicos Sin Fronteras señalan que, el 81 por ciento de las mujeres embarazadas que consultaron el servicio prioritario, consideraron que su embarazo fue producto de una violación y el 69 por ciento de personas con criterio para iniciar la profilaxis post exposición contra VIH (Anti-retrovirales) finalizó su tratamiento.

Plataforma “Yo No Quiero Ser Violada”

Este año luego del aumento de agresiones sexuales y violaciones que vive el país, y tras casos emblemáticos cómo la violación de una estudiante de medicina después del asalto a una unidad de transporte interurbano, el 29 de marzo, y la violación de otra estudiante en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Valle de Sula,(UNAH VS), el 19 de abril, un grupo de mujeres jóvenes comenzaron una serie de actos de protesta exigiendo al gobierno acciones más contundentes para evitar los ataques contra mujeres.

La acción más destacada son unos carteles de papel pegados en las vías públicas de las principales ciudades de Honduras que grafican en unos ojos molestos de mujer la frase “Yo no quiero ser violada” que es de donde toma el nombre está unión de esfuerzos. Además de los empapelados, las jóvenes han realizado acciones culturales y ya han visitado varios medios de comunicación para levantar la voz para las miles de mujeres que han sido atacadas o que viven bajo amenaza.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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