El Ministerio Público informó que según las investigaciones hechas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal,(ATIC), el día 04 de diciembre del 2017, en la aldea Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro, un grupo de personas realizaba manifestaciones desde temprano en contra de los resultados electorales del pasado mes de noviembre, fue así que al menos 40 miembros de la Policía llegaron al lugar para disuadir la manifestación inicialmente con gas lacrimógeno y posteriormente el policía señalado, hizo disparos con su arma de reglamento contra los manifestantes, hiriendo mortalmente al joven Ávila Gonzáles”.

Destacó que como parte de las pruebas obtuvieron “varios testimonios de testigos protegidos quienes narraron lo sucedido esa tarde en el momento en que Olvin Fernando Gonzáles Velásquez, quien era el jefe de la posta policial de la comunidad, disparó en varias ocasiones contra los ciudadanos que se manifestaban”, por ese motivo la Fiscalía Especial de delitos contra la Vida, FEDCV, lo está acusando por el delito de Homicidio.

El pueblo paga: Seguridad anuncia que asume la defensa del victimario

El anuncio del pago de la defensa para el imputado lo anunció ayer a través de los medios de comunicación el vocero de la policía Nacional, Comisionado Jair López, quien se puso a la orden del policía que supuestamente cometió el crimen.

El Ministerio Público por medio FEDCV presentó un requerimiento fiscal con la solicitud de orden de captura contra Gonzáles Velásquez. 

Malestar 

Para organizaciones que defienden los derechos humanos el hecho de poner a disposición del imputado una defensa privada con los fondos del Estado no es más que avalar lo que la policía hace en contra de la población que reclama sus derechos y recibe represión y muerte a cambio de la protesta.

La acción de buscar una defensa privada para el violador de los derechos humanos que segó la vida de un joven y dejó luto en un hogar de Honduras, causó también indignación en sectores que reclamaron en las calles que la elección de Juan Orlando Hernández es ilegal y fraudulenta.

Audiencia

En audiencia de Declaración de Imputado que se celebró este día en los juzgados de letras de El Progreso, al policía Clase II, Olvin Fernando Gonzáles Velásquez, el juez le decretó arresto judicial, por presunta vinculación en la muerte del menor, quien ejercía su derecho a protestar por un elección presidencial fraudulenta.

Para los próximos días se espera se realice la audiencia de presentación de pruebas y será el Ministerio Público quien a través de sus fiscales que presentará las evidencias y solicitará la cárcel para el imputado.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, pudo verificar que al menos 23 personas habían muerto en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía.

El informe denominado Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, señaló que sobre la base de la información reunida, que incluye entrevistas con la Policía Nacional, la Dirección General de Medicina Forense y testigos, “la OACNUDH considera que hay elementos creíbles que indican que al menos 16 personas, entre ellas dos niños y dos mujeres, murieron como consecuencia del impacto de balas durante la dispersión de las protestas o las subsiguientes operaciones de persecución por las fuerzas de seguridad - ocho en el departamento de Cortés, tres en Tegucigalpa, dos en el departamento de Atlántida; y una en los departamentos de Yoro, una el departamento de Colón y otra en el departamento de Choluteca. La muerte fue causada por heridas en la cabeza (en siete casos), el pecho (en cinco casos) y las extremidades inferiores y superiores (en cuatro casos)”.

Vea el informe de la OACNUDH Aquíov