"El Juez no es imparcial", denunció la defensa de los 12 ambientalistas criminalizados en la comunidad de Guapinol, en la jurisdicción de Tocoa Colón, por defender los recursos naturales, entregados inconsultamente, por el gobierno de Juan Orlando Hernández a la empresa minera, Inversiones Los Pinares.

La compañía, es propiedad de Lenir Pérez y su esposa, Ana Facusse, hija del terratenientre, Miguel Facusse, a quienes les dieron en concesión parte de la zona núcleo del Parque Nacional, Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras, lugar donde nacen todas las fuentes de agua potable del municipio de Tocoa, una situación que tiene en alerta a los pobladores que se oponen a las operaciones de la empresa.

Y por defender el agua y los bosques, las autoridades han criminalizado a 32 pobladores de Guapinol y enviado a la cárcel a doce de sus líderes, incluida una mujer.

Los doce defensores del ambiente se presentaron voluntariamente para responder a los cargos imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, el pasado 25 de febrero, al finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez, Víctor Méndez, les dictó detención judicial y los mandó a la Penitenciaría Nacional.

Ellos son, Lourdes Elizabeth Gómez, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez, Juan Antonio López, Jose Eugenio Esquivel, Juventino Cruz, Alí Magdaleno Domínguez, Juan Manuel Cruz, Juan Francisco Cruz, José Santos Hernández, Carlos Leonel George y José Adalid Cecilio Mendoza, a quienes presentaron en la audiencia inicial, esposados y fuertemente custodiados, como si se tratara de verdaderos criminales. 

Omar Menjivar, abogado defensor, dijo que el juez, Víctor Méndez, ha tomado partido a favor de la empresa minera convirtiéndose en la contraparte del juicio, un lugar que le corresponde a la fiscalía, pero "estamos peleando contra el juez y esa no es la naturaleza", insistió el Menjivar.

En la audiencia inicial la defensa en la que también forma parte del abogado, Edy Tábora, ha planteado la nulidad del juicio y argumentado que el juez con jurisdicción nacional no tiene competencia para conocer la causa de los ambientalistas de Guapinol.

Además sin lograr nada en favor de los imputados, la defensa también ha planteado recursos de inconstitucionalidad y habeas corpus, "pero el juez está cumpliendo instrucciones de la empresa", aseguró el abogado Menjivar.

Asimismo, acusó al juez de resolver los planteamientos de la defensa, sin invocar ninguna ley. También denunció que el juez Méndez le pide opiniones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, una situación que evidencia su falta de independencia.

Vale decir que éste es un juicio observado por misiones diplomáticas de diversos países y por organismos nacionales y extranjeros de los derechos humanos.

En las afueras desde tempranas horas de la mañana, centenares de personas, representantes de diversas organizaciones sociales, respaldan a los ambientalistas y le exigen al juez su liberación.

Entre ellos, están los parientes de los imputados, campesinos, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de las organizaciones indígenas y negras.

Por la tarde una nutrida delegación de Guapinol y organizaciones de derechos humanos que les acompañan, acudió al Consejo de protección para denunciar la violación al Debido Proceso de los defensores de derechos humanos que están bajo total indefensión. Allí expusieron las irregularidades, entre ellas la asignación de un juez de jurisdicción nacional, persecución y amenazas que denunciaron desde el año pasado ante el Ministerio Público, pero que no fueron investigadas.

Defensa: Juez y fiscales delincuentes llevan a cabo el juicio 

Estamos ante un juez totalmente delincuente que no tiene ninguna garantía en el juicio, hemos interpuesto todos los recursos pertinentes y todo nos indica que a los compañeros los van a mandar a un centro penitenciario después de esta audiencia, dijo Edy Tábora, de C-LIBRE, en conferencia de prensa transmitida por redes sociales.

Los fiscales también son delincuentes, el Estado de Honduras tiene todo preparado para mandar a los compañeros de vuelta a la cárcel.

El Ministerio Público debe hacerse presente aquí y a la señora Any Ochoa que es Inspectora de Tribunales para que investigue la conducta delictiva y tráfico de influencias de este juez, porque esto es un juicio político contra todas estas personas.

Lo que está claro aquí es que este juez tiene un empecinamiento para mantener este caso, él no es competente para hacerlo porque la Ley no le da autoridad, el juez que debe conocer del mismo es el del Juzgado de Tocoa.

Él está cumpliendo órdenes y las está cumpliendo a toda costa, aunque quede evidenciado que no tiene capacidad profesional porque no puede argumentar sus resoluciones.

El sábado pasado Edy Tábora lo recusó el sábado pasado y se levantó diciendo que le iba a hablar al presidente de la Corte, eso lo descalifica como juez independiente, idóneo, que conozca de la materia judicial. Llega al colmo esto que nosotros no estamos confrontamos con la fiscalía sino contra el juez, eso no es la naturaleza del proceso.

Aquí nos toca estar rebatiendo los argumentos del juez, hemos planteado todos los recursos posibles, sin ninguna prospera, y no es que no tengamos la razón, sino que fundamentamos en ley y queda claro que no es competente en este caso. Este señor no merece respeto.

Aquí es claro que están cumpliendo instrucciones de le empresa minera que canaliza los mandatos a través del presidente de la Corte, cada vez que presentamos un recurso que le incomoda suspende la audiencia y va a hacer llamadas.

Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, dijo que es lamentable que cuando uno observa que hay una actitud persecutoria contra los compañeros y compañeros, pero este juez no argumenta, este es un juicio político donde se utiliza la Ley para enjuiciar a nuestros hermanos y hermanas porque no hay una argumentación para mantenerlos presos.