Desde vigilancia, amenazas a muerte, seguimientos y hasta utilización de falsos positivos para amedrentarla, han constituido cinco años de zozobra para la Doctora Ligia Ramos, Fiscal de la Junta Directiva del Colegio Médico, solo por defender el derecho a la educación en Honduras. Esta semana carros de la policía y hombres en motocicleta merodearon su casa y tomaron fotografías.
A simple vista se puede pensar que se trata de una política de dejar hacer y dejar pasar, pqra que los perpetradores lleven a cabo su estrategia de generar terror para ablandar a las voces fuertes del gremio médico de Honduras que han denunciado innumerables actos de intimidación y represalidas.
Cinco añosconstantes sin tranquilidad
Las amenazas se iniciaron tras haber denunciado actos irregulares en el sistema de salud y después de haber participado en la plataforma de Salud y Educación, aunque interpuso dos quejas ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, por amenazas y persecución.
Ramos manifestó a pasosdeanimalgrande.com que debido a las quejas en el CONADEH fue enviada al Mecanismo de Protección para recibir medidas, pero las mismas no se lograron concretar por desconfianza en el sistema de protección.
También el doctor Carlos Umaña, quien lidera los médicos del Seguro Social en el Norte del país, en relación a este nuevo hecho contra la doctora Ramos, expresó que sería una mala forma de parte del Estado de censurar a los doctores que denuncian la corrupción en los centros de atención, donde no se les ha cumplido con los contratos laborales ni a los médicos permanentes tampoco a los integrados por Código Verde.
Vea la entrevista completa de Ramos y Umaña:
Los derechos humanos de los trabajadores del área de la salud, no han sido garantizados durante la emergencia por Covid_19, más de 30 médicos y al menos la misma cantidad de enfermeras han fallecido debido a los pocos insumos de equipo de bioseguridad y exposición que han tenido.
Este 10 de agosto la policía capturó al doctor Marco Eliud Girón, acusándolo de amenazar con arma a una pareja, fue encarcelado en el Core 7 y el día siguiente internado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS), con indicios de tortura, después de mediodía del 11 de agosto fue dejado en libertad por falta de pruebas, por el Ministerio Público.
