Figueroa  explicó que hay un colapso  en los centros hospitalarios donde no hay cupos en la Unidad de Cuidados Intensivo,  UCI, y no se tiene cómo garantizar ayuda a los pacientes que llegan con necesidades respiratorias.

La doctora detalló que este gobierno ha hecho sistemáticas acciones para impedir el acceso a la salud de la población desmontando el sistema sanitario, al punto de que no hay ninguna acción efectiva para garantizar la vida, por lo tanto están cumplidos todos los elementos necesarios para interponer una demanda internacional y denunciar al mandatario por el delito de lesa humanidad, así como a todos los funcionarios que han participado.

Asimismo agregó que no existe ninguna protección por parte del gobierno frente a las muertes del personal de salud, ni siquiera cumple sus obligaciones como patrono, no hay una estabilidad laboral, ni un aseguramiento del seguro social, o a la vida, para las personas que están dando positivo ejerciendo su trabajo.

Sin embargo, sí se han cerrado centros de triajes, también se dejó de contratar personal y a muchos no se les ha pagado el salario, indudablemente un momento lamentable, que incluso se les ha violentado el derecho a la libertad de expresión porque si ellos hablan o protestan se les cancela el contrato, describió Figueroa.

Alejandro Mairena, abogado y defensor de derechos humanos, especificó que el derecho a la salud es una obligación que el Estado debe brindar a la población y en el caso de Honduras, es uno de los más violentado, la salud física y mental que ha vivido la sociedad durante la pandemia y los huracanes ETA y IOTA, ha sido de pánico y no todos han tenido acceso a una asistencia.

El abogado explicó  que el delito de lesa humanidad se comete por el Estado cuando intenta someter a la grupos determinados o población en general que se sublevan por las decisiones que perjudican su vulnerabilidad, la corrupción es un claro ejemplo del actuar maliciosamente por realizar “una compra basura”, evitando acceso a salud y acrecentando los casos de contagio.

El pánico es tan generalizado que provoca que esa persona que tiene los síntomas de Covid-19, no llegue a un centro hospitalario porque ya sabe las condiciones en las que se encuentra. La sociedad y organizaciones deben ser más exigentes en cualquier momento para que sea el primer derecho garantizado porque sin él nadie puede desarrollarse.

Según el abogado Mairena, el Estado de Honduras, ya habría sido sometido a demanda por este delito ero no se le comprobó y en la situación que se encuentra el país actualmente si existen todos incisos para exponer las pruebas del incumplimiento de los derechos humanos de la población. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, ha señalado que los Estados deben adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.”

En relación al concepto de Crímenes de Lesa Humanidad, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los crímenes contra la humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas, señala la ONU.