Según los miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, el acta fue adulterada agregando que tres comunidades estuvieron de acuerdo en el cabildo abierto en la socialización y aprobación de un proyecto de generación de 50 Watts de energía en el Río de Guapinol.
Un punto de agenda que no se llevó a discusión en dicho cabildo y que al entregar el acta número 083-2016 firmada por la funcionaria pública Norma Agripina García de la municipalidad de Tocoa, Colón, dirigida por el alcalde Adán Fúnez a la empresa y que le beneficiaría para que le entregaran la licencias de una Planta Peletizadora de Óxido de Hierro.
Leonel George, defensor y miembro del comité explicó que se trata de una acción que corrobora la corrupción y la ilegalidad entre la empresa, la municipalidad y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente, que han ejercido persecución y judicialización contra al menos 32 personas que defienden los recursos naturales, ocho de ellos guardan prisión desde septiembre del 2019 y cinco que están próximos a una audiencia.
Dicha organización también pidió a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, que actué con diligencia e investigué las irregularidades que han causado sufrimiento, angustia y muerte a las comunidades que ejercen la consulta ciudadana y están en lucha por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro.
La Empresa Inversiones ECOTEK, es propiedad de Lenir Pérez y Ana Facusé e inversionistas vinculados a la empresa Estadunidense Nucor, y desde septiembre del 2020 reactivó las funciones de la Planta Peletizadora de Óxido de Hierro.
Las comunidades aledañas al Rio de Guapinol y San Pedro, desde hace años mantienen una defensa territorial y ambiental contra la Empresa de Inversiones Los Pinares y Ecotek, donde los derechos de las comunidades se han visto vulneradas en la salud , debido a la contaminación del agua y la seguridad, por lo que han sufrido distintas violencias, criminalización, persecución y hostigamiento de empresarios y trabajadores de las compañías.
En Honduras el departamento de Tocoa Colón, es uno donde el Estado ha otorgados varias concesiones a proyectos vinculados al extractivismo e hidroeléctricas, que son impuestas en los territorios, afectando las formas de vida de las comunidades que se revelan y defienden su espacio, pero son criminalizadas con juicios impulsados desde el Ministerio Público.
Los derechos humanos de las poblaciones son afectados y el bienestar de una vida digna desaparece provocando desalojos y el deslazamiento forzado por la violencia ejercida a través de policías, militares, guardias de seguridad y grupos paramilitares.
