Este 28 de mayo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.  Organizaciones debatieron los efectos que ha provocado la normativa penal desde 1980, que ya prohibía el aborto y con el nuevo precepto jurídico se eliminan incluso las tres causales,  dejando un vacío legal en los casos de emergencia.

La abogada Haydee López, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos,  EJDH, indicó que en el nuevo Código Penal que ya está vigente y contiene la reforma sobre la prohibición absoluta del aborto, “fue todo un proceso que se realizó con prisa antes del cambio de legislatura en el Congreso Nacional, debido a que después de la aprobación de una Ley ésta debe ser ratificada,  y así lo hicieron el mismo grupo de diputados”.

También la abogada agregó que las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales por los derechos humanos de las mujeres, incidieron para evitar ese blindaje de la prohibición absoluta sobre el aborto que no toma en cuenta las causales dejando casi imposibilitada una reforma a futuro, pero la maquinaria mediática y de las iglesias evitó que se respetaran los derechos de las mujeres.

Las mujeres que abortan son  el resultado en mayoría, de emergencias obstétricas y las leyes de Honduras no les permite el estado de inocencia porque no se establecen los casos sin intencionalidad y eso no permite ningún tipo de salida, es un retroceso de derechos que se inició a gestar desde 1980, describió Haydee López.

Las defensoras citaron el caso de Victoria, una mujer que fue criminalizada durante 11 años,  acusada por perjuicio contra un no nacido, cuando ella llegó al hospital con dolores abdominales sin saber que estaba embarazada y el caso fue señalado como aborto, expuesta ante los medios de comunicación,  sufrió intimidación y efectos post traumáticos debido a la exposición a medios de comunicación y población en general. Finalmente en el 2021 se le dictó una resolución absolutoria.

La doctora Marianela Martínez, representante de OPTIO,  una organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica, indicó que lo primordial es la vida de la mujer porque es la que tiene niños y dirige la familia, “lastimosamente el gobierno lo ha olvidado, no escucha las recomendaciones internacionales porque a ellos moralmente les parece bien y no conocen las realidades nunca han pasado por una sala obstétrica para conocer los casos”.

Martínez detalló que es una ley sumamente preocupante para el gremio médico porque no es apegada a la ciencia, no reconoce el embarazado ectópico, o sea que el feto no se está desarrollando en el útero, embarazo  óbito, que tiene  muerte fetal,  y tampoco la pérdida del producto durante el parto, dejando abierta la posibilidad  de que las mujeres sean criminalizadas,  y el sistema judicial se ensaña durante el proceso legal.

La doctora relató que es triste ver niñas de 12 años embarazadas y no poder hacer nada porque el Estado no investiga a los depravados sexuales, sino que va en contra de esas mujeres que fueron violadas y tienen efectos físicos y mentales que no son tomados en cuenta, por esosua organización está acompañando la lucha de inocentes criminalizadas por delitos que no cometieron.

En el informe de la Oficina del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en  Honduras, OACNUDH, la representante recalcó que sigue sumamente preocupada por los obstáculos institucionales y legislativos en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, incluida la penalización del aborto en todas sus formas y la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia.