En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se presentó un reclamo administrativo para pedir la nulidad de la resolución emitida por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la que se expulsaba a los estudiantes y a la estudiante universitaria. 

La expulsión de los jóvenes y la joven ocurrió el viernes 18  diciembre 2014,  antes de que iniciaran las de vacaciones de fin de año en la Casa de Estudios Superiores. 

Fue el Decanato de Ciencias Sociales quien emitió la resolución a pedido de la rectora Julieta Castellanos y en dicho documento se estableció que la expulsión comprendía dos períodos académicos, en un proceso que mostró a todas luces que fue viciado y arbitrario. 

Los jóvenes Cesario Padilla (periodismo), Javier Barahona (Sociología), José Luís Herrera (sociología); Moisés David Cáceres (Sociología) y Sergio Ulloa (Trabajo Social y la joven Dayanara Castillo (Sociología) fueron expulsados y llamados a audiencias de descargo por realizar una serie de demandas a través de manifestaciones públicas en el campus universitario, en las que exigían mayor participación de la juventud en el gobierno estudiantil y el acceso a la educación pública negado por la UNAH a decenas de miles de estudiantes, entre otras peticiones. 

El 24 de julio de 2014 el estudiante Rommel Darío Morán Espinal fue brutalmente golpeado por la Policía y acusado por manifestaciones ilícitas y sedición, por el único hecho de hacer uso de la protesta social para demandar junto a más estudiantes respeto a sus derechos estudiantiles.

La presión de diversas organizaciones y sus compañeros se hizo sentir debido a que la idea era dejarlo con prisión preventiva. Esta fue sustituida por medidas sustitutivas, tiene prohibido salir del país, hacer uso de la protesta social, además debe llegar todas las semanas a firmar el libro del Juzgado de Letras de lo Penal, asediado por carros sin placas y vidrios polarizados que lo siguen cada vez que llega al tribunal.

El 19 de julio Morán debe presentarse a una audiencia donde es casi seguro que el juicio será elevado a Oral y Público. Con los dineros del pueblo de Honduras se castiga severamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y las autoridades universitarias están haciendo lo imposible por “sentare precedentes”, los cuales son funestos y pretender amedrentar a los y las estudiantes de esta institución educativa que debería ser ejemplo de democracia.

Asimismo en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula (UNAH-VS), las autoridades llamaron a audiencias de descargo a 17 estudiantes con amenazas de ser separados del sistema educativo superior por haber participado en protestas en la zona norte del país. 

Pese a que no había una resolución en firme de parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en enero de 2015,  cuando los estudiantes y la estudiante pretendieron matricularse,  sus cuentas estaban bloqueadas. 

Después de agotar el procedimiento administrativo en la UNAH, las abogadas  Ivania Galeano y Kenia Oliva de la Iniciativa Periodismo y Democracia con el acompañamiento de la periodista y defensora de derechos humanos y presidenta de PEN-Honduras, Dina Meza, procedieron a interponer un Recurso con suspensión del Acto Reclamado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual resolvió en forma favorable y con ello se permitió la matrícula a los estudiantes.

Como parte del seguimiento a este caso, la apoderada legal de la Iniciativa Periodismo y Democracia, Kenia Oliva y la abogada independiente Ivania Galeano se apersonaron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que se anulara dicha resolución. 

En ese sentido la UNAH disponía de 20 días hábiles para contestar la demanda que venció el pasado 30 de junio, justo la fecha en que la Máxima Casa de Estudios contestó. 

Sin embargo el juzgado de lo Contencioso Administrativo no ha hecho el auto de admisión de la respuesta enviada por la UNAH, de tal manera que se desconoce el contenido del documento hasta tanto dicha instancia judicial no haya hecho el auto de admisión. 

Se prevé que una vez concluyan las vacaciones del Poder Judicial que inician este 5 de julio y que se extenderán hasta el 20 del mismo mes, las partes serán notificadas del contenido de la respuesta que envió la UNAH sobre este caso. 

Por otro lado el Recurso de Amparo que se formalizó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aún no se le ha dado trámite.

Dicho amparo se presentó en vista de que en forma arbitraria, las autoridades de la UNAH, que preside la rectora Julieta Castellanos, habían ordenado el bloqueo en línea (internet) de la matrícula a los estudiantes y a la estudiante expulsada de este centro de estudios superiores. 

Esa disposición se aplicó estando pendiente un trámite administrativo, en el que se solicitó la nulidad de la resolución de expulsión, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de amparo con suspensión del Acto Reclamado y le ordenó a la UNAH que abriera el sistema de matrícula (disponible en internet) para que los estudiantes pudieran matricularse hasta tanto no se resuelva la parte administrativa que conoce el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. 

Desde la Rectoría se descalifica el liderazgo de varios estudiantes 

Asimismo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se ha pronunciado por el amparo, pero existe la medida cautelar de habilitar la matrícula de los estudiantes. 

Sin embargo, “la UNAH ha estado en varias ocasiones enviando información a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con fotos de los estudiantes, diciendo que éstos siguen participando en manifestaciones y que hacen caos en la universidad, cuando la medida cautelar no es una prohibición, los estudiantes no la tienen y la Corte le ha declarado sin lugar todas estas peticiones que ha hecho la UNAH, porque el amparo no es contencioso”, aseguró la abogada Kenia Oliva. 

Por su parte la abogada  Ivania Galeano expresó que llama nuestra atención el escrito presentado por la Universidad para que se mandara a formalizar por parte de la Sala de lo Constitucional el Recurso de Amparo, lo cual generalmente toma un buen tiempo para que la Corte lo mande a hacer.

Otros casos muestran cómo la propia rectora Castellanos ha tratado de perjudicar el liderazgo estudiantil de Cesario Padilla de la carrera de Periodismo y miembro del Movimiento Amplio Universitario (MAU) y otras dirigentes de San Pedro Sula. “Consideramos que esto es importante para que se resuelva de forma más expedita el recurso y esperamos que también sea este el objetivo de la Universidad. En la formalización del mismo solicitamos que se mantenga la medida cautelar decretada por la Sala, consistente en que los y la estudiante continúen cursando sus clases normalmente. Estaríamos a la espera de que la Sala continúe con el trámite del amparo y acceda a lo solicitado en el escrito de formalización”, señal.

En una comparecencia en el canal Hondured, textualmente la rectora expresó respecto a las jubilaciones de docentes: “…hay muchos profesores que están molestos con nosotros porque no hay aumento, y es imposible ese aumento, entonces se fueron y lo escriben en las redes…ahí están hijos de estos profesores que están en el MER y están en  el MAU, allá en San Pedro Sula, incluso dicen sigue usted rectora, después va a caer usted…son los del MER en San Pedro Sula, porque ahí está la hija de Silvia Ayala, están otros profesores en San Pedro Sula y están en Tegucigalpa, el hijo de otro jubilado Félix Cesario…no hay que preocuparse por esa gente que está hablando de uno…” 

Los otros jóvenes han denunciado que la guardia privada de la UNAH, les siguen sus movimientos y que les toman fotografías, mientras ellos y ella, pernoctan en el campus universitario. 

Volviendo al Recurso de Amparo, “la UNAH no tiene nada que hacer con respecto al Amparo, ellos mandaron su informe sobre el cierre del sistema de matrícula contra los estudiantes, sin esperar hasta que la Sala de lo Constitucional emita una resolución del amparo”, explicó Oliva. 

En el Ministerio Público (MP) inicialmente se informó que no procedía la denuncia porque se asumió que una vez habilitada la matrícula de los estudiantes y a la estudiante, había que cerrar el caso, porque ya no existía violación de derechos. 

“Pero es que la violación de derechos humanos ocurrió en el momento en que los expulsan, y pese que había un auto de cierre, yo traje la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde la Corte dice que se violentaron derechos constitucionales y por lo tanto deben reintegrar a los estudiantes”, afirmó la profesional del derecho Kenia Oliva. 

Debido a esta acción, la Fiscalía contra la Corrupción decidió darle un auto de investigación a la denuncia, solo que aún no se han asignado fiscales para la misma. 

Entretanto en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instancia donde también se denunció el abuso de autoridad de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, decidió en primera instancia cerrar el caso al conocer que los estudiantes habían sido reintegrados, pero en vista de las manifestaciones expresadas por la UNAH ante la Sala de lo Constitucional y de las expresiones públicas en los medios de comunicación donde se ha continuado intimidando a los estudiantes, el CONADEH realizará diligencias en pro de los jóvenes perseguidos por hacer uso de manifestaciones pacíficas dentro del campus universitario, en demanda de sus derechos.