En tal sentido, no es casual que diferentes organismos internacionales ubiquen a Honduras en el primer lugar de violencia mundial y como el país de mayor riesgo para el ejercicio periodístico. En los últimos años la prensa se ha enfrentada a niveles de violencia inaceptables para cualquier sociedad que se considere medianamente democrática y pluralista.

Cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) revelan que solo en el 2014, primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, una decena  de periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados en el país. 

Del total, 44, entre ellos varios beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), murieron después del golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas en junio de 2009 para derrocar a Manuel Zelaya Rosales.

Aunque nadie se explica la razón, los  gobernantes que asumieron el poder después de la ruptura constitucional, en lugar de investigar las muertes de los periodistas, adoptaron posiciones de confrontación, no solo con la prensa, sino también con los líderes de las organizaciones sociales opositoras al régimen.

Ante los reclamos de organismos nacionales y extranjeros las autoridades hacen  señalamientos infundados y aseguran que algunos periodistas fueron asesinados por la delincuencia común  y que otros tenían vínculos con bandas del crimen organizado. 

“Pero no hay certidumbre de cuál fue la causa ni quién estuvo detrás de esa muerte y  lo primero que a uno se le ocurre es que fue por el ejercicio de su profesión”, dijo Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El Ministerio Público  creó en agosto de 2013 la unidad de investigación de muertes de impacto, adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, la población esperaba enjuiciamientos de los criminales, pero la impunidad persiste porque en los últimos cinco años la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), sufrió un fuerte debilitamiento en el marco de un fracasado proceso de depuración policial que fue alimentado por el mismo Poder Ejecutivo.

En enero de 2014, 161 investigadores entre agentes, subinspectores, inspectores, subcomisarios y comisarios, algunos certificados por la Embajada de los Estados Unidos, fueron despedidos porque Secretaría de Seguridad, los acusó de reprobar la prueba de polígrafo que les aplicó la Dirección de Inteligencia Militar.

Sumado a lo anterior, en  el año 2012 el ex director de la policía, Juan Carlos, “el Tigre” Bonilla trasladó a 40 oficiales y agentes de la DNIC a la Policía Preventiva. Estos investigares fueron enviados a realizar operativos en el Bajo Aguan y el Boquerón, una situación inconcebible, si se toma en cuenta que en los últimos años Honduras se ubicó como el país más violento del mundo.    

Pero a la muerte impune de periodistas también se suman la censura que imponen los dueños de medios y jefes de redacción, las amenazas a través de llamadas y mensajes telefónicos, agresiones físicas, seguimientos en vehículos, querellas y otras acciones represivas de parte del Estado.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), escritor, columnista y defensor de los derechos humanos, Juan Almendares Bonilla, considera que la población vive en un escenario de violencia estructural, donde  no solo se amenaza a la prensa sino a toda persona que expresa lo que piensa.

Pero el coordinador de la APJ, piensa que la falta de independencia que pesa sobre los medios de comunicación también le provoca mucho daño a la sociedad, “porque están sujetos a ser instrumentados, a obtener beneficios o a influir en la agenda pública de los grupos económicos y políticos de los cuales dependen”, expresó.

La publicidad oficial

Desde que Honduras retomó el camino de la democracia en 1980, el país ha sido gobernado por los dos partidos tradicionales, liberal y nacional. Con el tiempo se ha observado que el gobierno de turno utiliza el renglón de publicidad para financiar las campañas políticas de los funcionarios que buscan la reelección, sea como diputados o como miembros de las corporaciones municipales.

En esa misma ruta, ahora el ejecutivo también desarrolla una tremenda campaña para la aprobación de leyes que le permitan allanar el camino de una posible reelección. Hay sectores que señalan al ejecutivo de utilizar el soborno como estrategia de incentivo a periodistas y empresas de comunicación en las que se emiten mensajes favorables para el presidente y de chantaje para la oposición.

De esa manera la publicidad oficial se ha convertida en una herramienta de pagar o de pegar.

Ante esa realidad, una investigación que bajo el patrocinio del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) desarrolló a mediados de 2008 la periodista, Telma Mejía, señala que la publicidad del gobierno se ha convertido en un instrumento de premio y de castigo para los medios de comunicación y periodistas con programas independientes.

El abuso y uso de los recursos permite a los funcionarios hasta condicionar la adjudicación de contratos de publicidad con los periodistas y dueños de medios.

Ante tal situación, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional recomendó en su informe la promulgación  de una Ley que regule la distribución de los contratos de publicidad, pero al Congreso Nacional no le conviene legislar en este sentido, porque afectaría el interés de los diputados y de su presidente en particular. Es un tema no agendado en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora no ha habido presidente del Congreso que no haya tratado de convertirse en presidente del país utilizando dinero del Poder Legislativo. Las enormes cantidades de recursos que gastan en crearse imagen a través de la publicidad oficial se vuelve insultante  para una población que diariamente se debate en la incertidumbre del ¿qué comeré mañana?

En agosto del 2012, cuando el presidente Juan Orlando Hernández presidía el Congreso Nacional y andaba en campaña política,  el sacerdote católico, Fausto Milla, le pidió que  rindiera cuentas del presupuesto del Poder Legislativo y de los recursos que estaba gastando. Sin embargo, no hubo respuesta a la pregunta, porque los medios de comunicación, en su mayoría controlados por el Partido Nacional, la desapercibieron.

Soborno

Como parte de la investigación realizada con el CNA, Telma Mejía investigó el quehacer de los periodistas en las instituciones públicas y según explicó, que los funcionarios utilizan los recursos a través de dos vías. Una, que es la publicidad  legalmente adjudicada a través de contratos y la otra, comprendida en el soborno que les entregan a los comunicadores por debajo de la mesa.

“Eso se conoce como las coimas y de ellas no queda mayor rastro”, dijo Mejía,  al detallar que este dinero lo pueden recibir los periodistas en efectivo de manera directa o a través de cuentas bancarias o de manera directa en efectivo.

Como parte del soborno, los funcionarios también acostumbran llevar a cabo celebraciones de fechas especiales, viajes y  regalías, que forman parte de las estrategias para que los periodistas dueños de medios o empleados de las grandes corporaciones realicen trabajos favorables a la institución o a su persona.

De la ejecución de este dinero no queda registro alguno y son negociaciones directas entre el periodista y el funcionario. En Honduras todos hablan de libertad de expresión, pero nadie desconoce  que la mayoría de medios de comunicación irrespetan la ley al negarle a sus trabajadores hasta el pago del salario mínimo.  

Hay reporteros en Tegucigalpa y San Pedro Sula que el sueldo lo reciben a través de espacios publicitarios, mientras que los corresponsales de la zona rural se conforman con una grabadora y un carné que les permita “rebuscarse” y solicitar la ayuda de sus entrevistados. “Aquí vienen los periodistas y después de que me entrevistan me piden dinero”, dijo el doctor Julio Nolasco, ex alcalde del municipio del Negrito Yoro, cuando fue consultado sobre el tema.

Injurias

Otra evidencia de que la libertad de expresión en Honduras está limitada se puede obtener en la enorme cantidad de periodistas y miembros de organizaciones civiles que en este momento enfrentan querellas por difamación, injuria y calumnia, figuras legales contenidas en el Código Penal  y concebidas como delitos contra el honor.

Debates y Posiciones

En mayo de 2012, los tribunales de justicia  de Santa Rosa de Copan, admitieron una demanda por difamación y calumnia en contra de la profesora Dilsia Cantarero. Ella había denunciado que el director departamental de educación, Elvin Fredy Díaz, realizaba nombramientos ilegales de profesores  y que supuestamente acosaba sexualmente a maestras que llegaban a realizar trámites, entre otras irregularidades.

La profesora representaba al Sindicato de Profesores y Docentes de Honduras (SINPRODOH), ante la junta de selección departamental, organismo que también tomo represalias contra ella y la separó del cargo que ostentaba, por haber denunciado la supuesta corrupción.

Por difamación y calumnia también fue acusada la defensora de derechos humanos y coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla (Chonas), Gladys Lanza. Ella está bajo proceso judicial por una querella que interpuso el director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda (Fundevi), Juan Carlos Reyes.

Represión de la protesta social como herramienta de defensa de los derechos humanos de las mujeres

Como defensora de los derechos humanos, en el año 2011 Lanza acompañó a la jefa de Recursos Humanos de FUNDEVI, Lesbia Pacheco, en una denuncia por acoso sexual y despido ilegal cometido en su contra por el director de esa institución. Y por esa acción hace cuatro años, Juan Carlos Reyes,  esposo de la diputada Liberal y ex Ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, la acusó criminalmente.

Por denuncia de la afectada, las Chonas adoptaron el caso y acompañaron a Pacheco en la demanda laboral, realizaron manifestaciones públicas y lograron que el Juzgado del Trabajo fallara a su favor y ordenara su reintegro. No obstante, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revirtió el fallo del tribunal.  

La querella contra lanza continuó y el pasado 13 de enero el Tribunal de Sentencia celebró audiencia para evacuación de pruebas. El juicio continuará el 27 de este mes, la parte acusadora pide condena de dos años de prisión y la defensa su sobreseimiento del caso.  

Otra limitante de la libertad de expresión la encontramos en el profesor jubilado y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Ruy Díaz, quien fue detenido por la policía municipal de San Pedro Sula cuando protestaba pacíficamente contra el aumento del peaje.

Díaz inició su protesta con una huelga de hambre, se ubicó a un extremo de la caseta de peaje ubicada en el Bulevar del Norte y en silencio, portando un cartel y un ataúd se manifestaba en contra de un aumento del 100% aprobado por la corporación municipal y que entró en vigencia  el pasado uno de enero. El profesor fue detenido a las 6 de la mañana del dos de enero por una patrulla de la policía municipal, los agentes le dijeron que cumplían órdenes precisas del Alcalde, Armando Calidonio.   

Legislación

El Código Penal en los artículos 155, 157 y 160 imponen penas hasta de tres años de reclusión contra las personas que incurran en los delitos de injuria, calumnia o difamación. Y “quien publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será penado como autor de las injurias o calumnias de que se trate”, señala esta Ley en el artículo 161, precepto del que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), solicitó en agosto de 2012 su derogación, no se logró y los periodistas siguen siendo enjuiciados por cometer delitos contra el honor.

En diciembre de 2011el Congreso Nacional  aprobó la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas o “ley de escuchas”, legalizando las prácticas que desde décadas atrás venían realizando el ejército y la policía para intervenir la comunicación de los opositores del gobierno. La herramienta útil no solo para intervenir llamadas sino también otros medios de comunicación, la aprobaron con el argumento de que serviría mucho en el combate a la criminalidad.

“Me informaron los cuerpos de inteligencia que se detectó una llamada en donde el narcotráfico ofrece dinero a diputados para que no aprueben la ratificación de la Policía Militar”, aseguró el mandatario, sin mencionar a las personas que según él, se comunicaron para hablar del tema.

Otro decreto que el Congreso Nacional aprobó en enero de 2014, cuando el Partido Nacional tenía control absoluto de ese poder del Estado,  es la Ley de Secretos Oficiales, una normativa que limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y que además contempla sanciones contra quienes divulguen información clasificada.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica le daba la facultad al IAIP de clasificar la información pública, pero la nueva legislación otorga esta función al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La ley de Secretos clasifica la información en reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, hasta por 25 años.

La libertad de expresión se concibe como el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones y es una garantía predominante en las sociedades democráticas. Sin embargo, en Honduras se limita por la criminalidad impune, la censura y las amenazas que provoca la intolerancia del sector público y privado que ve en la prensa y en las organizaciones populares un obstáculo para mantener en secreto las acciones irregulares de la gestión pública.