El Estado de Honduras debe cumplir sus promesas a la comunidad internacional para proteger a los periodistas, combatir la impunidad de los ataques y proteger la libertad de expresión, dando un relato honesto de los avances y deficiencias en las Naciones Unidas en Ginebra el viernes, dijo PEN Internacional este 07 de mayo, a pocas horas de que Honduras sea sometido al Examen Periódico Universal, EPU, en Ginebra, Suiza.
 
El segundo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de Honduras se llevará a cabo en el contexto de la espiral de la violencia contra periodistas en el país y la creciente restricciones en su capacidad para trabajar con libertad, a pesar de las promesas hechas en sentido contrario en la revisión anterior en noviembre de 2010.
 
 "El EPU de Honduras el 8 de mayo no debe ser sólo de hacer discursos para masajear la imagen internacional del país", dijo Dina Meza, presidente de PEN Honduras. "Exigimos la acción y no palabras".
 
"Además de la aceptación de las recomendaciones, el Estado hondureño debe presentar un cronograma de acciones planificadas que pueden ser monitoreados por la comunidad internacional con el objetivo de dar una respuesta rápida a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto."
 
Opinión de mañana es probable que incluya la discusión de la aprobación del Congreso de Honduras 'el 15 de abril 2015 una ley para proteger a los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y profesionales de la justicia, después de casi dos años en la tubería. La aprobación de una ley destinada a proteger a los periodistas es un paso positivo que PEN ha pedido en el pasado.
 
Sin embargo, el mecanismo oficial de protección establecido por la presente ley sólo se puede implementar de manera significativa si se asigna suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, e incluye la plena participación de periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil.
 
Por otra parte, ningún mecanismo de protección puede mejorar la seguridad si se permite la impunidad de los ataques a los periodistas a persistir.
 
A pesar de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el último UPR, las administraciones actuales y anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar violaciónes de la libertad de expresión y proteger a periodistas, mientras que numerosas iniciativas para luchar contra la impunidad han dado escasos resultados concretos.
 
Al menos 30 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el último examen periódico universal y al menos 48 desde 2003. Las condenas sólo se han obtenido para cuatro de estos asesinatos, con el 44 restante sin resolver - una tasa de impunidad de casi el 92 por ciento. Incluso en los casos de condenas, la justicia es sólo parcial y ninguno de los autores intelectuales han sido procesados.
 
Mientras tanto, nuevas leyes y prácticas introducidas desde la última UPR restringen cada vez más la capacidad de los periodistas e investigadores para trabajar libremente en Honduras.
 
La Ley Especial de 2011 sobre la interceptación de comunicaciones privadas ha sido criticado por ser contraria al derecho a la privacidad y potencialmente permitir la vigilancia arbitraria por el Estado.
 
La Ley 2014 de Secretos Oficiales y clasificación de la información abroga efectivamente el acceso de 2006 a la ley de información, prestación de dicho acceso arbitraria y depende del capricho de los funcionarios individuales.
 
Es preocupante que el actual gobierno ha priorizado también-des una promesa hecha por la administración anterior para despenalizar parcialmente la difamación, que todavía se castiga con hasta cinco años de prisión. Esto tiene un efecto amedrentador sobre periodistas, contra los cuales dichas demandas a veces son llevados con la intención de silenciar a ellos - como lo ilustra el caso de la periodista de TV Globo, Julio Ernesto Alvarado, miembro fundador del PEN Honduras.

Alvarado fue condenado a prisión y trabajos prohibición de 16 meses 'en diciembre de 2013 para informar sobre las denuncias de corrupción por un decano de una universidad estatal. El Estado de Honduras ha ignorado hasta la fecha una sentencia noviembre 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la sentencia mientras se investiga el caso. El caso fue destacado por el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión de World Press Freedom Day en 03 de mayo 2015 que subraya la importancia de la despenalización de la difamación en las Américas.

A pesar de los compromisos internacionales del Estado de Honduras a respetar y promover los derechos culturales, escritores en el país han lamentado la falta de inversión en el sector cultural y de una política a largo plazo para promover la formación, la producción y la investigación, sobre todo desde el golpe.
 
El estado también ha fallado en cumplir su promesa de 2010 para firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y, lo que daría hondureños el derecho a presentar quejas individuales ante la ONU acerca de la violación de estos derechos.

PEN Internacional pide a las autoridades hondureñas a:

· Mejorar las investigaciones de los crímenes contra periodistas mediante el desarrollo de recursos adecuados, protocolos especializados dentro de la Oficina del Fiscal Público (Ministerio Público) que priorizan cualquier vínculo con su profesión, y garantizando que todos los fiscales y policías que participan en este tipo de investigaciones tienen un conocimiento profundo de la labor periodística y los derechos humanos

· Asegúrese de que la nueva ley de protección al periodista se aplique con eficacia a través de suficientes recursos financieros, humanos y técnicos y la participación significativa de los periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil

· Despenalizar la difamación y que sea un delito civil

· Revisar la Ley de Secretos Oficiales y clasificación de la información para asegurarse de que no se puede utilizar para restringir ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información

· Derogar la Ley Especial de Interceptación de Comunicaciones Privadas y asegurar que se revisan que todas las prácticas actuales de vigilancia para garantizar que se cumplen las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión

· Desarrollar e implementar una política nacional adecuadamente financiado y no discriminatorio para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil

· Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Para leer las recomendaciones completas del PEN, haga clic aquí

Para firmar una petición al Estado hondureño a suspender la sentencia de Julio Ernesto Alvarado en línea con la decisión de la CIDH, haga clic aquí (sólo en español)

Para leer una declaración del PEN Honduras, haga clic aquí.