Ante un hecho inusitado de violación de la libertad de expresión --en un país en el que desde el 28 de junio de 2009 han sido asesinados varias decenas de periodistas y muchos más amenazados--, finalmente la CIDH otorgó la medida cautelar en noviembre de 2014 a favor del periodista.

Ni siquiera una reunión entre el procurador general de la República, la CIDH y la defensa de la víctima, en la que el Estado hondureño asumió un nuevo compromiso para que no se insista en violar la libertad de expresión y el derecho al trabajo del periodista Alvarado, ha dado el resultado que se esperaba. Así la semana pasada, “a la salida de su programa de televisión Noticiero Mi Nación, a eso de las siete de la noche, una arrogante funcionaria del Juzgado de Ejecución llegó a hacerle la notificación de suspensión de la profesión. Esto se produjo apenas a ocho días de asumir la responsabilidad ante ese organismo internacional”, según lo denuncia la activista por los derechos humanos Dina Meza.

Este es uno de esos casos absurdos que, además de dañar más la deteriorada imagen del países, exponen a Honduras a demandas millonarias que desgraciadamente pagaremos todos los hondureños y no aquellos funcionarios que desde sus actuales puestos se empecinan en imponerse ya sea por conveniencia, por resentimientos o para satisfacer sus propios egos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/opinion/editorial/896923-469/el-caso-de-julio-ernesto-alvarado