El 28 de julio de este año decenas de estudiantes continuaron con las protestas en apoyo a sus pares de la carrera de Odontología del Valle de Sula, en el Norte de Honduras, a quienes se les canceló su período académico por protestas por falta de espacios y estructura adecuada para sus prácticas odontológicas, debido a que lo hacen en condiciones de insalubridad.

Después de esa protesta y seguido de declaraciones de la rectora Julieta Castellanos que señaló pérdidas millonarias y retención por la fuerza de empleados de la UNAH, aunque esto  nunca existió, solicitó requerimiento fiscal al Ministerio Público, lo cual sucedió de forma inmediata, lo cual no ha ocurrido con denuncias contra la rectora por Abuso de Autoridad, desde principios de este año y que permanecen engavetas en los escritorios de los fiscales.

Vélasquez que estudia matemáticas, tuvo que esperar varios meses para que se le diera continuación a la audiencia de declaración de imputado  y su caso  se suma a la lista de los otros tres, Cesario Padilla; Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, criminalizados por la misma lucha.

La Jueza número 07 del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en su resolución tomó como por sentada la declaración de una testigo presentada por la rectora Castellanos y desestimó las pruebas de la defensa que señalaban que no se había acreditado la participación del estudiante en mención en la comisión del delito de usurpación ni en la toma del edificio administrativo el 28 de julio.

También la Jueza tomó como ciertas las declaraciones de Roger Aguilar,  Jefe de Seguridad de la UNAH, quien señaló haberlo reconocido por su voz y que se descubrió la cara. Este mismo testigo fue presentado por la rectora universitaria contra los otros tres estudiantes y del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, como si esta persona fuera omnipresente y estuviera en todos los centros para acreditar la participación de los estudiantes.

La Jueza desestimó la declaración de Javier Ávila, por ser miembro del Movimiento Amplio Universitario, MAU, del cual es militante Josué Armando Velásquez,  y manifestó en su resolución que “ es obvio que su declaración va dirigida a favorecer a su compañero”.

Dicha jueza también desestimó una inspección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, bajo el propio titular de la institución que llegó a verificar los hechos en esa fecha.

Sin embargo la juzgadora  sí tomó como cierto todo lo dicho por Roger Aguilar, quien es empleado de la rectora universitaria Julieta Castellanos, en la seguridad de la UNAH, lo que deja evidencia de que los estudiantes están estigmatizados y se enfrentan en desigualdad ante el arrollador sistema de justicia de Honduras que se colude con el autoritarismo imperante en la UNAH. Asimismo en su decisión trató de lavarse las manos argumentando que no se está violentando el derecho a la libertad de expresión a través de la protesta pacífica.

La abogada Kenia Oliva por parte de la Iniciativa Periodismo y Democracia y el abogado Mario Rojas, por el Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, son los apoderados legales de Velásquez que se presentaron a la audiencia aperturada por fin este martes 10 de noviembre. Al salir de la misma y ante la decisión con la que no estuvieron de acuerdo,  manifestaron que apelarán  porque se violentó el Debido Proceso y el Acceso con igualdad a la justicia.