La actual gestión gubernamental goza de la Ley de Secretos Oficiales que impide el acceso a información relacionada con el Fondo de Seguridad Poblacional conocido popularmente como “Tasa de Seguridad”.

Además de los más de 4 mil millones de lempiras que los hondureños tributan anualmente para la referida tasa, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reservó la potestad de decidir qué información será pública y reservada, hasta por 25 años.

A la secretividad se sumaron varias instituciones que niegan a la población el acceso a información pública, alegando razones de seguridad nacional y sin fundamentar la valoración de la prueba de fuego sobre beneficio y daño nacional y colectivo, sobre el particular.

Una población informada correctamente sobre la gestión pública central y local puede realizar rendición de cuentas, formular mejores demandas ciudadanas y acompañamiento a iniciativas de interés general, aportar al combate de la corrupción y la eficiencia de la gestión pública, y de esa manera  tomar las mejores decisiones en pro de la satisfacción de necesidades colectivas.

La actual normativa no sólo obstaculiza la rendición de cuentas sino también establece sanciones para aquellas personas que en caso de obtener información secreta opten por difundirla.

Restricción atemoriza

La comunicadora y consultora Signy Fiallos indicó que “en Honduras la libertad de expresión está restringida porque aunque se puede hablar, entre la gente la eventual represión causa miedo”.

Y es así “porque las personas que denuncian son enjuiciadas o se convierten en víctimas de la violencia y cuando ocurre esto último la justificación es que se trata de delincuencia común”.

Fiallos  fundamentó su apreciación con el caso del periodista de una televisora de Choluteca, Selvin Euceda, que por denunciar corrupción en una camaronera ahora es víctima de una querella en los juzgados del sector.

“No tenemos libertad de expresión plena, es a medias, está condicionada”,  y muchos de los denunciados por periodistas o ciudadanos son amedrentados o silenciados.

Ejemplificó  que además de la amenaza con querellas existe la Ley de Secretos Oficiales que obliga a periodistas a no informar adecuadamente a la población. El gobierno decide a qué información pueden acceder los periodistas y qué puede y no puede conocer la población.

La normativa establece sanciones para los comunicadores que divulguen la información estatal que no conviene al gobierno y esa restricción de acceder a la información pública limita la libertad de expresión.

Secretividad obstaculiza la investigación

El periodista Eduardo López comentó que la libertad de expresión se ha fortalecido en las redes sociales pero para que Honduras avance en este campo se requiere la eliminación de la secretividad oficial.

Recordó que en el actual proceso de escogencia de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los periodistas no han tenido acceso a información vital que permita a la ciudadanía conocer los méritos y trayectoria de los postulantes.

No hubo acceso oportuno de esa información para  periodistas y ciudadanos porque la Junta Nominadora consideró que se trataba de información privada, obstaculizando así el acceso a la información pública porque es un escrutinio cuyo objetivo es seleccionar a los mejores candidatos a magistrados.

Eduardo López agregó que aunque en las redes sociales hay más ejercicio de la libertad de expresión, existe la debilidad de que muchas personas confunden esa libertad insultando y denigrando a otros.

“Lo mejor sería eliminar la secretividad de la información pública porque la actual restricción obstaculiza e impide la investigación y que la ciudadanía se empodere de información vital para el fortalecimiento de la democracia. Hay que eliminar la actual barrera informativa, el control estatal”, puntualizó López.

“Hay que respetar el acceso a la información”

El periodista Robert Marín dijo que en todos los medios de comunicación del mundo, así como en otros espacios ciudadanos, hay limitantes para el ejercicio de la libertad de expresión muchas veces relacionadas con la política editorial.

Sin embargo, continuó, “los periodistas podemos hacer la diferencia buscando siempre la información que aporta a la democracia, a la construcción de ciudadanía y justicia social,  al combate de la corrupción”.

Marín lamentó que en Honduras existan leyes que violenten el acceso a la información pública como la Ley de Secretos Oficiales, la de intervenciones telefónicas y otras que niegan a la ciudadanía información de interés nacional.

Los tres entrevistados coincidieron que Honduras, con altos niveles de pobreza y corrupción, requiere de acceso a la información pública y de rendición de cuentas.