El juicio que enfrentan se inició en julio de 2015 cuando en todo el país la población universitaria llevó a cabo jornadas de protesta por ilegalidades  y violación a sus derechos estudiantiles, la represalia se hizo esperar y la rectora Julieta Castellanos inició los procesos judiciales a través de la solicitud de requerimientos fiscales por usurpación, logrando casi de inmediato que el Ministerio Público cumpliera su petición y llevando ante los tribunales de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba a unos 24 estudiantes.

Los estudiantes Sergio, Moisés y Cesario son  parte del  Comité pro Defensa de los Derechos Humanos en la UNAH  y el día de las tomar ejercían su labor como defensores de derechos humanos, pero eso fue desestimado por la jueza. El joven Cesario se ha integrado a la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, que partió de Honduras este 29 de marzo de 2016 pasará por varios puntos de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, hasta llegar a Nueva York para demandar  ante la Asamblea Especial de la ONU que se cambie la política de drogas porque ha sido unj fracaso y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos en todos estos países . Él -Cesario Padilla- está evidenciando en la caravana la situación de represión en la UNAH, contando a todos los caravaneros la gravedad de las acciones para desmantelar el movimiento estudiantil.

Jueza desestimó testigo de estudiantes

El testigo principal de la UNAH fue el jefe de seguridad privada, Roger Aguilar, que mantiene una vigilancia sistemática y persecución contra los líderes estudiantiles. La jueza que llevaba la causa sí aceptó como real su testimonio plagado de contradicciones pero desestimó un estudiante que fue llevado como testigo porque en la resolución la togada manifestó que era parte del MAU, lo que dejó claro que había una estigmatización de los estudiantes y el derecho a la organización contemplado en la Constitución de la República y en convenios y tratados internacionales suscritos por Honduras.

Los procesos fueron sobreseídos  en las demás ciudades del país a excepción de la capital donde el proceso continúa contra Cáceres, Padilla, Ulloa y Armando Velásquez. La Audiencia de este jueves 31 de marzo, a las 10 de la mañana,  corresponde para  los tres primeros que serán representados por los abogados Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia y por Edy Tábora del Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE.

Recurso de Amparo con Suspensión de Acto Reclamado

La abogada Kenia Oliva presentó este 29 de marzo una Acción de Amparo interpuesta por violación a derechos constitucionales del Derecho a la Debida Defensa;  Derecho al Debido Proceso; Derecho a la igualdad ante la Ley y se solicita la  medida cautelar urgente de suspensión del Acto Reclamado.

A finales de 2015 Oliva interpuso una Apelación  para impugnar el Auto de Formal Procesamiento del 28 de octubre de  ese mismo año porque provocaba grandes violaciones a derechos fundamentales de los tres estudiantes, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán.

También  la abogada presentó un Recurso de Reposición ante la misma Corte de Apelaciones, se pretendía que dicha corte  revisara la resolución del Auto de Formal Procesamiento, sin  embargo el 08 de enero de 2016  también fue denegado este recurso, por eso es que se interpuso la  Acción de Amparo porque sería  el único remedio procesal jurídicamente posible para restablecer los derechos constitucionales violados por las actuaciones de la Corte de Apelaciones que se dio el lujo de emitir una resolución donde también condenaba a los estudiantes sin haber iniciado el Juicio Oral y Público y sobrepasando sus atribuciones.

Asociación ilícita contra la justicia

En todo el proceso judicial se han cometido arbitrariedades por parte de los operadores de justicia iniciando con el Ministerio Público que no citó en la debida forma a los estudiantes y emitió una orden de captura.

Asimismo de esta dependencia solicitó que se declarara una organización criminal al Movimiento Amplio Universitario, MAU, al cual pertenecen los estudiantes criminalizados.

Aunado a eso la rectora Castellanos pretendía que los jóvenes fueran condenados a pagar daños y perjuicios por las tomas de edificios y demandó unos 13 mil millones de lempiras, una cantidad que sobrepasa más de tres veces el presupuesto general de la UNAH.

En la Audiencia Preliminar el Ministerio Público debe aportar las pruebas necesarias para que el caso pase al Juicio Oral y Público. Tal como se han desarrollado los acontecimientos y de la unidad de todo el sistema de justicia contra los estudiantes, se espera que se vaya a esa etapa en la total indefensión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de todas estas arbitrariedades y se le ha solicitado emita una medida cautelar a favor de los jóvenes por las amenazas, hostigamientos, vigilancia, campañas de desprestigio y criminalización de que son víctimas.

Seguimientos antes de la audiencia

En el preámbulo de esta Audiencia Preliminar se intensificaron las acciones de seguimiento y vigilancia contra Moisés Cáceres, lo que obligó a la Iniciativa Periodismo y Democracia a través de la abogada Kenia Oliva, a interponer una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y en el Mecanismo de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos.

Se ha lanzado una alerta a nivel internacional sobre este caso porque lleva implícito establecer el miedo para que no sigan las acciones de protesta en demanda de democracia dentro de la UNAH, criminalizando la protesta social.