Las instituciones que firmaron la denuncia fueron  Pen-Honduras, Periodismo y Democracia, el Comité para la Libre Expresión (C-LIBRE), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

Según la abogada Kenia Oliva de Periodismo y Democracia, la denuncia penal que presentaron fue contra los fiscales que dictaron la orden de captura contra los estudiantes y para  los agentes de la ATIC, ya que consideran que se cometió el delito de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios .

Antecedentes

A los universitarios en el 2015 una jueza de lo penal de Francisco Morazán les dictó medidas sustitutivas de prisión, por los delitos de usurpación, ellos estaban acusados por la UNAH de  mantener tomadas las instalaciones de la Ciudad Universitaria.

A principios de junio comenzaron nuevamente las tomas en la máxima casa de estudios y aunque algunos de los acusados se encuentran fuera del departamento y del país, la persecución por parte de las autoridades universitarias se hizo más evidente al reutilizar el sistema judicial contra ellos.

La abogada recordó que la ATIC fue creada para la investigación de los delitos graves y de fuerte impacto social. “Le corresponde investigar el catálogo de 21 delitos graves a los que no aplican medidas cautelares sustitutivas a la prisión, entre ellos narcotráfico, secuestro, asesinato, extorsión y terrorismo. Para ello, la ley le confiere 15 atribuciones”, dijo.

Por ende las organizaciones defensoras sostuvieron que no está facultada para investigar delitos de orden privado a instancia de particular, por eso están acusando a la ATIC por los delitos antes descritos por Oliva. También los fiscales han faltado a sus funciones por no observar esta facultad.

En un informe  de la ATIC se evidencia  que le han dado vigilancia a los universitarios, con el argumento de verificar si ellos están cumpliendo con las medidas dictadas por el tribunal, pero dichas medidas no contemplan la prohibición de que los estudiantes asistan a la universidad, tampoco prexiste una orden judicial para este tipo de actividad que ha estado ejecutando dicha unidad,  indicó la defensora.

La denuncia identifica los seguimientos contra estudiantes

Como antecedente se pueden mencionar las distintas denuncias que han interpuesto los estudiantes ante diferentes organismos de derechos humanos con la afirmación que el MP se está prestando al “jueguito” de la UNAH por su activa participación en persecución y vigilancia a través de los elementos de investigación, sostuvo la profesional del derecho.

Los estudiantes a los que les dictaron orden de captura son Cesario Padilla, Sergio Luís Ulloa, Moisés David Cáceres, Josué Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo e Ismar Asael Alonzo, enlistó el abogado Edy Tabora,  Director de C-Libre, quien junto a la abogada Kenia Oliva están a carga de la denuncia y otras acciones legales.

La medida de dictar orden de captura contra estos jóvenes es totalmente arbitraria, porque quienes han cometido delitos penales son los fiscales y miembros de la ATIC, por la vigilancia que le dieron a los antes mencionados sin tener las facultades para dichas actividades y sin que los acusados tuviesen medidas para no asistir a manifestaciones o cubrir como periodistas, reiteró el defensor.

Mencionó que cometieron en error de presentar acusación a Dayara Castillo, quien desde hace un año estudia en una universidad fuera del país, ella supuestamente fue identificada como participante en las recientes manifestaciones, sin estar presente.

Otro de los acusados por delito de usurpación  y que según las autoridades de la UNAH,  los fiscales y la ATIC lideraba las tomas también recientes, es Sergio Ulloa, quien se encuentra realizando su práctica profesional fuera del Departamento de Francisco Morazán; la maestra supervisora de dicha práctica expuso en una reunión de maestros que ese día en que dijeron Ulloa encabezaba una manifestación, ella (la catedrática) estaba con él,  pues le toca supervisar su práctica, requisito para obtener su título profesional.

Para Tabora las protestas de los jóvenes universitarios las hacen para reivindicar el derecho a la educación pública, por ende no cometen ningún delito, lo que compete es una respuesta administrativa en vez de la acusación por delitos que le está asignando el Ministerio Público.

Las organizaciones esperan una investigación de los abusos de autoridad de los Fiscales Saúl Orlando Cuello Fernández, María de los Ángeles Barahona y el agente de la ATIC Carlos Arrazola, con la misma celeridad en que fue incoado este segundo proceso penal contra los estudiantes.

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Vea denuncia presentada en el MP AQUÍ