Un hueso duro de roer es la criminalización de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, cuando el Ministerio Público hace la comparsa a los abusos que cometen las autoridades. Desde julio de 2015 la UNAH pasó de las expulsiones de estudiantes a procesos penales. El año pasado fueron 26, pero este año la cifra es estratosférica, suman ya 75 y podrían incrementarse  si el autoritarismo de la rectora Julieta Castellanos y sus subalternos no es parado a tiempo, quién podrá hacerlo si el sistema de justicia baila al son de la ilegalidad y la represión a la protesta pacífica en la UNAH?

Dichos estudiantes están acusados de Usurpación contra la universidad, daños y sedición. En los dos delitos primeros la UNAH puede introducir un escrito desistiendo de la acción penal y el Ministerio Público ya no puede continuar el caso porque su actuación es a petición de parte. En lo de la sedición, sería la Procuraduría General de la República la que debe hacerlo desistiendo de este proceso que es tirado de los cabellos al igual que la usurpación.

 Argumentos para justificar criminalización

“No podemos hacer un escrito de desistimiento porque después nos pueden acusar a nosotros, lo que proponemos es la conciliación y que se reúnan los abogados para que inicien a platicar cómo hacer esa conciliación”, expresó el vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UNAH, ante la propuesta de los estudiantes y la advertencia de no sentarse a la mesa de diálogo si los procesos penales siguen su curso pues son ilegales y se desprenden de la lucha contra por la democracia y la derogación las normas académicas que violentan el derecho a la Educación de miles de ciudadanos y ciudadanas.

El pre diálogo se cerró con palabras atosigadas en las gargantas de la comisión negociadora que nombró la rectora Castellanos, se les habían acabado los argumentos.

Sin embargo el Ministerio Público hoy salió al paso de la demanda estudiantil y de diversos sectores nacionales  e internacionales que señalan que debe cesar la criminalización contra los estudiantes y pasar al diálogo de forma rápida.

“…ante erróneas valoraciones de algunas personas que aseguran que la acción penal es un tema de negociación coyuntural o política, es imperante clarificar como Ministerio Público, que en función del principio de legalidad, los procesos judiciales contra los universitarios encausados solamente pueden finalizar a su favor por Sobreseimiento Definitivo o Provisional emitido por un Juez competente en Audiencia Inicial o mediante Sentencia Definitiva al término de un Juicio Oral y Público o a través de Salidas Procesales Alternas, siendo una de ellas la figura de la Conciliación, la cual se lleva a cabo entre las partes sin intervención de nadie más que el Juez para validar el Acuerdo Conciliatorio”, señala el ente acusador.

Esta institución hizo el comunicado a la velocidad de la luz pero no le ha dado curso a una denuncia de diversas organizaciones que la presentaron contra esos procesos ilegales denunciando a fiscales y a agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. 

“….la Fiscalía hondureña pide a la ciudadanía y a las partes tomar nota, ya que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las actuaciones del Ministerio Público deben de verse desde una óptica o escenario de respuesta a presiones o intereses políticos, gremiales o sectarios, sino que desde la perspectiva del mandato y aplicación a la Constitución y las Leyes”, reitera el Ministerio Público.   

Expediente voluminoso de denuncias contra la rectora y otra de organizaciones

El Ministerio Público desde julio de 2015 viene haciendo la comparsa a las actuaciones de la rectora Castellanos incoando los procesos penales sin respaldo legal y sembrando pruebas ilegales, incluso uno fiscal dijo el año pasado “ya no aguanto a la rectora”, cuando una jueza pretendía posponer una audiencia y éste se oponía.

Las gavetas de los escritorios de los fiscales están bien informadas de esas denuncias, pero los encargados de llevarlas a la práctica y deducir las responsabilidades se sacudieron las manos y no actuaron.

La Iniciativa Periodismo y Democracia presentó en febrero de 2015 una denuncia por Abuso de Autoridad contra la rectora Julieta Castellanos por haber expulsado a seis estudiantes el 18 de diciembre de 2014. Los fiscales tenían la orden de cerrar el expediente y aunque era para que se manejara en la Fiscalía de Derechos Humanos, lo mantuvieron en la de Delitos Comunes, varios escritos fueron presentados para que no se cerrara la denuncia y se pasara a la fiscalía donde corresponde, aunque se logró, volvió a engavetarse.

El 13 de junio de este año, abogados y organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia contra los fiscales , vea la denuncia aquí en este link

Para dejar constancia histórica de cómo el MP no funciona para aplicar justicia sino para criminalizar a las voces que se levantan en Honduras, reproducimos el comunicado emitido por esta institución. El juego está en que mientras la UNAH se lava las manos que no puede hacer nada para retirar las acusaciones incoadas de forma ilegal, el Ministerio Público sale a la palestra pública posicionándose como una institución garante de la justicia en Honduras.

Pronunciamiento Institucional en caso UNAH

El Ministerio Público al pueblo hondureño y a la comunidad internacional considera oportuno y necesario aclarar lo siguiente:  

1.- Que el Ministerio Público es un órgano profesional y especializado en todas las áreas de su competencia investigativa y de persecución penal,  consecuentemente,  para tal fin,  todas sus actuaciones se revisten de un carácter de independencia de otros poderes y entidades del Estado, por tanto, libre de toda injerencia político-sectaria. 

2.- De igual forma, el Ministerio Público es único para toda la República y sus Agentes Fiscales de Tribunales se constituyen como representantes de la sociedad, protegiendo y defendiendo sus intereses, luego de llevar a cabo investigaciones objetivas a denuncias, generalmente, de partes en conflicto. 

3.- En este sentido, es que la Fiscalía Contra Delitos Comunes de Tegucigalpa le siguió el trámite habitual a la denuncia número 1466703007-2016 interpuesta el 23 de junio de 2016 por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de la cual, después de realizadas las investigaciones pertinentes, se estableció la existencia de los requisitos que establece la Ley para en fecha 30 de junio de 2016 presentar Requerimiento Fiscal contra los ciudadanos que ilegalmente se habían tomado el Campus Universitario, impidiendo con ello la libre disposición de dicho bien por parte de la UNAH.   

 4.-Cabe mencionar, que fue mediante una resolución de fecha 30 de junio de 2016 que el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, conocedor de la causa, admitió el Requerimiento Fiscal, ordenó la detención de los imputados y el desalojo de los ciudadanos que estaban en posesión del Campus Universitario. Dicho desalojo se realizó el 01 de julio de 2016 con la presencia de Organismos Defensores y Protectores de los Derechos Humanos. 

5.- Por este caso, un procesado se presentó voluntariamente el 05 de julio de 2016 a Audiencia de Declaración de Imputado, aplicándosele medidas distintas a la Detención Judicial y señalando su Audiencia Inicial para el próximo 01 de agosto de 2016, al tiempo que el Juzgado competente resolvió revocar el 08 de julio de 2016 las ordenes de captura contra el resto de los imputados y ordena que sean citados en legal y debida forma.    

6.- Sin embargo, ante erróneas valoraciones de algunas personas que aseguran que la acción penal es un tema de negociación coyuntural o política, es imperante clarificar como Ministerio Público, que en función del principio de legalidad, los procesos judiciales contra los universitarios encausados solamente pueden finalizar a su favor por Sobreseimiento Definitivo o Provisional emitido por un Juez competente en Audiencia Inicial o mediante Sentencia Definitiva al término de un Juicio Oral y Público o a través de Salidas Procesales Alternas, siendo una de ellas la figura de la Conciliación, la cual se lleva a cabo entre las partes sin intervención de nadie más que el Juez para validar el Acuerdo Conciliatorio. 

7.- De lo anterior, la Fiscalía hondureña pide a la ciudadanía y a las partes tomar nota, ya que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las actuaciones del Ministerio Público deben de verse desde una óptica o escenario de respuesta a presiones o intereses políticos, gremiales o sectarios, sino que desde la perspectiva del mandato y aplicación a la Constitución y las Leyes.   Veálo en este link en la página del MP: https://www.mp.hn/index.php/author-login/16-junio/421-pronunciamiento-institucional-en-caso-unah

Vea noticia sobre presentación de denuncia contra fiscales y la ATIC en este link