En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, por presiones nacionales e internacionales se abrió la discusión sobre el otorgamiento de frecuencias a este sector. Varias organizaciones se hicieron presentes ante el planteamiento de una “Ley de democratización del espectro radiofónico”, lo cual fue visto como una oportunidad de salir del oscurantismo informativo y que se les respetara a las comunitarias su derecho a informar, sin embargo el objetivo  no se ha cumplido, a menos de 30 comunidades se les otorgó frecuencias, la mayoría fueron denegadas. Las mismas se les dieron  en mayor cantidad a iglesias y activistas políticos del partido de gobierno.

Democratización o acumulación

En el documental "La Democratización vrs. La concentración del Espectro Radioeléctrico en Honduras" producido por el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, se trata de explicar en palabras simples la situación de dos realidades distintas en los departamentos de Intibucá y Atlántida; ambos comparten un objetivo común, que es generar el desarrollo, fortalecer la defensa de sus tierras y su cultura.

Este trabajo resaltó que Honduras es un país con una Ley de Telecomunicaciones sin espacio para los medios comunitarios y suscriptor del convenio 169 de los pueblos indígenas y Tribales de la OIT, que enmarca entre otros aspectos “respetar las culturas y valores espirituales de los pueblos y su relación con las tierras y territorios. Reconocerles a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, por lo cual consideraron que su lucha esta “marginada de los medios de comunicación tradicionales”.

Debido a las condiciones en que se encuentran los pueblos indígenas, surgió la necesidad de “construir nuestras propias radios comunitarias para que den a digan lo que estamos haciendo como pueblo Lenca, marginado ante los medios de comunicación y el gobierno” dijo Tomás Gómez Membreño, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).

Ataques  a radios del COPINH

El COPINH cuenta con cinco radios comunitarias que son La Voz Lenca,  Guarajambala, La Voz Lenca , La Voz del Gualcarque y La Voz de Puca Opalaca.

Esos medios de comunicación han recibido bloqueo en la recolección de información, por ejemplo,  en algunas manifestaciones las autoridades les quitan las cámaras para borrarles las fotografías, las y los comunicadores son víctimas de vigilancia desde carros sin placas, vidrios oscuros, doble cabina que se colocan frente a las instalaciones de las radios comunitarias.

Estos automotores son identificados como los que usan los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y de la Agencia de Investigación Criminal (ATIC), denuncia realizada en marzo del presente año, de paso Membreño responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier atentado que pudiera ocurrir a las y los 17 voluntarios que manejan las cinco radios del COPINH.

También han sido víctimas de sabotaje en las transmisiones cuando tratan asuntos importantes de denuncias de interés para todas las comunidades, como sucedió en el encuentro contra la militarización, les cortaron la luz teniendo al día los pagos y desconocidos  llamaron a la radio para decirles “te vamos a cortar la lengua”, amenaza según el líder indígena estaba  dirigida a los comunicadores.

Bajo amenaza las radios Garífunas

La Organiación Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, en su página web ofraneh.org, reseñó la historia de las radios comunitarias garífunas. En el año de 1997 se fundó la Radio Comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) en la comunidad de Triunfo de la Cruz, siendo ésta la primera radio comunitaria establecida en Honduras.

La OFRANEH cuenta además con las radios Durugubuti, Sugua, Warumuga y otra en la comunidad de Punta Piedra, en el departamento de Colón.

Alfredo López,  subcoordinador de OFRANEH manifestó que ellos escuchan expresiones a través de mensajes cuando están transmitiendo en sus radios como “te vamos a matar”, “dejen de hablar mier….” y una serie de situaciones que deben enfrentar de manera permanente, en cierto sentido expresó que las amenazas se convirtieron en parte de su vida cotidiana.

Contó que en una ocasión “llegaron tipos encapuchados, forzaron la entrada, se robaron parte del equipo, rociaron gas y le prendieron fuego a la radio”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió medidas cautelares a miembros, miembras de OFRANEH y su dirigencia.

Sin embargo, no solo reciben persecución, amenazas y torturas, a algunos líderes los han asesinado.

Tanto los pueblos indígenas como los garífunas son obligados a migrar por la explotación y despojo de sus bienes naturales y culturales, lo que se convierte en denuncias que expresan a través de las radios comunitarias.

Ley de telecomunicaciones

A finales del 2011 el Comité para la Libre Expresión, (-Clibre), elaboró un proyecto con la visión de “Democratizar el espectro radioeléctrico en Honduras”, con la convicción que por ser un bien del Estado, el pueblo tiene derecho a ésto.

Dentro de la misma pretendían establecer los derechos de las radios comunitarias y los sistemas de comunicación privados o de lucro, ya que solo la Corporación Televicentro acapara  el 50p por ciento de los canales  de televisión a nivel nacional.

Interpretada como la “distribución equitativa”, que es la forma más democrática en que puede ser dividido un bien,  la fórmula que propuso C-libre fue un 33 por ciento a los tres sectores: el comunitario, el empresarial y del Estado, lo que podía dar acceso en a dicho espectro en  “igualdad de condiciones”.

Considerando que el espectro radial en Honduras se estima entre 400 y 670 radios en FM y 200 en AM contra 40 radios comunitarias.

La propuesta original contenía puntos como el espectro radioeléctrico, la regulación de contenidos, un comité de censura, salarios de periodistas y las radios comunitarias.

Rodolfo Dumas en calidad de representante de la Sociedad Interamericana de Prensa,(SIP), indicó que había una congruencia entre el deseo del pueblo y  la propuesta de C-LIBR, ; pero que en el camino surgió otra opción por parte del gobierno de turno en la que solo contemplaba algunas reformas a la Ley de ese entonces, a lo que Dumas reiteró que “se queda corta en muchos aspectos”.

En el marco del Examen Periódico Universal, (EPU), el Consejo de Derechos Humanos y la comisión de la Verdad y Reconciliación recomendaron, “reformar la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones incorporando los sectores comunitarios al área de comunicaciones en el país”.

Manipulación en medios

Carlos Enamorado, de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH,  subjetivó que se le quiso dar a entender a la opinión pública que la Ley propuesta al inicio venía a “coartar la libertad de expresión”, en tanto que todos saben que este derecho “ha sido secuestrado por años por los grandes monopolios mediáticos en el país”, argumentó.

De acuerdo a Enamorado hubo una campaña para deslegitimar la propuesta de democratización, se dejaron ver cuadriplanas en medios de comunicación escritos con los títulos “enemigos de la libertad”, “opiniones divididas frente a reforma a las comunicaciones”.

No obstante la AMCH, se hizo presente al llamado de la propuesta que prometió “la democratización de las comunicaciones” en el país.

Más de 30 organizaciones de la Sociedad Civil y representantes de medios de comunicación alternativos conforman la AMCH, la que surgió el 08 de junio del 2013, cuyo objetivo fue constituir una identidad que sirva como interlocutor con el Estado, específicamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL).

Para Enamorado la democratización es hacer efectivo el derecho a la comunicación, en ese entonces CONATEL recibió más de 40 solicitudes para permisos de radios comunitarias, de las que hasta la fecha solamente entre 20 o 25 recibieron el visto bueno.

Ante las quejas de algunas organizaciones de no poder cumplir con los requisitos que expuso CONATEL, adujo que el proceso traía consigo la lista de requerimientos para realizar la solicitud.

Pero que en el fondo era “un problema de poder”, los grupos más influyentes acudieron a sus tretas entre ellas el chantaje mútuo y en última instancia trataron de consensuar bajo la mesa con algunas organizaciones, como resultado de tanto“zipizape”, el presidente del Congreso Nacional en ese año Juan Orlando Hernández, tomó la propuesta gobiernista de “autocontrol” y “autorregulación”, influyendo para que no pasara la iniciativa  en el legislativo.

Mientras las organizaciones de Sociedad Civil se diluían en una comisión, dos de los poderes, el Ejecutivo, y Legislativo,  hacían jugadas administrativas dentro de misma CONATEL que les facultaba ampliar el proceso, reveló Enamorado.

El reglamento

El reglamento logró abrir una ruta legal para que las comunidades legalicen su medio de comunicación, reservar un porcentaje de espectro radioeléctrico para medios comunitarios, autorizar y emitir por primera vez títulos habilitantes a frecuencias primarias a organizaciones sociales y comunales.

Dieron 160 frecuencias de radio y televisión, pero CONATEL decidió que no era el 33 por ciento de todo para las radios comunitarias.

Ley Mordaza

Más tarde la propuesta se convirtió en la “Ley Mordaza”, a criterio de la opinión pública,  argumentando que tenía un alto contenido de violaciones a la libertad de expresión y prensa.

La combativa radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande,  que denunciaba los abusos de los terratenientes del lugar por querer adueñarse de sus tierras,

Esta radio ha sufrido cierres, desde la inauguración de la radio observaron en los alrededores contingentes de policías, militares y guardia naval, asechando a los habitantes, dejando una cinta amarilla que decía “escena del crimen no cruzar”, la que se acostumbra colocar en lugares donde se cometieron delitos o asesinatos.

Los comunicadores fueron acusados por evasión fiscal por instalar una radio sin el permiso de CONATEL, hicieron un intento de legalizarla, pero fue imposible cumplir con los requisitos. Al final, con la Ley de democratización legalizaron “La Voz de Zacate Grande” ,aseguró Pedro Canales, uno de los comunicadores de la radio.

Frecuencia condicionada

Una de las organizaciones que logró cumplir con la lista de requisitos fue la “Red de Desarrollo Sostenible”, RDS,  la periodista Danelia Avendaño tuvo conocimiento de varias solicitudes para radios comunitarias en Francisco Morazán, pero que hasta ahora la única que esta al aire es RDS-Radio.

El proceso fue intenso asistieron a largas jornadas de reuniones, antes de la propuesta, pero fue en el marco del anuncio de la “democratización” que tuvo éxito para que la aplicación de frecuencia se les otorgara. Se inauguró el 08 de febrero del 2014.

En cuanto a la programación, debieron comprometerse a cumplir un par de cláusulas impuestas por CONATEL que fue no incluir contenidos de política y religión, el incumplimiento trae la sanción de la suspensión del permiso de operaciones.

En lista de espera

Están las radios comunitarias que después de algunos años siguen en lista de espera para que se les otorguen una frecuencia, lo que Salvador Zúniga consideró como una violación a la libertad de expresión, porque corren el riesgo que en cualquier momento los suspendan y les decomisen el equipo, a pesar que “La Voz Morazanista” de la de la Coordinadora Indígena del Poder Popular Honduras (CIPH), se denomina Lenca y apelan al Convenio 169 de la OIT.

La mayor de sus dificultades es no tener una frecuencia autorizada, la han solicitado en varias ocasiones, la vida de esta radio comunitaria es de un año, cuyo objetivo es generar un espacio de comunicación que las comunidades exigen, para denunciar los atropellos a que son sometidas en la lucha por sus territorios y hacer propuestas del pueblo Lenca.

Zúniga indicó que cada vez que van a preguntar por el proceso les pide un requisito nuevo y en ocasiones no hay capacidad para pagar lo que demandan. Incurren en una clara violación a la libertad de expresión y prensa; de tener una respuesta negativa por CONATEL la sanción es el decomiso del equipo, así evitarían el funcionamiento de la comunitaria.

Para hacer prevalecer su derecho invocarán el Convenio 169 y en última instancia interpondrán las respectivas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incredulidad

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, es una articulación de organizaciones mixtas y de mujeres, solicitó una frecuencia, pero no pudo cumplir con la gran lista de requisitos que CONATEL, lo que  pone un  pico de botella a sus aspiraciones.

Por no tener acceso a una frecuencia decidieron hacer uso de la comunicación alternativa creando “La Red Radio” conocida como “La Rojita”, convirtiéndose en la primera radio feminista en internet.

“Hicimos todas las gestiones para ver si podíamos acceder a una frecuencia pero la Ley de Telecomunicación no nos permitió,  dijo Roxana Vásquez coordinadora de la Rojita.

Para las defensoras la democracia en el espectro no es tan democrática, de acuerdo a que es bastante difícil cumplir con todos los requisitos, para ellas en este momento se está limitando a algunas organizaciones al derecho de acceder a una frecuencia. El que tiene más dinero es acreedor de mayor oportunidad, denunciaron.

A su parecer la mayoría de las frecuencias quedaron en manos de las iglesias evangélicas, empresarios y políticos.

Informe CIDH 2015

Respecto al informe de la CIDH las recomendaciones al respecto de la Ley de Democratización del Espectro:

Pluralismo y diversidad en la radiodifusión . En el curso de la visita in loco, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión evaluaron la situación de la pluralidad y diversidad en la radiodifusión en Honduras, como uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión.

La CIDH ha señalado que el derecho a la libertad de expresión ampara, de una parte, el derecho a fundar o utilizar los medios de comunicación para ejercer la libertad de expresión y, de otra, el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales que le permitan acceder a la mayor y más diversa información.

En distintos encuentros con la sociedad civil y autoridades estatales, la CIDH recibió información sobre la regulación del espectro radioeléctrico y la forma en la que el Estado gestiona la asignación de frecuencias en el marco de la transición a la tecnología digital, así como el reconocimiento de los medios de radiodifusión comunitarios en Honduras.

“Como ha observado la CIDH, la regulación del espectro radioeléctrico debe garantizar, al mismo tiempo, la libertad de expresión del mayor número de personas o perspectivas, la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios y el derecho a la información plural y diversa de las sociedades contemporáneas”, señaló la CIDH.

Tras su visita a Honduras, en agosto de 2012, el ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, recomendó al gobierno garantizar “a través de la revisión de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones de conformidad con las normas internacionales de los derechos humanos, la concesión equitativa del usufructo y manejo de las frecuencias de telecomunicaciones, incluso para su uso por organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

La Rue explicó que la subasta es un mecanismo esencialmente discriminatorio que sólo privilegia a los sectores con poder económico y por consiguiente solo puede aplicarse a la concesión de frecuencias comerciales pero no a otro tipo de frecuencias, como comunitarias o públicas no lucrativas, tal es el caso de las comunidades de diferentes pueblos y grupos étnicos del país. No puede prevalecer únicamente la visión comercial en las telecomunicaciones desvirtuando su carácter de servicio público.

En igual sentido, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras recomendó al Estado “reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial lo que atañe al sistema establecido por dicha comisión para conceder el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información”.