Este es el texto íntegro de la alerta:

6 de marzo de 2017

Honduras: Demanda contra el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras

El 28 de febrero de 2017, Suyapa Martínez fue notificada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) había entablado una demanda contra el Centro de Estudios de la Mujer - Honduras - CEM-H, alegando falsas declaraciones sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres.

Suyapa Martínez es codirectora de CEM-H, una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo promover el cambio social a través de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. La organización ha promovido campañas por los derechos de las mujeres en Honduras y ha abogado por cambios en varias leyes del país, como la Ley Contra la Violencia Doméstica, y por la promulgación de otras leyes como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.

El 28 de febrero de 2017, dos días antes del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, se notificó a Suyapa Martínez que DESA había entablado una demanda contra CEM-H, en base a declaraciones hechas por la defensora de derechos humanos, como representante de la organización, sobre el asesinato de Berta Cáceres. Suyapa Martínez alegó públicamente que DESA participó en la planificación del crimen. El 2 de mayo de 2016, cuatro hombres fueron arrestados en relación con el asesinato de Berta Cáceres, dos de los cuales tienen vínculos con DESA, la empresa hondureña que estaba construyendo la represa de Agua Zarca, proyecto contra el que Berta Cáceres se opuso fuertemente. En la denuncia, la empresa solicita una indemnización por daños y perjuicios por importe de un millón de lempiras (aproximadamente 40.400 euros) por declaraciones supuestamente inexactas y falsas. La defensora de derechos humanos debe presentarse a una audiencia a las 10 de la mañana del 21 de marzo de 2017.

Front Line Defenders ha reportado anteriormente sobre los frecuentes intentos de criminalización de reconocidas defensoras de derechos humanos en el país. El 26 de marzo de 2015, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó a la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa a dieciocho meses de prisión. Gladys Lanza Ochoa fue coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, un colectivo de mujeres defensoras de derechos humanos de toda Honduras. Enfrentó acusaciones de "difamación y calumnias" debido a su defensa pública de una ex-empleada de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI), la cual fue víctima de acoso en su lugar de trabajo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado anteriormente que "recurrir a las herramientas penales para sancionar discursos especialmente protegidos no solo es una limitación directa de la libertad de expresión, sino que también puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por sus efectos amedrentadores, acalladores e inhibidores del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones de toda índole".

Front Line Defenders expresa su grave preocupación por el acoso judicial contra el CEM-H y la defensora de derechos humanos Suyapa Martínez, ya que considera que la denuncia contra la organización está directamente relacionada con su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades hondureñas a que:

1. Adopten todas las medidas necesarias para abstenerse de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y velar por que puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera, incluído hostigamiento judicial;

2. Tomen todas las medidas necesarias, en consulta con los defensores y las defensoras de derechos humanos, para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica y la seguridad de Suyapa Martinéz y de los miembros del CEM-H;

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