Por Tomy Morales-Reporte Especial desde El progreso, Yoro

Montoya fue víctima de tortura en la cobertura de una manifestación el 21 de septiembre del 2015, cuando diversos sectores se manifestaban contra la corrupción, demandaban un juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández por su involucramiento en el defalco del seguro social al desviar fondos para su campaña política para las elecciones generales de 2013.

Antes de la audiencia, se vio en los pasillos del Juzgado de Letras del El Progreso, departamento de Yoro, como tres profesionales del derecho incluída la que nombraron de oficio para la defensa del policía Carlos Alberto Arzú, eran abordados por el abogado Max Dávila Nolasco, quien tras bambalinas continúa asesorando al acusado.

Minutos después que la Jueza Fanny Concepción Túrcios G. convocó a las partes; suspendió la audiencia alegando que en el instante el imputado informó que había contratado a una abogada privada de nombre Delmi Rivera y que no conocía el caso, por lo tanto solicitó al Juzgado reprogramar la audiencia, lo cual contó con la venia de la Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, María José Juárez, y la audiencia se pospuso para el 12 de mayo del año en curso.

Considerando que el 20 de marzo de este año el abogado Max Dávila Nolasco renunció a la representación del acusado,  un día antes que se llevara a cabo la audiencia, aduciendo que el agente  Arzú “no tenía recursos económicos para pagar defensa privada”, por ende el Juzgado nombró a la defensora de oficio Ana Julia Avelar, quien fue debidamente notificada, por lo que todo supuestamente estaba en orden para la audiencia de este 211 de abril.

El imputado informó que tenía cinco testigos oculares de los hechos, quienes son compañeros policías, pero que no podían hacerse presentes porque estaban disfrutando de vacaciones con sus familias.

Fuente acreditada que no dio nombre por temor a represalias relató que dentro y fuera del Juzgado existen líneas de Roberto Micheletti Bain,  presidente de facto en el golpe de Estado del 2009; quien mueve los hilos de la justicia en El Progreso; y que la defensora de Arzú,  Delmi Rivera, fue candidata a diputada por su corriente en las elecciones pasadas, formando parte de un trio de profesionales del derecho que por tradición manejan todos los casos penales del lugar.

La fiscal abordó a Dunia Montoya tratando de convencerla que el policía   Arzú  lo que quiere es  “llegar a un arreglo”,  y quiso saber la opinión de la víctima. El 21 de marzo anterior la misma propuesta realizó el abogado Dávila Nolasco, a pesar que dijo ya no representar al imputado.

Oscura conspiración

“Yo ya llevo dos años después de la situación que viví de agresión y golpes recibidos por la policía, nos hemos dado cuenta cómo funciona esto, se ponen de acuerdo los jueces, fiscales y abogados privados, para poder llegar a un acuerdo de dilatar este proceso, hoy nos damos cuenta de los arreglos a los que llegan y no les importa la impartición de justicia”, señaló Montoya.

De paso que se burlan de los derechos humanos irrespetando la libertad de expresión, dándole importancia a los intereses que se juegan, “vimos a varios abogados poniéndose de acuerdo y jugarse la estrategia que aplicaron hoy”, indicó la periodista.

Para la comunicadora este hecho se debe a dos cosas; una es que quieren cansarla o desgastarla para que desista del proceso, “no es fácil, estresa, encontrarme de frente con el tipo que me agredió, aunque una quiere hacerse la fuerte, verle el rostro a esa persona que cínicamente se muestra como si nada ha pasado, ya que las consecuencias como agredida ha afectado mi salud, emocional y laboral, también juegan al cansancio de quienes me están haciendo acompañamiento”.

Agregó que tratar de obligarla a negociar con  “la persona que me golpeó porque no tiene la capacidad de pago, ni siquiera de cubrirme los gastos médicos, pero no entiendo cómo puede tener un grupo de abogados para cada audiencia”, manifestó Montoya.

Calificó la situación como un juego institucional, entre el Poder Judicial y la policía, pero que es necesario “sentar un precedente, porque se ha vuelto cotidiano que las y los periodistas seamos agredidos en la cobertura de las manifestaciones; en función de los derechos humanos no podemos seguir saliendo a la calle a riesgo de que cualquier agente de policía o fiscal se dé el lujo de ser partícipe de las agresiones a las que somos sometidos” .

Solidaridad

Enfrentarse a un proceso de este tipo porque los medios de comunicación locales siguen la línea del gobierno central  es difícil para la periodista.

“A excepción de las y los periodistas de Radio Progreso, la solidaridad en el gremio periodístico de El Progreso, ha sido nulo, en el momento de la agresión algunos se acercaron,  pero después de la fecha jamás volvieron a preguntar por mi salud”, exteriorizó Montoya.

Montoya reiteró que no es enfrentarse a un policía nada más, sino a toda una institucionalidad que el Estado utiliza como instrumento de represión, el Poder Judicial y políticos de la ciudad que se coluden, “aquí la justicia está siendo influenciada por Micheletti, nada se mueve sin que él lo autorice”, finalizó la periodista.

Macabro juego

Laureano Carbajal, apoderado legal de Montoya, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU,  calificó que la suspensión de la audiencia es un claro retardo y juego con la justicia, “seguramente el 12 de mayo van a venir con una nueva apoderada y todo pasa sin que pase nada”.

Carbajal informó que formalizaron una denuncia contra la Jueza Fanny Concepción Túrcios en la Inspectoría de Tribunales de esa ciudad y el lunes por la mañana la presentará ante el Ministerio Público en Tegucigalpa, por el retardo de justicia, y que se proceda a una investigación y se aplique la ley, que sería sancionar a las personas que  “no tienen interés en una buena administración de justicia”.

Denunció varias anormalidades, en primer lugar porque al inicio el imputado alegó no tener dinero para costearse un abogado privado; la misma Jueza nombró  defensora pública quien fue notificada del caso, y ahora al parecer el imputado consiguió recursos económicos porque apareció a última hora con Rivera, y la togada aceptó con facilidad.

“Ellos están acostumbrados a jugar, aquí la justicia es una ventanilla de la oligarquía”, el profesional del derecho observó que en la realidad Arzú tiene un grupo de abogados a su servicio, para defenderlo y asesor a Rivera.

En este juego de justicia entran los defensores de oficio, la Fiscalía, el poder militar y la policía, los que simplemente obedecen órdenes.

Solidaridad

Margarita Navarro, miembra de la Red de Mujeres El Progreso, es una de las personas que acompaña a Montoya en el proceso judicial, dijo que sienten impotencia y rabia al ver cómo un grupo de hombres armados se ensañaron con el cuerpo de una mujer.

“El patriarcado aplasta de todas las maneras a las mujeres y es de indignación porque no se respetan los derechos humanos, ya que en las movilizaciones tratan de infundirnos temor e intimidación, después viene la represión, nos tiran a los antimotines con bombas lacrimógenas”, describió Navarro.

Indicó que el retraso de la audiencia puede llevar a la impunidad, además que “nos vemos impotentes ante un sistema jurídico que no funciona para las grandes maravillas, pero sí funciona con rapidez para unos cuantos en el país, cuando se trata de nosotras que reclamamos los derechos, nos dan largas, lo mismo es con los casos de violencia doméstica de las mujeres, por eso tenemos un índice de impunidad en las denuncias en un 95 por ciento”.