Llamadas para advertir denuncias de periodistas

Dado que la institucionalidad en Honduras no funciona para castigar a los responsables de poner en precario la seguridad de periodistas y comunicadores sociales, publicamos parte de los testimonios sin mencionar los nombres.

En los municipios de José Santos Guardiola y Roatán en  la Isla de Roatán, para que los periodistas soliciten información deben atender a dos factores, uno es el traslado de los profesionales para poder pedir datos y lidiar con el funcionario que está en alguna oficina de gobierno, porque cuando se pone la denuncia, el mismo empleado llama al denunciado a cambio de unos 10 días de vacaciones en las mejores playas.

El gobierno niega que haya una oficina de acceso a la información, pero por otro lado fomenta la corrupción y el miedo, de modo que las personas pierdan la esperanza de poder acusar una obstrucción.

Otro asunto es que el vocero oficial del Ministerio Público para la zona norte está en la ciudad de La Ceiba, “imagínese cuanto me va a costar ir a hacer una entrevista”, son mil 500 lempiras del viaje en yate, más la comida, si no lo encuentra ese día debo pagar hospedaje, por ende, “es difícil hablar de acceso a la información pública en este país”, dijo uno de los comunicadores.

Sin embargo cuando se trata de actos de corrupción peligra la vida de las y los periodistas, “yo fui sacado con ayuda de defensores de una alcaldía, por hacer averiguaciones de este tema, habían denunciado a cuatro regidores por corrupción ante el Ministerio Público, estos renunciaron a sus cargos y llevamos dos años ya, sin respuesta a las denuncias, y no podía estar viajando para seguir el proceso, a parte del riesgo que corría en el camino”, explicó otro.

La policía infidente

Por otra parte en el departamento de Comayagua las y los periodistas se autocensuran para salvaguardar sus vidas, ya que existe una banda al servicio de una familia poderosa, que se encarga de vigilar, perseguir y amenazar, a los comunicadores que hagan de conocimiento público detalles de sus acciones delictivas.

Un comunicador dio la noticia de algunas irregularidades de una entrevista de un informe policial, el periodista la paso por su programa, inmediatamente se apostó un hombre en la esquina de la radio y le dio seguimiento un par de días, hasta que el profesional de la comunicación buscó la manera de evitar que le mataran.

Lo insólito fue que la misma policía dio a conocer el nombre y dirección del trabajo del periodista que fue a recoger la información, entonces el comunicador tuvo que ver la manera de implementar pequeñas medidas de seguridad mientras pensaba cómo remediar el problema.

“Un hombre vestido de negro aparcó su moto enfrente de la radio donde el comunicador tiene un programa, según el relato del afectado “me asuste, pero al parecer era para que me sacara un susto y no volviera a sacar noticias de ese tipo, es la primera vez que recibo amenazas, una de las medidas de seguridad es que “hace unas semanas deje de publicar en Facebook  demandas de personas”.

Aplican ley del hielo

Para otra persona que hace comunicación en la zona,  hay alcaldías de Comayagua en las que ni siquiera le dirigen la palabra a los periodistas, “en los últimos años he sentido un control de los gobiernos, que no había antes del golpe de Estado e incluso si se saca información los mismos compañeros corren a darle el informe al alcalde, quizás porque necesitan publicidad”.

Este contacto con las autoridades hace que no tengan críticas de ninguna índole, y los que sí las hacen se vuelven enemigos del funcionario y de alguna manera se pone en peligro, dijeron.

Considerando que la mayoría de los dueños de medios no son periodistas sino empresarios, que obedecen esa línea, “lo que cubrimos nosotros prácticamente es lo que nos quieren dar las alcaldías municipales, que es la información general como inaugurar un puente, una carretera, y  sinceramente no les llevamos las relaciones públicas”, se lamentó un comunicador.

Al buscar información en todas las alcaldías “nos encontramos con enemigos y la ley del hielo por lo que es difícil sobrevivir en el periodismo .

Denuncias engavetadas

Entre más se escucha de acceso a la información “nos damos cuenta de la falta de institucionalidad en el país que produce el miedo de ir a solicitarla, porque éstas están “secuestradas u obedecen a corporaciones municipales, diputados y hasta al mismo representante del Ejecutivo”, denunció una persona que es comunicadora social.

“El régimen nos puede matar y perseguir por solicitar información, y si vamos a la Fiscalía del MP, en mi caso tengo muchas amenazas, pero mis denuncias las mantienen engavetadas, expresó alguien que pidió el anonimato.

El portal no sirve

Mientras que en El Progreso, departamento de Yoro,  las instituciones tienen un grado de debilidad aumentado, debido a la violencia, la narcoactividad y el sicariato, lo que para muchos significa que hay que autocensurarse, y el que se atreve a informar se atiene a las consecuencias absolutamente solo.

“Que nos digan que se debe sacar una evidencia del portal del Instituto de Acceso a la Información que para mi es una burla, miren hace dos semanas que el alcalde progreseño a través de la Secretaría de Salud salió alardeando que le dieron un reconocimiento por haber logrado un 100 por ciento de transparencia administrativa,  sabiendo que no llenan todos los requisitos de información y transparencia”.

El encuentro donde se escucharon testimonios impactantes se llevó a cabo en un hotel capitalino en un evento auspiciado por C-Libre.

Las cifras oficiales

En un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documenta cifras oficiales sobre crímenes contra periodistas, al mismo le hace falta incluir a los periodistas que debieron salir al exilio en el 2016, entre ellos Félix Molina y Milthon Robles. El primero atacado a balazos y el segundo fue secuestrado y sometido a intensas amenazas. Desde el golpe de Estado de 2009 decenas de personas han salido del país producto de hacer uso de su derecho a la libertad de expresión

Qué dicen los datos del CONADEH?

En la actualidad, el 91 por ciento  de los 69 casos registrados desde el año 2001 a mayo del 2017, se encuentran en la impunidad, según un informe entregado al Congreso Nacional por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, publicado el 03 de mayo de 2017 en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El documento establece que del   seguimiento brindado por cada una de las delegaciones del CONADEH  se  constató que de las 69 personas ligadas a los medios de comunicación que perdieron la vida en circunstancias violentas, desde el año 2001, solo seis tienen sentencia,  lo que indica que el 91%  de los casos se encuentran en la impunidad.

 Al menos 14 departamentos de los 18 existentes en el país han registrado la muerte violenta de una o más  personas ligadas a los medios de comunicación.

En Francisco Morazán, para el caso, se registra el mayor número de muertes violentas con 18, de los cuales, apenas uno, el caso de Alfredo Villatoro, fue objeto de sentencia condenatoria, el resto se encuentra en la impunidad.

En lo que respecta al departamento de Cortes,  de los 14 casos reportados, únicamente en los  de Georgino Orellana y Aníbal Barrow los responsables fueron condenados, los 12 restantes están impunes.

En el departamento de Yoro, murieron en circunstancias violentas 8 personas ligadas a los medios de comunicación, de los cuales, seis aún continúan en la impunidad.

En el caso de Lempira, de los tres hechos violentos registrados solamente en un caso se encontró al culpable.

Es de hacer notar que la muerte de periodistas, comunicadores sociales y propietarios de medios de comunicación,  acaecidas en los 10 departamentos restantes, la impunidad se mantiene en un 100 por ciento.

MUERTE VIOLENTA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES

CASOS IMPUNES POR DEPARTAMENTO

2001/  2017

Fuente: CONADEH

MUERTE DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES

SITUACION JURIDICA DEL CASO

2001 / 2017

FUENTE: CONADEH

Los ojos internacionales sobre Honduras

En el informe publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH y su Relatoría Especial ponen de presente la grave situación de violencia en la que laboran los periodistas y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, que los convierte en un grupo especialmente vulnerable de la población.

El informe advierte sobre el aumento en el uso de acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente de acciones penales de difamación e injurias en Honduras.

Según la información recibida por la CIDH, estas figuras penales son utilizadas para censurar las expresiones críticas referidas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, lo que ha afectado de manera desproporcionada la labor de periodistas y defensores de derechos humanos.

Al respecto, la CIDH y su Relatoría Especial instaron a reformar el Código Penal para la despenalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación.

La alta concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación en Honduras fue también objeto de estudio del informe. La CIDH y su Relatoría Especial advirtieron una tendencia preocupante en lo que refiere a la adquisición de grandes medios por capital transnacional y el control de medios pequeños por parte de dirigentes políticos que reproducen contenidos ideológicos y concentran el mensaje.

En el informe se recomienda al Estado asegurar, mediante legislación, la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital. Estos criterios deben tomar en cuenta la concentración de la propiedad o el control de los medios de comunicación, y asignar la administración del espectro radioeléctrico a un órgano independiente de injerencias del poder político y económico, sometido al debido proceso y al control judicial.

Asimismo, el informe pone de presente las deficiencias en los procesos y condiciones para la adjudicación de frecuencias a medios comunitarios y la necesidad de que la normativa vigente sea reformada de conformidad con los estándares interamericanos y adoptada mediante ley.

Informe de CONADEH Aquí

Informe de la CIDH       Aquí