Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho se debió a un supuesto robo de su motocicleta, aunque extrañamente dicho automotor quedó tirado al lado de su cuerpo.

Ortega se encuentra  en estado crítico en cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) luchando por su vida.

Sus  compañeros lamentan el  hecho y han  manifestado que no quieren pensar que este atentado tiene que ver con el ejercicio periodístico  por lo que piden a los órganos encargados de investigar que esclarezcan esta acción  y den prontas respuestas.

En las últimas horas el joven camarógrafo ha sido intervenido quirúrgicamente dos veces, además que personas del gremio lanzaron una campaña por redes sociales para conseguir pintas de sangre.

“Molesta que producto de actos delincuenciales en el país personas como este joven que lo único que hace es trabajar haya sido víctima”,  expresó el periodista Juan Carlos Sierra.

Mirada internacional

Según la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos.

El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años.

Entre los grupos más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas, campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).

La destacada activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada el 03 de marzo del 2016; la policía no había investigado amenazas previas contra su vida.

La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz.

Enel 2015, el gobierno promulgó la Ley de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que creó un Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos (CNPDDH), integrado por 14 miembros, en su mayoría del Estado hondureño,  así como un Mecanismo  de Protección, liderado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización