La grave situación de la libertad de expresión en Honduras es el punto de partida para que los ojos internacionales estén puestos en el país que es uno de los más mortíferos para ejercer la profesión y ocupa la vergonzosa posición 140 de acuerdo a la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2017 de RSF,

Al encuentro llegaron de fuera del país Jamion Knight , representante de la UNESCO y Emmanuel Colombié, Director para América Latina de RSF.

Además de los delegados nacionales  Dagoberto Rodríguez , por el Colegio de Periodistas, CPH y Edy Tábora del Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE.

“Muchas veces cuando hablamos de asesinatos al mismo tiempo los periodistas tienen miedo,  cuando hay miedo hay autocensura, cuando hay autocensura no hay libertad de expresión”, dijo Knight.

La cifra de asesinatos  es alta en la región , y es muy difícil para los periodistas trabajar en este ambiente. Los periodistas no pueden defender la libertad de expresión porque tienen miedo, dijo.

Mientras el presidente del Colegio de Periodistas manifestó que las cifras retratan una espantosa realidad que no se puede ocultar y que debe llamar la atención de la sociedad y del Estado.

informó que el CPH se ha reunido con dos secretarios de seguridad pero las respuestas no han sido claras ni contundentes, sigue imperando una situación de vulnerabilidad que promueve la autocensura en los periodistas para protegerse de los criminales y de los enemigos de la profesión.

Hay un discurso antiprensa y antiperiodistas que puede dar lugar a agresiones porque hay un discurso violento contra los periodistas, argumentó.

Edy Tábora de C-LIBRE lamentó en varias ocasiones que los funcionarios gubernamentales encargados de la protección a los periodistas no se encontraban en el encuentro.

Tábora expresó que hay una  utilización de mecanismos de criminalización a través de los delitos contra el honor  y en el nuevo Código Penal cambia la modalidad de esos delitos cuando se refiere a funcionarios públicos pues el Ministerio Público llevará los juicios contra periodistas.

Enumeró las diversas leyes que se han aprobado y que ponen en precario la libertad de expresión como la Ley de Secretos Oficiales; la reforma al artículo 335-B que promueve la criminalización del ejercicio de la profesión; también la Ley sobre pánico financiero que ya en enero de 2016 se utilizó contra un ciudadano llevándolo detenido. También las figuras del espionaje relacionado con las comunicaciones y la penalización de rumores a través de noticias falsas.

Apuntó que en cuanto a la violencia física contra periodistas en un 50 por ciento son cometidas por agentes estatales .

Las respuestas estatales brillan por su ausencia y la fiscalía ha dicho que no tienen presupuesto para investigar los ataques .

Tábora hizo una grave denuncia en el sentido de afirmar que el Sistema Nacional de Protección le ha negado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras que pueda monitorear los casos acogidos al mecanismo de protección.

Criticó que el presidente de la república estigmatiza el ejercicio periodístico principalmente cuando se trata de periodistas independientes.

Emmanuel Colombié de RSF , refirió que Honduras es uno de los países prioritarios para su organización porque la cifra de asesinatos en altísima , siendo honduras uno de los pa´pises más mortíferos.

En cuanto a la responsabilidad que deben tener los mecanismos de protección de los países  expresó que si no trabajan en identificar los riesgos y los perfiles de periodistas amenazados  la situación de violencia va a continuar.

Es necesario que se creen protocolos de investigación  y además deben haber especialistas para investigar los crímenes contra periodistas. Para Colombié es difícil hacer algo por la libertad de expresión en gobiernos corruptos.

En la etapa de preguntas y respuestas, el periodista Gustavo Palencia denunció que ha sido amenazado solamente por solicitar información sobre los fondos de Previsión de los Periodistas, “Eduin Romero me dijo que estaba investigando periodistas que quieren dañar la imagen de ese instituto que no solo será con expedientes que maneja esa institución sino con los de los órganos de seguridad del Estado.

Posteriormente se pasó al trabajo en mesas con los temas Sensibilización, capacitación, apoyo jurídico investigación , marcos jurídicos  y coordinación para echar a andar el plan de acción para la seguridad de periodistas y contra la impunidad que tendrá el apoyo de la UNESCO, que estaría en marcha en el 2018.

En los grupos de trabajo salió a relucir que la Ley de Protección debe ser reformada  porque no es participativa el estado se abroga la mayor representatividad y por lo tanto no se pueden tomar decisiones de forma equitativa porque se usa la aplanadora para hacerlo.

Lo que implica es que debe haber democratización del Consejo de Protección.

Otra de las cosas es que deben removerse los obstáculos jurídicos para fortalecer la libertad de expresión y acceso a la información.