La solicitud de información ante el IAIP se presentó el pasado 12 de abril de 2018, ante la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fue registrada bajo el código SOL-SDD-88-2018, la cual deberá responder la Oficial de Información de la Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional, Keylin Yuliza Naira Reyes,a más tardar el 26 de abril de 2018, cuando se vence el plazo de 10 días hábiles que señala la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según el Diario The Guardian del país europeo, el 08 de febrero de este año, Honduras adquirió el equipo sofisticado para el espionaje, previo al proceso electoral, celebrado en noviembre de 2017.
El equipo para interceptar telecomunicaciones fue adquirido por Honduras en unas 300 mil Libras Esterlinas (400 mil dólares), equivalentes a 9,2 millones de lempiras.
El equipo de alta tecnología tiene la capacidad de interceptar, monitorear y hasta rastrear las telecomunicaciones en las redes sociales que utilizan las personas y organizaciones, tales como el correo electrónico, Whtasapp, Facebook, Instagram y las llamadas desde los teléfonos móviles.
De acuerdo al diario Inglés, el equipo puede ser utilizado por las agencias de policía de investigación que llevan los registros de secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el país.
Demanda
Recientemente, Organizaciones de Derechos Humanos del Reino Unido y de Honduras, demandaron al Secretario para el Comercio Exterior del Reino Unido, Liam Fox, para que cesen las exportaciones de software de intercepción en las comunicaciones a Honduras, después de su compra, por la represeión interna que se presentó después del proceso electoral de noviembre de 2017, que dejó 23 muertos, centenares de heridos, encarcelados y perseguidos, lo cual es fuertemente criticado e inaceptado a nivel nacional e internacional.
Las organizaciones firmantes señalaron que “en los últimos meses el gobierno del Reino Unido ha pedido repetidamente a Honduras para que priorice el respeto por los derechos humanos, resaltando en particular la libertad de expresión y la libertad de la protesta pacífica”.
Los demandantes argumentaron que el equipo pudo haber sido utilizado en “la vigilancia ilegal de los miembros de COPINH y Berta Cáceres previo a su asesinato no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón de represión por parte del Estado hondureño”.
La demanda fue interpuesta por unas 23 organizaciones y fue enviada al funcionario del comercio exterior del Reino Unido el 03 de abril de este año, en donde se argumenta que, “existen razones para creer que los equipamientos para la interceptación de las telecomunicaciones serán usados para la represión interna”.
Las organizaciones de derechos humanos urgieron al Reino Unido que no se otorguen más licencias de exportación de equipo de espionaje para el gobierno hondureño que pueda ser utilizado para la represión interna.
