El informe del CONADEH señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del organismo de derechos humanos, registró en el 2017, unos 688 casos de personas y sus familias en situación de riesgo o desplazamiento interno y de ellos el 2.2% son casos de periodistas y de comunicadores sociales.

En un informe detallado presentado al Congreso Nacional,(CN), por parte del CONADEH se estableció que al menos 5 periodistas o comunicadores sociales fueron obligados a abandonar sus hogares por temor a perder sus vidas y la de sus familias y unos 10 se vieron forzados a solicitar ayuda para salir al interior , fuera del mismo o en busca de protección.

Las autoridades del CONADEH mostraron su preocupación ya que las medidas a través del Mecanismo de Protección para Periodistas y Comunicadores no son suficientes, efectivas o adecuadas para brindarles seguridad y justicia a las víctimas y sus familiares, señaló el informe.

Las denuncias según el CONADEH no les permiten a los periodistas y comunicadores, “ejercer el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores”.

El Ombusman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, destaca en su informe que “ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión”.

“Estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares”, dijo Herrera Cáceres.

Aunque el Ombusman hondureño no culpa directamente a los órganos represivos del Estado como la policía y el ejército hondureño, indicó que los hechos se dieron “en el marco de la crisis postelectoral”, donde la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.

“Esta situación ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares”, agregó.

Otro elemento que aporta el informe del CONADEH es que “los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales”.

Para Herrera Cáceres, “todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad”, donde los órganos del Estado protegen a los culpables de las agresiones y amenazas contra los periodistas y comunicadores sociales.

“Las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, exigió.

“La falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país”, sentenció el Ombusman hondureño.

“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”, concluyó.

El Ombudsman lanzó su voz de alerta ante desplazamiento forzado de periodistas e hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales hondureños.

Ejercicio de la libertad de expresión y de información

El CONADEH también en su informe anual señaló que “En el 2017, el ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado por más de sesenta hechos violatorios a la libertad de expresión y de información, los cuales van desde amenazas, agresiones, atentados y desplazamientos forzados, hasta la muerte”.

En el mismo se informó que “recibió denuncias de algunos periodistas y comunicadores sociales a quienes se les atendió y tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mientras otros fueron objeto de amenazas y agresiones por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes el CONADEH gestionó protección o acompañó al Mecanismo de Protección”.

Destaca que, “en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social y se denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que mientras la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad, la violencia contra los periodistas crece en forma notable”.

Muerte violenta de personas ligadas a medios de comunicación

El informe del CONADEH indicó que “la muerte de personas ligadas a medios de comunicación, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, es una forma de extrema violencia. En el 2017, se registró la muerte de siete personas ligadas a medios de comunicación, en circunstancias violentas e impunes”.

Los hechos de muertes de periodistas se registraron en cuatro departamentos del país, 3 en Cortés, 2 en Copán, 1 en Atlántida y 1 en Yoro. De las 7 víctimas, 6 laboraban en televisión y 1 en radio, todas fallecidas por armas de fuego.

“La impunidad es una de las principales causas para que se continúe la violencia en contra de periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a los medios de comunicación. Además, es un obstáculo fundamental para la prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas”, CONADEH, finalizó.