El 13 de diciembre de año 2011, se realizó una protesta pacífica por parte de mujeres periodistas que demandaban justicia por el asesinato de su colega Luz Marina Paz Villalobos, asesinada en esa temporada sin que los culpables hayan sido llevados a juicio.
Posteriormente el 21 de diciembre de ese mismo año, unas 13 periodistas mujeres presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, quien blindó la información aduciendo seguridad nacional y ocultando la identidad de los violadores y escudándose bajo la Ley de Secretos Oficiales.
Sin embargo las autoridades de la Fiscalía de los Derechos Humanos indicaron a través de la Dirección de Comunicaciones que las investigaciones ya concluyeron y que próximamente se estarán presentando los respectivos requerimientos fiscales, pero que no pueden dar una fecha precisa de cuándo serán presentados.
Explicación del MP
La sub directora de la Dirección de Comunicación Institucional, Lorena Cálix, informó que la Fiscal Especial de los Derechos Humanos, Soraya Morales, atendió personalmente a las ofendidas, luego de un plantón que realizaron el pasado 24 de mayo del 2018 en las instalaciones del Ministerio Público.
“En su momento tuvieron ellas la oportunidad de grabar lo que en el desarrollo de la diligencia el Ministerio Público se estaba realizando, lo cual supone una apertura absoluta del conocimiento de los hechos y de las diligencias que se practican en el expediente”, dijo Cálix.
“También ha dicho la abogada Soraya Morales que se trata de un expediente de una investigación que está muy avanzada, ya incluso para tomar decisiones en sede administrativa fiscal”, destacó.
Sobre el atraso en las acciones del MP, luego de varios años de investigación, ya que los hechos se sucitaron en el 2011, la encargada de la comunicación institucional informó que “hablar de una acción concreta, imagínese, se está refiriendo a un requerimiento fiscal, pero en el devenir de la investigación pueden haber muchísimas circunstancias que pueden resultar en una compleja investigación”.
Agregó que “A veces incluso, poder obtener información de testigos o poder obtener otro tipo de diligencias en donde hay señalamientos directos contra personas que en representación del Estado y de la autoridad, han ejercido supuestamente un delito, no es tan fácil documentarlo como parece”, dijo Cálix.
La vocera del MP citó que “en otros casos pasa que los propios ofendidos tienen cierto temor a colaborar en el proceso de la investigación, lo cual pienso yo que es hasta comprensible considerando que muchas veces se tiene o no se tiene credibilidad en el sistema de justicia o se piensa finalmente que no se va a accionar en la denuncia que se ha interpuesto”.
Cálix descartó que lo mismo esté pasado en este caso ya que las mismas testigos son también ofendidas y en su momento han declarado lo sucedido ante las autoridades del Ministerio Público.
“Yo en todo caso, me estoy refiriendo a que una investigación puede variar en realación a otra, tanto en función del tiempo o en función de muchos aspectos, como pueda ser que se pueda resolver en un término de 48 horas una investigación, también puede pasar mucho tiempo, antes de que podamos individualizar conductas específicas o señalar con el dedo a personas responsables y directas del delito que se ha denunciado”, afirmó Cálix quien justificó la negligencia del Ministerio Público.
A su juicio no se puede confirmar que los agresores eran miembros de la Guardia de Honor Presidencial precisamente porque no tiene a la vista el expediente, pero “imagino que los fiscales que han orientado la investigación sí tienen idea de quiénes habrían sido y si la tienen, lógicamente tendrán que o cerrar el expediente o realizar las acciones”, destacó.
Cálix reiteró que “el espediente está bastante avanzado y que no está en secretividad”.
Sobre las acciones que deberán seguir las periodistas ofendidas, detalló que “deben seguir instando a la autoridad para que se resuelva, ya sea definiendo que no hay delito que perseguir, no hay personas por qué perseguir o definiendo en efecto contra quiénes se van a presentar las acciones”.
Al consultar si la valoración de la Fiscal Especial de los Derechos Humanos es de continuar el caso, Cálix amplió en que “lo que me acaba de referir la fiscal especial, Soraya Morales, es que parece que tienen indicios de responsabilidades contra algunas personas”, finalizó.
