El gobierno sostenido por las armas del Ejército, de la Policía, y Estados Unidos, reprimió las manifestaciones, agredió, persiguió e intimidó, selectivamente a periodistas independientes y de los medios de comunicación con líneas editoriales de oposición.
La situación es tal que en 10 meses hubo 43 incidentes, con resultados funestos para 32 periodistas y comunicadores sociales. A ellos los golpearon, intimidaron, destruyeron sus equipos y se robaron su información, les cerraron fuentes informativas, les dieron seguimiento físico y a través de sus redes sociales y teléfonos celulares.
Los agresores
Aparte de los efectivos del Ejército y de la Policía Nacional, entre los agresores de los periodistas, ASOPODEHU menciona a los presidentes de la República y del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, respectivamente; a personas desconocidas, supuestamente paramilitares y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, entre otras entidades públicas.
Los datos analizados por ASOPODEHU, organismo defensor de los derechos humanos, con cinco años de trabajo en la defensoría del derecho a la libertad de expresión, fueron recopilados mediante entrevistas con periodistas afectados, monitoreo de los medios de comunicación nacional e investigaciones de casos puntuales.
El documento sostiene que de los 43 incidentes violatorios de la libertad de prensa registrados en el periodo 2018, treinta se perpetraron contra periodistas hombres, 12 hacia mujeres y 1 contra la comunidad LGBI.
Asimismo, revela que la zona más afectada fue el departamento de Francisco Morazán con 22 de los 43 casos. Esa cantidad es equivalente al 51.16%, le sigue Choluteca con 7 acontecimientos, Cortés con 4 y en Yoro suman 3.
Los departamentos de Ocotepeque y Colón reportan dos casos cada uno y Olancho, La Paz y Comayagua con uno.
Según los datos, enero con 10 agresiones, fue el de mayor frecuencia de hechos violatorios de la libertad de prensa del 2018. En este mes se produjo la toma de posesión de las autoridades gubernamentales electas en noviembre del 2017, incluida la de Juan Orlando Hernández, al que muchos consideran usurpador de la silla presidencial.
Repetición de hechos
En su análisis ASOPODEHU destaca la selección que hicieron las autoridades para atacar en repetidas ocasiones a algunos periodistas de pensamiento contrario al de los funcionarios del gobierno.
Menciona por ejemplo a Jairo López, un periodista de Choluteca, que no solo fue víctima de la represión selectiva, sino además de detención arbitraria, encarcelamiento y criminalización, persecución en vehículos, campañas de desprestigio por redes sociales e intimidación. En el 2018 contra López se perpetraron 5 violaciones de la libertad de expresión documentadas hasta octubre de ese año.
El problema se da porque Jairo López, ejercía el periodismo en Choluteca, la cuna y lugar de residencia del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Es una ciudad bastante militarizada, pero con una población en lucha permanente. En su labor periodística López cubría las manifestaciones de los pobladores y eso no le gustaba al presidente del Poder Legislativo.
En el 2018 los periodistas CesarOmar Silva y Rony Martínez, empleados del canal UNE Tv de Tegucigalpa, fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía y del ejército en dos ocasiones, Gilda Silvestrucci, corresponsal en Honduras de la cadena de televisión venezolana, TeleSur, también reportó dos agresiones físicas en el mismo periodo.
La CIDH se pronuncia
En agosto del 2018 tras culminar una visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), se mostró preocupada por la extrema complejidad que viven las personas en el uso del derecho a la libertad de expresión.
“La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema”, señala la CIDH en su informe.
Para la CIDH, en la crisis post electoral, el ejército y la policía cometieron agresiones graves contra los periodistas, y sumado a eso también se generó en el país una ola de amenazas, estigmatización y ataques a periodistas en redes sociales.
A eso súmele la falta de voluntad en el Congreso Nacional para derogar los delitos de difamación, injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión. A fecha ya son varios los periodistas y comunicadores sociales procesados en los tribunales de justicia.
Se suman los ataques a 10 periodistas de Tocoa, Colón que fueron atacados por la policía y el ejército cuando daban cobertura a un desalojo violento en la comunidad de Guapinol siempre en ese departamento, ni la vigilancia y amenazas que recibieron en ese contexto solamente por no seguir la agenda informativa de la empresa minera Inversiones Los Pinares, contra la cual luchan los pobladores y pobladoras de ese lugar por la contaminación que sufre su río.
Desplazamiento
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), informó recientemente que 15periodistas y comunicadores sociales, han sido desplazados forzadamente en el país, por las amenazas de muerte que han recibido.
Pero en esa cifra el CONADEH no incluye a Selvin López, su esposa, también periodista y su hija, estudiante de la carrera de periodismo, quienes en febrero pasado abandonaron Honduras para salvaguardar sus vidas, al recibir amenazas de muerte. Tampoco se incluyen a Jairo López y Edgar Andino, desplazados de Choluteca por situaciones similares.
Bartolo Fuentes es otro periodista, desplazado del país que tras ser perseguido y criminalizado por las autoridades hondureñas solo por haberle brindado acompañamiento periodístico a la primera caravana de migrantes que salió huyendo de la miseria y la violencia hacia Estados Unidos.
No cuentan en este año los desplazamientos silenciosos tanto internos como exilio de otros periodistas y comunicadores sociales que prefirieron escaparse en silencio de las garras de la muerte, así como la vigilancia y amenazas recibidas.
